"Las medidas que se han tomado para hacer frente a la emergencia
sanitaria y la propagación del Covid-19 han supuesto un frenazo
económico sin precedentes.
En consecuencia, las instituciones públicas
han activado planes, mecanismos e instrumentos que, pretendidamente,
quieren detener el choque, reactivar la economía y recuperar la
normalidad pre-pandemia. En este contexto, las grandes empresas están jugando un papel similar al de los bancos durante la crisis financiera de 2008: en un momento de alta incertidumbre se benefician de la política pública y son rescatadas. (...)
El pasado 24 de marzo de 2020, a raíz de los impactos del coronavirus, el BCE habilitóuna
ampliación del programa de compra de bonos soberanos y corporativos con
750.000 millones de euros, llamado Pandemic Emergency Purchase
Programme (PEPP).
Con este movimiento el BCE pretende facilitar aún más el acceso a
crédito para Estados y corporaciones.
De esta ampliación en la compra de
bonos se están beneficiando empresas como Total, Airbus, Shell, Akzo
Nobel, E.ON, OMV, Carrefour o Suez y más de 50 transnacionales. En esta
lista también hay empresas españolas como Repsol, Naturgy, Iberdrola,
CEPSA y Red Eléctrica. Estas son algunas de las corporaciones más
contaminantes del Estado, toda una declaración de intenciones de
responsabilidad ambiental y social del BCE.
¿Cómo y en qué beneficia el PEPP a las grandes empresas?
La misma concepción del PEPP hace que solo esté al alcance de las
grandes empresas. Las emisiones de bonos tienen trámites costosos y solo
se hacen por cantidades que van de los cientos a los miles de millones
de euros. Además, las grandes empresas consiguen financiación barata y a largo plazo en un contexto de extrema dificultad para conseguirlo.
En esta lógica, el papel de las instituciones públicas es poner toda
su credibilidad al servicio de las empresas. Cualquier inversor puede
pensar que comprar deuda de una empresa es seguro porque una entidad
como el BCE lo avala. Este hecho toma aún más relevancia si consideramos
que dentro del PEPP, el BCE por primera vez compra “non financial
comercial paper” es decir, pagarés de empresa a corto plazo (menos de dieciocho meses) porque los inversores estaban dejando de comprarlos. De esta manera el rango de productos de deuda corporativa y su calidad se amplía para favorecer el sector privado. (...)
De todas formas, en tiempos de pandemia, es curioso ver como el BCE ha realizado dos operaciones de compra de bonos a 5 y 10 años a Repsol, una empresa con una caída de su valor en bolsa del 50% desde principios de año. Y más teniendo en cuenta que su producto principal, el petróleo, ha sufrido un descenso histórico y que tiene su sede en un país con unas previsiones económicas catastróficas.
Además, el retorno del importe de los bonos después de diez años
dependerá de la capacidad de recuperación de Repsol. Por lo tanto, se
crea una relación de riesgos compartidos donde el BCE establece una
alianza financiera con el sector fósil y necesita que este funcione para
cobrar los bonos.
¿Cómo y bajo qué criterios se realiza la compra de bonos?
El BCE delega la tarea de escoger las empresas a los bancos centrales
de Alemania, Francia, España, Italia y Bélgica. Los criterios que
emplean son la estabilidad financiera de las empresas y la calidad de la
deuda. El BCE no obliga a los intermediarios bancarios a seleccionar los bonos según criterios sociales, ambientales o climáticos. (...)
¿Cuál es el papel del Banco Europeo de Inversiones?
Con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el banco público de
inversión de la UE, encontramos una operativa similar a la del BCE: todo
parece indicar que jugará un papel importante dentro de los planes de
recuperación de la pandemia. Pero funciona con procesos poco
democráticos, poco transparentes y con falta de criterios ambientales y
sociales.
El BEI ha creado un paquete de emergencia de 40.000 millones
de euros que ya está operativo y un fondo de garantía de 25.000 millones
que debería movilizar capital por valor de 200.000 millones, aunque aún
está pendiente de aprobación.
En principio, los dos mecanismos del BEI de ayuda contra la crisis del
Covid-19 se destinarán a facilitar préstamos, dando garantías y avalando
pequeñas y medianas empresas (PYMES). (...)
Además, existe un riesgo real de que el BEI financie proyectos de
gran escala a empresas contaminantes y apoye privatizaciones. Esta ha
sido su línea de trabajo principal, con proyectos fallidos como el Castor y la mercantilización de servicios públicos como la sanidad, a través del apoyo a las colaboraciones público-privadas (CPP).
¿Estamos realmente rescatando empresas?
El rescate de una empresa del Ibex-35 también significa el rescate de
sus accionistas mayoritarios, en muchos casos bancos y fondos de
inversión, algunos omnipresentes, como el fondo estadounidense
BlackRock. Este fondo es el inversionista mundial más grande en combustibles fósiles, también participa en la industria armamentística y se ha convertido en el nuevo y sorprendente asesor de la Comisión Europea sobre factores ambientales, sociales y de gobernanza en la supervisión bancaria.
Si nos fijamos en Naturgy (antes Gas Natural Fenosa), sus accionistas Criteria Caixa, el fondo de inversión
luxemburgués CVC Capital Partners y el estadounidense Global
Infrastructure Partners (GIP) recibieron dividendos por valor de 869
millones de euros durante 2019. Aquí otro de muchos los problemas: los
dividendos.
Aunque el BCE ha avisado a todas las entidades bajo su
supervisión que obliguen a los bancos a no pagar dividendos
hasta el mes de octubre 2020, esta obligación no se aplica a las
empresas. Por ejemplo, el pasado 25 de marzo, en plena crisis del
Covid-19, Naturgy decidió pagar el tercer dividendo de 2019 a cuenta de
0,593 euros brutos por acción,
sin aprobación de la Junta General de Accionistas, por un total de 583
millones de euros. Por lo tanto, hay un riesgo real de transferencia de
dinero público, destinado a paliar los efectos de la pandemia, a los
bolsillos de los inversores a través del reparto de dividendos. (...)
Por último, otro punto de fuga de dinero público son los paraísos fiscales. Un reciente informe de Intermon Oxfam
concluyó que 805 filiales de las empresas del Ibex-35 “tributaban” en
paraísos fiscales, con el liderazgo del Banco Santander, con 207, ACS
con 109 y, en tercer lugar, la petrolera REPSOL, con 81. El mismo
informe apunta que desde 2004 el impuesto de sociedad recauda un 11%
menos pero los dividendos han aumentado en un 83%.
Hacia una gestión democrática, transparente y justa de la crisis
La experiencia de la gestión de la crisis de 2008 aún está muy
presente. Desgraciadamente, el camino emprendido por las instituciones
públicas en 2020 es muy similar. Para garantizar una gestión democrática
de esta crisis se debe exigir que los movimientos de dinero público
puedan ser escrutados por la ciudadanía para que se pueda discutir hacia
dónde se encaminan las ayudas. La falta de información y criterios
sociales y ambientales, son una mala señal del papel que deben jugar las
instituciones. (...)
No se pueden rescatar beneficios. Igual ocurre con las empresas con
filiales en los paraísos fiscales. El dinero público no puede ir a parar
a las empresas que evaden impuestos."
(Nicola Scherer
,
Alfons Pérez, CADTM, 14/05/20; fuente: El Crític)
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