"El fraude fiscal por el que está acusado Alberto González Amador tuvo su origen en comisiones de dos millones de euros que la pareja de la presidenta de Madrid cobró por mediar en la compraventa de material sanitario durante los peores meses de la pandemia. La ingeniería contable que utilizó para ahorrarse los impuestos de esas operaciones ha derivado en la denuncia presentada por la Fiscalía en el juzgado a partir de un informe de la Agencia Tributaria. El fraude estimado por Hacienda suma 350.951 euros y fue cometido en los años 2021 y 2022 cuando Alberto González Amador presentó las declaraciones de sus empresas sobre el impuesto de Sociedades. El comisionista está acusado de dos delitos de fraude fiscal y un tercero por falsedad documental.
Todo está escrito en la contabilidad que la firma Maxwell Cremona SL, propiedad al 100% de Alberto González, remitió a la Agencia Tributaria, que concluyó en la denuncia: de los 2,33 millones de euros que facturó en 2020 la principal empresa de González Amador, Maxwell Cremona, casi el 85%, 1.973.000 euros, procedieron, según explicó el empresario a Hacienda, de una única operación: un contrato por “intermediar” para la empresa española FCS en la compraventa de productos sanitarios, como guantes y mascarillas para la protección frente al coronavirus.
La Agencia Tributaria, en un prolijo informe de 200 folios fruto de una investigación que se ha extendido a lo largo de dos años, llama la atención sobre el secretismo del contrato aportado por González Amador, según el cual pactó ejercer como comisionista de FCS el 25 de enero de 2020, muchas semanas antes de que se desatase la crisis del coronavirus en España. La Inspección de Hacienda describe a la firma de la pareja de Díaz Ayuso como “un mero intermediario que se limitará a poner en contacto las dos partes que vayan a formalizar la compraventa de los productos” y destaca que “en ningún caso aparecerá ni como comprador ni como vendedor ni como parte del acuerdo”.
Fruto de ese acuerdo, supuestamente sellado en enero, el 5 de mayo de 2020 consta en el capítulo de ingresos de su empresa 834.320 euros bajo el concepto “comercialización de clientes” y la misma referencia figura el 5 de agosto de ese ejercicio para justificar otros 1.138.680 euros. El pagador de esa factura es la empresa que más material vendió a las administraciones públicas durante la crisis del coronavirus, FCS Select Products SL. Esta sociedad se dedicaba al marketing de bebidas alcohólicas hasta que encontró un nicho de mercado más rentable en plena crisis del coronavirus. Una de sus socias había sido condenada por estafa inmobiliaria.
Entregas en momentos críticos de la pandemia
Según figura en la contabilidad aportada a Hacienda, FCS Select Products pagó a la empresa de la pareja de la presidenta de Madrid 1.973.000 euros en dos comisiones por venderle a la firma gallega Mape Asesores material sanitario por 42 millones de euros. Las entregas de guantes y mascarillas se produjeron en dos momentos críticos de la pandemia: los meses de mayo y agosto de 2020. Mape, la compradora del material, es otra empresa que también surtió de guantes y mascarillas a diferentes administraciones públicas. Entre sus clientes está la propia Comunidad de Madrid, que le ha adjudicado decenas de pequeños contratos en los últimos años.
El procedimiento para sellar la venta de mascarillas y guantes entre una empresa catalana y una gallega precisó, según la documentación aportada a la Agencia Tributaria, de un viaje a Nueva York de Alberto González Amador dos meses antes de que se decretase el estado de alarma en España, y de la actuación de varios intermediarios.
Se trata de otro detalle llamativo en estas negociaciones: que una empresa catalana para vender material a otra de Pontevedra tuviese que recurrir a Alberto González como comisionista y además se metiese por el medio una compañía radicada en Florida llamada IHD Inteconn.
El relato que hizo la pareja de Díaz Ayuso a Hacienda sobre el trabajo que llevó a cabo para cobrar esos dos millones de euros a cambio de lograr clientes para FCS es el siguiente: “Consistió en una intermediación para conectar a FCS con IHD Inteconn”, una firma radicada en Florida (Estados Unidos) “para llegar a Mape, potencial cliente final para FCS. Las actuaciones de promoción son conversaciones (videoconferencias, reuniones) mantenidas con las partes para proponer un negocio entre una empresa, FCS, que dispone de un mercancía que se estima será demandada en el muy corto plazo y MAPE, empresa consumidora de dicha mercancía. Tras múltiples conversaciones previas, finalmente el responsable de Maxwell [la pareja de Ayuso] mantiene una reunión presencial con Inteconn en New York los días 23 y 24 de enero de 2020, cerrando finalmente el acuerdo el 25 de enero de 2020”.
