"(...) Sin cerrar la vía de la deuda (y del déficit),
que obviamente hay que utilizar, hay dos alternativas que, en mi opinión, deben
ser consideradas y puestas en el centro de la acción política.
La primera
consiste en que el BCE actúe en coherencia con la situación de emergencia que
vivimos; con la misma filosofía que ha obligado a la Comisión Europea a
reconocer que los objetivos presupuestarios impuestos a los gobiernos deben ser
dejados de lado (a pesar de haber sido recogidos en los tratados comunitarios y
en las constituciones de un buen número de países).
Con este mismo criterio de
excepcionalidad, el BCE debería comprar deuda pública en el mercado primario,
adquirirla directamente de los gobiernos -esto es, monetizarla-, incorporarla a
su balance y convertirla en deuda perpetua a tipo de interés cero. La
financiación aportada de esta manera no supondría un aumento de la deuda
pública, por lo que el margen de maniobra de los Estados, ahora y en el futuro,
mejoraría de manera sustancial.
La segunda de las alternativas pasa por exigir un
esfuerzo mayor a los que más tienen.
La concentración de la renta y la riqueza
han aumentado en las últimas décadas y también en los años de crisis, y, en
paralelo, han avanzado la precariedad y la pobreza; además, la crisis económica
y social asociada a la pandemia está impactando de manera muy diferente a la
ciudadanía dependiendo de su estatus y de la clase social a la que pertenece.
Por todo ello, la lucha contra la desigualdad, clave de bóveda de una política
de cambio en beneficio de las clases populares, es ahora más necesaria que
nunca: los que más tienen deben contribuir en mayor medida a enfrentar esta
situación crítica.
Situada la acción política en estas coordenadas,
se podría implantar un impuesto especial sobre los grandes patrimonios y
fortunas, así como sobre los bienes de la iglesia no dedicados al culto, grabar
las transacciones financieras transnacionales con un perfil más especulativo,
limitar las retribuciones de los principales ejecutivos de las corporaciones y
los dividendos de los grandes accionistas, impugnar la deuda pública ilegal e
ilegitima -sobornos, sobrecostes, incumplimiento de contratos…-, aplicar un
impuesto sobre las transacciones digitales y cobrar la deuda contraída por los
bancos a cuenta de los rescates realizados con erario público de los que se han
beneficiado.
Algunas de estas medidas se podrían implantar a
escala europea, mientras que otras corresponderían al ámbito de actuación de
los gobiernos. Su denominador común es la necesidad de repartir de manera
equitativa los costes de la crisis, ampliando la capacidad recaudatoria de los
Estados, introduciendo más progresividad en un sistema tributario francamente
regresivo y reduciendo la presión sobre los niveles de déficit y deuda
públicos. (...)" (Fernando Luengo, Público, 08/04/20)
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