"A finales de 2024, la vivienda se convirtió en el principal problema de la población según el CIS y así se mantuvo durante todo 2025. En el último barómetro de diciembre, el 39,9% de la población consideró que la vivienda era un problema de primer orden, y el 19% la definió como “el principal problema” de España. La migración, que la extrema derecha insiste en presentar como una amenaza, aparece en un distante 3,7%.
Los datos avalan esta preocupación generalizada. En 2025, el precio de la vivienda ha aumentado un 13,1% según los datos de la sociedad de tasación Tinsa. Unas cifras que se elevan hasta el 19,6% en la Comunidad de Madrid y el 15,9% en el País Valencià. Según esta agencia, el año terminará con un volumen aproximado de 550.000 compraventas, todavía 200.000 por debajo de las cifras de 2007. Aún así, con cerca de 60.000 ventas mensuales, los datos triplican los de los últimos 15 años. Según Idealista, el precio de la vivienda ha superado el pico previo al estallido de la burbuja inmobiliaria: en 2007, el metro cuadrado en España llegó a los 2.100 euros; en noviembre del 2025, ya había superado los 2.600. En Madrid y Barcelona, el precio es el doble: comprar un piso de 80 metros cuadrados cuesta más de 450.000 euros de media.
En 1987, un joven necesitaba tres años de sueldo para comprar un piso. En 2025, según el Banco de España, un joven necesitaría 14 años de salario completo. “Matemáticamente es imposible que los jóvenes, en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga compren un piso”, señalaba el investigador y activista Javier Gil.
Pese a las semejanzas, también hay grandes diferencias con respecto a la anterior crisis de vivienda. Una de las principales es que en 2025 la mitad de las transacciones se realizó con pagos al contado, sin necesidad de hipoteca, un desembolso a tocateja solo al alcance de empresas, sectores de renta media-alta o con una alta capacidad de ahorro familiar.
El sector inmobiliario se resiste a hablar de pinchazo o de burbuja, aunque admite que el mercado está en “un escenario de demanda próxima a máximos”. Esto no quiere decir que el precio de la vivienda vaya a bajar, predicen desde Tinsa, sino que crecerá de forma más moderada, entre un 5% y un 10% en 2026.
Esta “desaceleración” también se ha comenzado a observar en el mercado del alquiler, con un alza interanual del 0,7% en noviembre, la más baja de los últimos 46 meses, según Fotocasa. Esta inmobiliaria habla de la “subida más moderada del año”, de un “posible punto de inflexión” y de un mercado del alquiler que “podría estar cerca de alcanzar su punto máximo” después de años de cifras récord.
Fotocasa pronostica que este cambio de tendencia puede ofrecer “un respiro en plena crisis de sobreprecios”, aunque a continuación reconoce que un piso de 80 metros cuadrados en Barcelona cuesta de media unos 1.752 euros mensuales y en Madrid unos 1.652 euros.
La crisis de la vivienda impagable y la parálisis del Gobierno central han marcado el año y complican las expectativas electorales del PSOE y de los partidos de izquierda que participaron en sucesivos gobiernos de coalición. Frente a la inacción de los distintos gobiernos, el movimiento de vivienda ha sabido reaccionar con gigantescas manifestaciones y algunas grandes victorias en las calles, los juzgados y en las instituciones.
La gran manifestación del 5 de abril y lo que vino después
El 5 de abril, cientos de miles de personas salieron a las calles de más de 40 ciudades del Estado español para reclamar por el derecho a la vivienda, la última gran movilización del ciclo de protesta que se inició en abril de 2023 con las grandes marchas contra la turistificación y la especulación inmobiliaria. En Catalunya, cinco días después de la manifestación en Barcelona, que reunió a más de 100.000 personas, el Gobierno del PSC llegó a un acuerdo con ERC, Podem y las CUP para aprobar la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, una normativa impulsada por el Sindicat de Llogateres (sindicato de inquilinos) que pretende tapar uno de los principales agujeros que dejó la ley de vivienda de 2023. El 18 de diciembre, el Parlament catalán aprobó la ley por la que los alquileres de temporada y de habitaciones deben cumplir los topes de precio de las zonas tensionadas y respetar los derechos de los inquilinos recogidos en la ley estatal de alquileres.
Qué pasa con la ley de vivienda
Catalunya es la comunidad donde más lejos ha llegado la aplicación de la ley de vivienda, con 271 localidades reconocidas como tensionadas. En este territorio, los precios del alquiler regulado bajaron el primer año un 4,7%, según el Institut Català del Sòl (Incasol). En la ciudad de Barcelona, la reducción del precio llegó al 8,9%. Sin embargo, estas cifras muestran solo una parte de la realidad: no incluyen los alquileres de temporada y por habitaciones, que no están regulados por la ley de vivienda. Y esto es un problema, porque este tipo de contratos se disparó tras la aplicación de los topes a los precios: en noviembre de este año ya suponían uno de cada cuatro nuevos contratos en Barcelona. En 2026 se verá el resultado de la entrada en vigor de las nuevas leyes que quitan incentivos a los contratos temporales o por habitaciones —por ahora solo en territorio catalán— y obligan a regularizar los alquileres turísticos.