En el documento que supuestamente se firmó en enero de 2020, casi dos meses antes de que se decretase el estado de alarma FCS garantizaba a la pareja de Ayuso un porcentaje del 4,5% de todas las ventas que gestionase. Lo que se tradujo en casi dos millones de euros por dos operaciones en las que FCS, el proveedor catalán vendió a la firma gallega material por 42 millones durante 2020, el peor año de la pandemia.
El pagador, FCS Select Product, fue finalmente el proveedor que más material vendió al Gobierno de España (con una facturación superior a 250 millones de euros) y el comprador, Mape Asesores, también contrató con distintas administraciones públicas. En la página web de esta última sociedad figuran como clientes además del Gobierno de Madrid, el de Galicia, empresas públicas como la Casa de la Moneda, multinacionales como Inditex o Renault y también el grupo Quirón Salud, para el que lleva varios lustros trabajando la pareja de la presidenta madrileña.
El giro profesional de González Amador
El contrato de la empresa de González Amador con FCS supuso un giro profesional en la vida de la pareja de Díaz Ayuso. Hasta que estalló la crisis del coronavirus, Alberto González venía realizando servicios de consultoría y auditoría de sistemas de Gestión en certificaciones ISO, fundamentalmente, como consultor para el grupo Quirón. Hasta ese momento, esta empresa, propiedad de la multinacional alemana Fresenius (dueño de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid), era el “principal cliente” de la empresa del novio de Ayuso, según la denuncia de la Fiscalía.
Un portavoz de Quirón explicó, a preguntas de elDiario.es, que “Alberto González Amador lleva trabajando en consultoría y servicios de prevención laboral más de 25 años con distintas mutuas y clientes”. “Se incorporó como consultor externo en FRATER Prevención en 2003”. Y cuando en 2015 esta mutua fue adquirida por QuirónPrevención, “que no QuironSalud, otra empresa distinta a la gestora hospitalaria”, González Amador asumió “este y otros servicios”.
Esta situación se ha mantenido “hasta la actualidad”, según este portavoz, que subraya que “todas las facturas aceptadas y pagadas siempre van soportadas por servicios prestados y contratos en vigor”. La misma fuente, que niega que Quirón tuviera constancia de la facturación irregular de Alberto González Amador denunciada por la Fiscalía, ha rechazado hacer más comentarios.
El escrito de la Agencia Tributaria que llevó a la Fiscalía a presentar denuncia en el juzgado concluye que tras muchos años facturando a Quirón a través de su firma Maxwell Cremona, la pareja de Ayuso traspasó ese negocio a una segunda firma sin estructura ni trabajadores llamada Masterman and Whitaker. El movimiento llamó la atención de Hacienda que lo consideró otra maniobra de ingeniería financiera de la pareja de la presidenta madrileña puesto que se trataba de una sociedad instrumental incapaz de realizar los trabajos para la empresa de hospitales."
(José Precedo / Antonio M. Vélez / Pedro Águeda , eldiario.es, 12/03/24)
" Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso desde 2021, con quien reside en el centro de Madrid, defraudó a Hacienda 350.951 euros entre 2020 y 2021 valiéndose de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla.
Todo figura en la denuncia que la Fiscalía Provincial de Madrid presentó en el juzgado el pasado 5 de marzo tras recibir un informe de la Agencia Tributaria con las conclusiones de una investigación iniciada dos años antes. En las declaraciones presentadas en 2021 y 2022 Hacienda había detectado movimientos sospechosos de las sociedades de la pareja de la presidenta de Madrid por su enriquecimiento durante la pandemia.
El informe de la Agencia Tributaria atribuye a Alberto González Amador dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades por 155.000 euros en 2020 y de otros 195.951,41 euros el ejercicio siguiente. También le imputa falsedad documental por presentar facturas falsas a través de empresas externas con el objetivo de rebajar los beneficios extraordinarios de sus sociedades.
