"El primer trimestre de 2020 ha dejado tras de sí los peores datos de desahucios en cinco años: los lanzamientos hipotecarios de vivienda habitual han crecido un 9,3% solo hasta marzo después de un lustro de caídas, según el Instituto Nacional de Estadística. Una cifra que las organizaciones que defienden el derecho a la vivienda estiman que puede multiplicarse por los efectos de la crisis económica provocada por el covid-19.
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) señalan que la suspensión de desahucios de seis meses para familias afectadas por el covid-19 anunciada por el Gobierno no basta para hacer frente a la crisis habitacional. Esta suspensión, precisan, “solo afecta a algunos desahucios en los cuales se acredite antes los juzgados vulnerabilidad producida por el covid-19”, según la definición del Decreto Ley 11/2020.
El resto de desahucios no estaban paralizados por esta medida, recuerdan desde la PAH, sino por la suspensión de los plazos procesales decretada el 14 de marzo. Con la reanudación de los trámites judiciales, el pasado 4 de junio, miles de familias vulnerables han vuelto a quedar expuestas a perder su hogar. (...)
Tampoco la moratoria de los desahucios hasta 2024 aprobada el 11 de marzo por el Gobierno, una decisión adoptada unas semanas después de una reunión de Pablo Iglesias con representantes de la PAH, servirá para todos los casos. En esta ampliación de la moratoria decretada por el PP en 2012, el Gobierno incluyó la prohibición de desahucios por impago del alquiler en zonas de mercado tensionada y en casos relacionados con fondos buitres y grandes tenedores.
Pese a que la PAH calificó esta iniciativa como una “enorme victoria”, reconocen que hay que seguir presionando para que la moratoria se aplique también a las personas que se ven obligadas a ocupar viviendas de la banca o fondos buitre “ante la falta de alternativas” y para que “no solo se incluyan a las familias más pobres sino que se reconozca el problema generalizado de aumento de precios y las nulas opciones públicas de alquiler”, según declaraciones de PAH Vallekas.
Mientras tanto, la crisis del covid-19 ha supuesto hasta ahora una reducción de ingresos para el 49% de la población española, según una encuesta del Eurofound, una situación que se ha traducido en que uno de cada diez españoles tiene serias dificultades para afrontar la cuota de la hipoteca o el pago del alquiler. Una precariedad económica creciente que puede volver a disparar el número de desahucios, que ya han superado el millón en la última década, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
(...) la PAH denuncia que el derecho a la vivienda que recoge el artículo 47 de la Constitución “sigue fuera del alcance de miles de familias, porque sus rentas, las de los que las tienen, no se lo permiten, y muchísimas más ven en serio peligro su permanencia en las que están ahora residiendo, una vez que caduquen los seis meses de suspensión para los desahucios”.
La dimensión de la crisis, la herencia de un mercado que expulsa a las familias más vulnerables y la falta de alternativa habitacional adecuada hacen que el “escudo social” del Gobierno sea “insuficiente”, denunciaba Morote ante el grupo de trabajo Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso.
“No es suficiente y además es terriblemente injusto proteger únicamente a quienes han caído en vulnerabilidad como consecuencia del covid‐19, y dejar fuera de la protección a los que ya eran vulnerables antes del covid‐19, ya que la pandemia ha empeorado necesariamente su situación anterior”, proseguía Morote. (...)" (Martín Cúneo, El Salto, 09/06/20)
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) señalan que la suspensión de desahucios de seis meses para familias afectadas por el covid-19 anunciada por el Gobierno no basta para hacer frente a la crisis habitacional. Esta suspensión, precisan, “solo afecta a algunos desahucios en los cuales se acredite antes los juzgados vulnerabilidad producida por el covid-19”, según la definición del Decreto Ley 11/2020.
El resto de desahucios no estaban paralizados por esta medida, recuerdan desde la PAH, sino por la suspensión de los plazos procesales decretada el 14 de marzo. Con la reanudación de los trámites judiciales, el pasado 4 de junio, miles de familias vulnerables han vuelto a quedar expuestas a perder su hogar. (...)
Tampoco la moratoria de los desahucios hasta 2024 aprobada el 11 de marzo por el Gobierno, una decisión adoptada unas semanas después de una reunión de Pablo Iglesias con representantes de la PAH, servirá para todos los casos. En esta ampliación de la moratoria decretada por el PP en 2012, el Gobierno incluyó la prohibición de desahucios por impago del alquiler en zonas de mercado tensionada y en casos relacionados con fondos buitres y grandes tenedores.
Pese a que la PAH calificó esta iniciativa como una “enorme victoria”, reconocen que hay que seguir presionando para que la moratoria se aplique también a las personas que se ven obligadas a ocupar viviendas de la banca o fondos buitre “ante la falta de alternativas” y para que “no solo se incluyan a las familias más pobres sino que se reconozca el problema generalizado de aumento de precios y las nulas opciones públicas de alquiler”, según declaraciones de PAH Vallekas.
Mientras tanto, la crisis del covid-19 ha supuesto hasta ahora una reducción de ingresos para el 49% de la población española, según una encuesta del Eurofound, una situación que se ha traducido en que uno de cada diez españoles tiene serias dificultades para afrontar la cuota de la hipoteca o el pago del alquiler. Una precariedad económica creciente que puede volver a disparar el número de desahucios, que ya han superado el millón en la última década, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
(...) la PAH denuncia que el derecho a la vivienda que recoge el artículo 47 de la Constitución “sigue fuera del alcance de miles de familias, porque sus rentas, las de los que las tienen, no se lo permiten, y muchísimas más ven en serio peligro su permanencia en las que están ahora residiendo, una vez que caduquen los seis meses de suspensión para los desahucios”.
La dimensión de la crisis, la herencia de un mercado que expulsa a las familias más vulnerables y la falta de alternativa habitacional adecuada hacen que el “escudo social” del Gobierno sea “insuficiente”, denunciaba Morote ante el grupo de trabajo Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso.
“No es suficiente y además es terriblemente injusto proteger únicamente a quienes han caído en vulnerabilidad como consecuencia del covid‐19, y dejar fuera de la protección a los que ya eran vulnerables antes del covid‐19, ya que la pandemia ha empeorado necesariamente su situación anterior”, proseguía Morote. (...)" (Martín Cúneo, El Salto, 09/06/20)
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