"La Comunidad de Madrid continúa trabajando sobre la marcha en su
estrategia contra la COVID-19. Este viernes el Gobierno de Isabel Díaz
Ayuso ha adjudicado por un procedimiento de emergencia, lo que supone
una adjudicación a dedo, un contrato para realizar labores de rastreo.
La licitación la ha conseguido la empresa Quirón prevención SL por un
importe de 194.223 euros, según figura en el portal de contratación pública autonómico.
La duración del contrato se extenderá durante tres meses y el equipo de
trabajo estará formado por veinte auxiliares de enfermería y dos
médicos, que se dividirán en dos turnos, mañana y tarde de lunes a
viernes.
Elena Andradas, la directora general de salud pública, firmó la
resolución este viernes 7 agosto a las cuatro de la tarde. De esta
forma, la Comunidad saldó una semana de polémicas tras pedir rastreadores voluntarios
en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y de que la
propia Andradas reconociese en una respuesta emitida a través del portal
de transparencia que se habían encontrado dificultades para "cubrir los puestos ofertados" entre
médicos y enfermeras, por eso habían optado a ampliar la búsqueda entre
profesionales del "ámbito de la biología y la educación social". (...)
El sindicato Comisiones Obreras ha criticado la privatización de
este servicio. La secretaria general de CCOO Sanidad Madrid, Rosa
Cuadrado, ha destacado que “una vez más se demuestra que el único
objetivo que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid es adjudicar
contratos con total oscurantismo". Cuadrado también ha lamentado que
para esta labor el Gobierno regional no haya recurrido a "recursos
públicos".
Según consta en la resolución de adjudicación, los trabajadores
de Quirón recibirán una formación por parte del personal de la Dirección
General de Salud Pública, a partir de ahí las labores de rastreo se
realizarán en la instalaciones de la empresa adjudicataria. Entre la
plantilla subcontratada existirá un "supervisor medico designado por la
entidad adjudicataria que gestionará y supervisará el trabajo a
realizar", este profesional interlocutará con un trabajador designado
por la Consejería de Sanidad que tendrá que estar al tanto de “cualquier
incidencia que ocurra durante la jornada de trabajo”. Diariamente, los
sanitarios que trabaje amparada bajo este contrato deberá realizar “al
menos” entre 190 y 220 encuestas.
Expertos en salud pública llevan semanas advirtiendo de que la
Comunidad de Madrid no cuenta con una estructura conveniente para las
labores de rastreos. Esta función es fundamental para contener la
expansión de la pandemia, ya que permite realizar un seguimiento del
virus identificando a las personas que han estado en contacto con
personas que han dado positivo. Su labor gana más relevancia en Madrid,
teniendo en cuenta que según los últimos datos publicados por el
Ministerio de Sanidad, los contagios se han multiplicado por más de catorce en el último mes en la región, pasando de 285 detectados durante la semana del 15 de julio a 4.147 en la del 7 de agosto.
A finales de julio, el Gobierno autonómico reveló que su red de
rastreadores contaba con 182 profesionales, lejos de los 400 que
comprometieron en mayo. Al detectar un repunte de la pandemia, el
Gobierno autonómico aseguró que duplicaría esa cifra en la primera
semana de agosto. Los últimos datos aportados por la Consejería de
Sanidad plantean que "la Comunidad de Madrid cuenta con más de 400 rastreadores". Un dato muy reducido para las sociedades madrileñas de Salud Pública y Medicina Comunitaria, que insistían en un comunicado emitido el 26 de julio en que en "una población como la de Madrid harían falta entre 800 y 1200 personas para esta tarea".
Estos colectivos también alertaban de que "esperar a que haya un repunte
importante de casos para contratar más personal no es una opción
válida, porque supone actuar cuando la transmisión comunitaria ya es
importante, lo que impide contener los brotes sin recurrir a otras
medidas más duras, que tienen un gran impacto social y económico, como
ya se ha demostrado en los rebrotes de otras comunidades autónomas". " (Laura Galaup, eldiario.es, 10/08/20)
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