En total, sus compañías presentaron 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros. Fue el método utilizado para desgravar gastos que nunca se realizaron, reducir los beneficios declarados al fisco y pagar 350.000 euros menos en impuestos durante dos anualidades.
Las sociedades investigadas, ambas 100% propiedad de la pareja de Ayuso, son Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente, que se dedica en realidad a prestar servicios sanitarios, y Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering, una firma sin empleados del sector de cosmética y farmacia, que Alberto González Amador adquirió a finales de 2020 y que, según Hacienda, utilizó para desviar parte de los beneficios millonarios logrados durante la pandemia.
La denuncia de la Fiscalía se dirige además contra otras cuatro personas, acusadas de prestarse a emitir facturas a las empresas de Alberto González Amador. La conclusión de los servicios de inspección es que, de todos los gastos presentados, 1.748.580,63 euros corresponden a encargos simulados y actividades que no se llevaron a cabo. Albaranes de media docena de sociedades, españolas, pero también hay una mexicana y otra de Costa de Marfil que no tuvieron más función que la de servir a la pareja de Isabel Díaz Ayuso para defraudar al fisco.
Entre los acusados de estos delitos figura además un presunto empresario de origen mexicano llamado Maximiliano Eduardo Niederer González, que ejerce como nexo de dos de las compañías que emitieron facturas falsas a las empresas de Alberto González Amador: una de 620.000 euros a nombre de una firma mexicana llamada MKE Manufacturing SA fechada a finales de 2020, y otra por 922.585,63 euros que emite en 2021 la sociedad Gayani Ltd, con sede en Costa de Marfil.
El informe de la Agencia Tributaria concluye que hubo una “intencionalidad querida y buscada por Maxwell Cremona SL [propiedad de la actual pareja de Ayuso] de solicitar y utilizar las dos facturas que claramente son falsas o falseadas con la finalidad concreta de conseguir la pretendida reducción fiscal en los ejercicios en que incrementa de forma significativa los beneficios”.
Cuando fue interrogado por el servicio de inspección de Hacienda, en abril de 2023, Niederer negó en un principio conocer la empresa MKE Manufacturing SA, pese a que en las facturas aparecía su firma y su nombre. También descartó ser su representante y haber firmado ningún contrato con las compañías de Alberto González Amador. Seis días después, el empresario mexicano envió por su cuenta un escrito a Hacienda retractándose: en esa segunda comunicación alegó que había confundido la empresa por la que le preguntaba el inspector y afirmó que sí conocía a MKE Manufacturing, aunque aseguró que si aparece su nombre en algún contrato se debe a un “error involuntario” de la empresa, dado que él sí participó como representante en otros negocios de esa sociedad.
Además, la Fiscalía también denuncia a tres ciudadanos andaluces propietarios de otra media docena de sociedades que según Hacienda también contribuyeron a simular gastos para el entramado societario de la pareja de Ayuso por decenas de miles de euros. Se trata de dos hermanos y un tercer hombre, residentes todos en el municipio sevillano de Arahal.
La investigación comenzó a raíz de las declaraciones presentadas en 2021 y 2022 que reflejaban un incremento exponencial de la facturación de las empresas de la pareja de la presidenta madrileña a partir de 2020, el primer año de la pandemia. Ese ejercicio sus ventas se multiplicaron por más de seis, hasta 2,3 millones, según sus cuentas anuales. Pese a ello, ante Hacienda declaró solo 8.400 euros de beneficio, tras anotarse gastos que no se correspondían con la realidad.
En noviembre de ese ejercicio contabilizó una factura de 620.000 euros a la citada firma mexicana MKE Manufacturing, dedicada a la importación y exportación de alimentos. Factura que luego se intentó deducir pese a tratarse de servicios que, según pudo comprobar Hacienda, no se llevaron a cabo.
Así lo llegó a reconocer el propio Alberto González Amador a la Agencia Tributaria. Cuando ya tenía la inspección abierta, y tras tratar de regularizar su situación con el fisco en julio de 2023, intentó convencer a Hacienda de que esa factura se había anulado. Lo hizo después de que el pasado agosto las autoridades mexicanas confirmaran al fisco español que allí no les constaba ninguna factura emitida por MKE a Maxwell Cremona.
