"(...) ¿Qué
es la Unión Europea? ¿Un OPNI? Es decir, un Objeto Político No
Identificado, como decía Delors. ¿Una organización Internacional basada
en Tratados? ¿Un proto-Estado? ¿Una forma de cesarismo burocrático?
A mi
juicio, se trata de un sistema de dominación política
de nuevo cuño, que organiza, administra y disciplina a las clases
económicamente dominantes y asegura la coherencia de sus intereses
generales, garantizado por el Estado alemán.
El ordoliberalismo germano es esto, a saber, creación política del
mercado capitalista, definición de las condiciones
jurídico-institucionales para su correcto funcionamiento. No es un orden
espontáneo, necesita del poder político, de un tipo específico de
intervención estatal. Su enemigo mortal, el Estado Social. ¿Por qué?
Porque genera perspectivas, imaginarios y prácticas que “politizan la
economía”, legitiman su control democrático y justifican una creciente
intervención sobre las “pseudomercancías”, el dinero, la fuerza de
trabajo y la naturaleza.
La democracia entendida como autogobierno, como
poder constituyente, tiende a hacer incompatible capitalismo y
sociedad, incentiva el conflicto de clases y cuestiona el capitalismo en
cada crisis. Es por esto, como vio acertadamente Michal Kalecki, que el
pleno empleo, la “constitución del trabajo” que lo posibilita, acaba
por ser incompatible con el funcionamiento de eso que elípticamente se
llama economía de mercado, que es el capitalismo de los monopolios bajo
la hegemonía de las organizaciones financieras.
La Unión Europea,
más allá y más acá de la lacrimógena ideología europeísta, tiene como
objetivo central desmontar pieza a pieza el Estado social, liquidar las
bases del poder contractual de las clases trabajadores,
constitucionalizar el ordoliberalismo y —lo fundamental— desvincular la
decisión política del Estado-nación, de la democracia como autogobierno
de las poblaciones. En su centro, la hegemonía del Estado alemán.
Es la
gran paradoja: para que esta UE funcione, tiene que anclarse en un
Estado nación que vela escrupulosamente por su soberanía. Alemania tiene
un poder estructural en la UE, ya que fija sus reglas
del juego básicas que los actores tienen que aplicar rigurosamente y que
siempre le beneficia. No es contradictorio, dadas estas reglas, que el
Estado alemán practique una permanente estrategia neomercantil basada en
el dumping laboral y social favoreciendo una separación
creciente entre un centro y una periferia, cada vez más dependiente
económicamente y subalterna políticamente.
Una condición
fundamental para que funcione la UE es que las clases económicamente
dominantes, los grandes poderes económicos, trabajen hombro con hombro
con las directivas de las instituciones europeas y acepten la dirección
de Alemania.
En cada uno de los Estados se ha ido formando una coalición
social, un bloque de poder, que asegura que las políticas que se hacen
no se aparten de las lógicas imperantes en la Unión. Actúa como un
Estado “profundo”. Pedro Sánchez lo entendió perfectamente y situó como
ministra de Economía a Nadia Calviño, persona de confianza de la
tecnocracia europea, punto de contacto con los grandes poderes que la
controlan.
No es casualidad que la ministra Calviño esté, cada vez
más, en el centro de todos los debates. No se sabe muy bien si
representa los intereses de España ante la UE o al revés. Los poderes
están privilegiando su figura, oponiéndola a Pablo Iglesias y, cada vez
más, a Pedro Sánchez. Como siempre, no se equivocan.
El objetivo no es
echar del Gobierno a UP; esto es una maniobra táctica para crear las
condiciones e imponer un tipo de gobierno que sintonice con las
políticas que vienen de la UE. Nadia Calviño es el instrumento y el
medio para conseguir este fin.
Los tan elogiados acuerdos del
Eurogrupo no pueden ocultar la verdad. Alemania gana una vez más. Se
habla de medio billón de euros como si fuera dinero en mano y que nos
tocaría a España una parte sustancial. Se subraya su no condicionalidad y
parecería —a eso le llaman solidaridad— que nos los regalan.
Los 25.000
millones que vendrán del MEDE son finalistas (para las consecuencias
sanitarias del coronavirus); hay que devolverlos y son claramente
insuficientes para la enorme dimensión de la crisis. En la declaración
final se dice con precisión que esto es temporal mientras que dure la
pandemia y después, los estrictos criterios del plan de estabilidad.
A
esta cantidad se le añade 24.000 millones del BEI en avales para las
empresas, y habrá unos 100.000 millones para toda la Unión cuyo criterio
de reparto por país no queda establecido. Un “parto de los montes” que
prefigura, no tardando mucho, a los “hombres de negro”. (...)" (Manolo Monereo, Cuarto Poder, 13/04/20)
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