"Agosto avanza y, a pesar de las súplicas del personal docente, la
“vuelta al cole” es todavía una incógnita en la mayoría de comunidades
autónomas. La imposibilidad de adaptar las aulas a un escenario
epidemiológico que empeora por momentos ha hecho que los equipos
directivos y los profesores quieran blindarse en caso de que autoridades
educativas o padres traten de achacarles los posibles brotes de
coronavirus.
Los únicos que han conseguido algo al respecto son los centros de Andalucía, donde la Junta ha eximido por escrito a directores y maestros
de cualquier responsabilidad asociada a los contagios. "En primer
lugar, habría que determinar dónde se contagió la persona en cuestión,
lo que sería muy difícil y a lo que habría que añadir que el riesgo
cero, como señalan las autoridades, no existe”, expresa el comunicado.
Este papel, no obstante, carece de validez legal y no es una orden ni un
decreto ni unas instrucciones dirigidas a los centros educativos, que
sigue siendo la gran tarea pendiente de las consejerías de Educación.
Es un gesto, más simbólico que otra cosa, que el profesorado
podrá usar como primer escudo ante posibles denuncias. El supuesto legal
abarcaría desde una complicación derivada de la enfermedad, un rebrote
descontrolado o un accidente producido en el centro, cosa que los
sindicatos no descartan ya que dicho papel no garantiza una
“presencialidad segura”, como piden desde hace meses las asociaciones de
padres, madres y docentes.
Para CC OO, esta victoria es solo un parche para “una vuelta al
cole caótica”, como ellos mismos la definen. Critican que las
consejerías hayan depositado en los equipos directivos "unas
competencias que no tienen y para las que no han sido formados” y que
las negociaciones con las autonomías hayan alumbrado "unos planes de
contingencia deficientes” para no tener que reducir el ratio de alumnos
ni ampliar las plantillas de profesores.
De momento, las principales medidas de seguridad en los colegios
serán calzarse bien la mascarilla, que no haya más de 30 o 35
estudiantes por cada 50 metros cuadrados -número que ha ido in crescendo
desde marzo- y nombrar a un responsable COVID-19 entre los profesores
que establezca un protocolo sanitario en los centros y preste atención a
síntomas compatibles con la enfermedad. Y, según los docentes, nada de
esto garantiza un regreso a las aulas seguro para ellos ni para los
alumnos.
Hace unas semanas aún no sonaban los tambores de huelga, pero
eso ha cambiado al menos en la Comunidad de Madrid, donde los docentes
han anunciado movilizaciones a finales de mes e incluso paros si no garantizan la seguridad en las aulas. En Sevilla, anteriormente a la carta de la Junta de Andalucía, dimitió el primer equipo directivo de un centro en bloque
como medida de presión. Señales de que la negociación con la mayoría de
las comunidades autónomas está siendo tan infructuosa como el plan para
frenar el coronavirus en las clases.
“Ya sabemos lo que va a pasar: a medida que aumenta el contacto
comunitario van aumentar los contagios y, si no se ataja, uno de los
grandes focos van a ser los colegios”, critica Paco García, portavoz de
Educación de CC OO. La perspectiva real de una segunda ola de
coronavirus está minando la moral de los docentes, que temen ser quienes
paguen el pato por la dejadez institucional. “Existe inseguridad
jurídica hacia algunos consejeros que se laven las manos y dejen toda la
responsabilidad en manos de los centros”, admite García.
Desde CC OO han promovido un escrito para que los centros lo
firmen y lo remitan a la consejería correspondiente, de forma que les
liberen de responsabilidades como ha ocurrido en Andalucía. “Aún así,
saben que nuestros servicios jurídicos están a su disposición”, repite
el portavoz.
Aunque no creen que vaya a ser lo habitual, en la Confederación
de Sindicatos de Educación (STEs) reconocen estar “al albur de que
alguien ponga una denuncia” ya que “las familias tienen derecho a exigir
responsabilidades y a tomar medidas si nadie las asume”.
José Ramón
Merino, su delegado, reconoce que el debate jurídico ha quedado en un
segundo plano por la evidente prioridad sanitaria, pero que también es
un asunto que preocupa a los profesionales: “La responsabilidad civil es
compleja y existen algunas sentencias al respecto, aunque son puntuales
y como mucho alcanzan la figura del director”, explica Merino. Sin
embargo, la casuística del virus es nueva y como tal abre posibilidades
igualmente inexploradas.
“La responsabilidad de cumplir con los protocolos y las medidas
de seguridad corresponde a los titulares de los centros, y esa
titularidad en el caso de los públicos es de las consejerías”, dice
Sonia García en nombre del ANPE. “Otra cosa es que haya un
incumplimiento por parte de un profesor concreto o de un equipo
directivo que pueda acarrear consecuencias penales en lo relativo al
COVID-19”, abunda.
A pesar de tener la teoría, reconoce que es mucho más
fácil averiguar “si un niño se rompe un brazo por negligencia del
adulto que si se contagia de coronavirus”. Por eso, entiende que lo que
han pedido los docentes andaluces producirá “un efecto eco” que debería
alcanzar al resto de autonomías para aligerar este peso que cargan los
colegios sobre sus hombros.(...)" (Mónica Zas, eldiario.es, 09/08/20)
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