En 2021, la empresa de Alberto González Amador facturó otros 1,3 millones. De ese ejercicio llamó la atención de la Agencia Tributaria la deducción de una factura de más de 900.000 euros emitida en junio de ese año para pagar supuestos encargos realizados por Gayani LTD en Costa de Marfil. La Agencia Tributaria ha concluido que también fueron trabajos simulados que tampoco se prestaron. De nuevo, cuando ya sabía que Hacienda le investigaba, y tras comprobar que los inspectores no admitían sus explicaciones, la pareja de Ayuso intentó convencer a la Agencia Tributaria de que esa factura se había anulado a posteriori.
Además de recurrir a terceros para justificar y deducirse gastos inexistentes para defraudar al fisco, la pareja de la presidenta madrileña también utilizó una empresa pantalla -“mera sociedad interpuesta” la llama la Agencia Tributaria-, que adquirió a finales de 2020. El informe de Hacienda define así el objetivo de esa operación: “Remansar fondos en favor de Alberto González Amador”. El mecanismo utilizado consistió en traspasar a esa empresa, Masterman and Whitaker, un contrato con uno de los clientes habituales al menos desde 2017 de su otra sociedad, a cambio de 600.000 euros (más IVA) en concepto de “Consultoría de Sistemas a clientes”. El problema fue doble según Hacienda: esa segunda firma, sin empleados ni infraestructura, carecía de medios para realizar los trabajos, y además el importe real facturado a ese cliente fue en realidad muy inferior, de 237.320 euros.
A ojos de la Agencia Tributaria, esa cesión “carente de sentido”, fue una “simulación” por la que esa sociedad interpuesta emitió “una factura ficticia”, por un importe estimado, que “no se corresponde con la realidad de la prestación acometida” y “sin que responda a la realidad de los servicios prestados”. El resultado, concluye la inspección de la Agencia Tributaria, es que Alberto González obtuvo una “ventaja fiscal inadmisible” para crear “de forma artificial, unas bases imponibles negativas a compensar en ejercicios futuros”. Haciendo así las cuentas, la nueva empresa se anotó ese año unas pérdidas de más de 222.000 euros. Con esa factura falsa, generó un gasto deducible con el que se apuntó un crédito fiscal a futuro para poder compensarlo con una desgravación fiscal cuando empezase a declarar beneficios.
Para que exista delito fiscal, además de que la cuota defraudada supere los 120.000 euros por ejercicio (como en este caso), es necesario que exista dolo: una voluntad consciente de defraudar a Hacienda que, según la Agencia Tributaria, en el caso de Alberto González Amador es evidente, porque existe engaño u ocultación. También habría falsedad contable, porque las cuentas de Maxwell Cremona no reflejan su verdadera situación financiera, aunque la Fiscalía ha decidido no denunciar por este delito que aparece siempre asociado al fraude fiscal.
Con su investigación cerrada, la Agencia Tributaria remitió el pasado 23 de enero sus conclusiones a la Fiscalía de Madrid para que presentase denuncia en el juzgado, cosa que el ministerio público hizo el pasado 5 de marzo. En ella se pide la imputación de Alberto González Amador y de cada uno de los supuestos empresarios que contribuyeron a la facturación falsa de su sociedad. En el caso de la pareja de la presidenta de Madrid se le acusa de tres delitos, dos de fraude fiscal y un tercero de falsedad documental.
Varios artículos de prensa se hicieron eco en la primavera de 2021 de la relación sentimental entre Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador, aunque sin precisar el momento en que había comenzado la relación. Desde hace meses la pareja convive en un piso del distrito de Chamberí, en el centro de Madrid, según ha podido comprobar elDiario.es. La vivienda, adquirida para el uso de la pareja el 27 de julio de 2022, está a nombre de Alberto González Amador. El piso tiene 183 metros cuadrados y está tasado en 837.893,61 euros, si bien el precio de mercado en la exclusiva zona donde está situado podría disparar su valor. La valoración que el portal Idealista hace de las viviendas en ese mismo edificio llega hasta 1.194.000 euros. Sobre el inmueble pesa una hipoteca de 500.000 euros a nombre del empresario.
Ni Alberto González Amador ni Isabel Díaz Ayuso han respondido a las preguntas planteadas por elDiario.es para elaborar esta información."
(José Precedo / Antonio M. Vélez / Pedro Águeda , eldiario.es, 12/03/24)
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