""Te puedes imaginar... Tengo tensiones altas, problemas de corazón y duermo con una máquina de oxígeno. Y por si fuera poco, el desahucio. A medida que se acerca el día, crece el agobio. La gente, los compañeros de PAH Vallekas, todos se han volcado; me llaman, se preocupan, y eso lo compensa un poco todo. Pero es duro, mucho". Mariano tiene 56 años y lleva desde los tres en la misma casa –"sacados los tres o cuatro que estuve casado", aclara–. El albañil, de baja médica desde hace unos meses, recibe a Público en su piso del barrio de Palomeras (Madrid) tres días antes de afrontar un nuevo intento de desahucio. El segundo en menos de siete meses.
Jueves 19 de diciembre, a las 11.45 horas. Mariano tiene la fecha marcada en el calendario. La comisión judicial se presentará poco antes del mediodía en el número ocho de la calle Malgrat de Mar. Lo sabe porque su abogada de oficio se lo comunicó. La letrada presentó, al menos, dos recursos; todavía sin respuesta. Mariano no sabe donde va a terminar la semana; tampoco si va a tener un techo bajo el que pasar las Navidades.
Los Díez de Rivera Elzaburu son los propietarios del inmueble. La familia pertenece a la alta aristocracia madrileña, tiene al menos cuatro cotos de caza y uno de sus herederos dirige un exclusivo bufete de abogados en una de las cuatro torres de la capital. El pasado de la dinastía tampoco es baladí. A la boda de Alonso Díez de Rivera y Carmen Elzaburu, dueña del piso en el que vive Mariano –y de otros 12–, acudieron Francisco Franco y Cristobal Martínez-Bordiú, yerno del dictador.
"Fabricaron el impago y consiguieron que Mariano no supiera que lo querían echar del piso hasta dos días antes del desahucio"
"Es una familia con propiedades poco líquidas, los cotos de caza no se pueden vender tan fácilmente. En la primera de las demandas, tienen poderes seis Díez de Rivera Elzaburu; no sabemos si son más, pero multiplica la cantidad de descendientes que puede haber... No es fácil entender por qué interponen esta demanda, suponemos que tienen que asegurar unas inversiones para mantener la posición de cada uno de ellos", denuncian desde PAH Vallekas.
Mariano, en cambio, creció en una familia humilde. Sus padres llegaron a la capital en busca de trabajo, como miles de familias durante la transición. Encontraron un piso de renta antigua "relativamente rápido", por mediación de un grupo de monjas. Mariano todavía vive en el mismo bloque, con un alquiler de 17 euros al mes. "Mi padre falleció y mi madre está en una residencia; he tenido problemas familiares y si me echan de aquí, no tengo donde quedarme", insiste el inquilino.
La primera denuncia, "fabricada"
El 23 de mayo tuvo lugar el primer intento de desahucio. El Juzgado de Primera Instancia número 1 dio por buena la demanda de la propietaria, Carmen Elzaburu, por un presunto caso de impago. "La renta estaba domiciliada en una cuenta, pero ese banco cerró y tuvimos que hacer cambios. En cuanto lo solucionamos, nos pusimos al día con los pagos. Lo que pasa es que, desde que intentaron echarme por primera vez, no conseguimos que la administración nos pase ningún recibo ni nos proporcione una cuenta en la que ingresar el dinero", señala Mariano. Público ha tenido acceso a los correos en los que el denunciado pide información para abonar la mensualidad y pregunta por las facturas.
"Es una demanda en la que fabricaron el impago y consiguieron, de manera muy extraña, que Mariano no supiera hasta dos días antes del desahucio que lo querían echar del piso. El aviso le llegó por debajo de la puerta dos días antes de la fecha del desalojo", advierten desde PAH Vallekas. El inquilino recuerda que la comisión judicial lo estuvo buscando por la zona, supuestamente sin éxito, hasta dejarle la notificación. "Si preguntas en el barrio, en el edificio, cualquier vecino te dice dónde encontrarme", desliza. Su buzón ha amanecido en varias ocasiones sin la chapa en la que aparece su nombre, ahora escrito a mano "para evitar malentendidos".
Mariano acoge en su casa desde el pasado mes de octubre a otro vecino de Vallecas, desahuciado por Coral Homes
Los activistas exigen "paralizar" el desahucio y tener en cuenta los informes de vulnerabilidad presentados por el inquilino, "claves" para la posponer el primer intento de desalojo. Mariano no tiene ingresos y espera desde hace meses un alquiler social, consciente, en parte, de que "estas cosas suelen ir para largo". El piso en el que vive tiene tres habitaciones, cocina, salón y baño. Público se ha puesto en contacto con Elzaburu Abogados para conocer la versión de la propiedad. El bufete dice que al tratarse de un asunto "fuera del ámbito profesional", no disponen "de información al respecto".
El papel de las administraciones
Mariano acoge en su casa desde el pasado mes de octubre a otro vecino de Vallecas, desahuciado por Coral Homes. "Los propietarios no se han puesto en contacto conmigo nunca, jamás en la vida", precisa. La Ley de Vivienda
dice que los grandes tenedores, para presentar una demanda y justificar
un desahucio, deben ponerse en contacto con las familias afectadas y
con los servicios sociales. Carmen Elzaburu tiene, según PAH Vallekas, 13 viviendas, "sin contar los cotos de caza" ni el resto de propiedades. Los activistas aseguran que "aquí fallan todos los niveles,
empezando por el judicial y terminando por el político". Mariano confía
en seguir en la casa en la que lleva desde los tres años y sentencia:
"Si los intereses de esta familia [los Díez de Rivera Elzaburu] se
anteponen a los de los vallecanos, me quedaré en la calle, y a ver dónde enchufo la máquina de oxígeno que necesito para dormir"." (Víctor López , Público, 16/12/24)
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