Además de Catalunya, en 2025 decenas de localidades de otras comunidades se sumaron al listado de zonas de alquiler tensionado. En Navarra, el 30 de julio se unían Iruña, Tudela, Eguesibar, Burlata, Barañain, Zizur Mayor, Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Antsoain, Atarrabia, Corella, Elortzibar, Cintruénigo, Baztan, Alsasua, Uharte, Berriobeiti, San Adrián y Azkoien.
También en julio, la ciudad gallega de A Coruña era declarada zona tensionada y se convertía en la única localidad que ha conseguido obtener el visto bueno de una autoridad autonómica en manos del PP para aplicar los topes de precio de la ley de vivienda.
El 31 de octubre de 2025, también se declaraban como zonas tensionadas los municipios de Bilbao, Astigarraga, Usurbil y Vitoria-Gasteiz. Se sumaban así a otros municipios del País Vasco que ya habían concluido los trámites para establecer topes a los precios del alquiler, como es el caso de Donostia, Galdakao, Lasarte-Oria, Zumaia, Irun y Errenteria.
En febrero de 2025, el Gobierno de Asturias (PSOE-IU) anunció que se tramitaría “inmediatamente” la declaración de 16 zonas tensionadas en los concejos de Gijón, Avilés, Llangréu, Llanes, Gozón y Cabrales. A finales de año, esta declaración, que dejaría fuera Oviedo y la mayoría de Gijón —solo dos barrios de esta ciudad serían declarados tensionados—, todavía no tiene fecha aunque se espera para mediados de 2026.
El boicot autonómico, sí, pero no solo
La declaración de A Coruña como zona tensionada es una excepción incluso dentro de Galicia, donde la Xunta ha impedido la misma tramitación para Santiago de Compostela. Las solicitudes de Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, Parla y Ciempozuelos en la Comunidad de Madrid o Las Palmas de Gran Canaria han sido desestimadas por los Gobiernos autonómicos del Partido Popular. Tanto la Comunidad de Madrid como Andalucía, el País Valencià, Baleares, La Rioja, Extremadura y la Región de Murcia han rechazado de raíz la aplicación de los topes a los precios del alquiler. Grandes manifestaciones, como la del 9 de febrero en Madrid, mostraron el rechazo ciudadano al boicot del PP a la ley de vivienda. Pero el boicot también ha venido del Gobierno socialista de Castilla La Mancha, liderado por Emiliano García-Page, quien ha criticado en numerosas ocasiones el “intervencionismo” de la ley de vivienda.
Las competencias transferidas a las autonomías han dificultado o impedido la aplicación de la ley de vivienda, pero las principales organizaciones sociales —la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), los sindicatos de inquilinos y las asambleas barriales— también han acusado al PSOE central y al Ministerio de Vivienda de lentitud, medidas insuficientes, inacción o, incluso, de operar en favor de los intereses de los fondos de inversión y el lobby inmobiliario.
Los datos avalan esta preocupación generalizada. En 2025, el precio de la vivienda ha aumentado un 13,1% según los datos de la sociedad de tasación Tinsa. Unas cifras que se elevan hasta el 19,6% en la Comunidad de Madrid y el 15,9% en el País Valencià. Según esta agencia, el año terminará con un volumen aproximado de 550.000 compraventas, todavía 200.000 por debajo de las cifras de 2007. Aún así, con cerca de 60.000 ventas mensuales, los datos triplican los de los últimos 15 años. Según Idealista, el precio de la vivienda ha superado el pico previo al estallido de la burbuja inmobiliaria: en 2007, el metro cuadrado en España llegó a los 2.100 euros; en noviembre del 2025, ya había superado los 2.600. En Madrid y Barcelona, el precio es el doble: comprar un piso de 80 metros cuadrados cuesta más de 450.000 euros de media.
En 1987, un joven necesitaba tres años de sueldo para comprar un piso. En 2025, según el Banco de España, un joven necesitaría 14 años de salario completo. “Matemáticamente es imposible que los jóvenes, en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga compren un piso”, señalaba el investigador y activista Javier Gil.
Pese a las semejanzas, también hay grandes diferencias con respecto a la anterior crisis de vivienda. Una de las principales es que en 2025 la mitad de las transacciones se realizó con pagos al contado, sin necesidad de hipoteca, un desembolso a tocateja solo al alcance de empresas, sectores de renta media-alta o con una alta capacidad de ahorro familiar.
El sector inmobiliario se resiste a hablar de pinchazo o de burbuja, aunque admite que el mercado está en “un escenario de demanda próxima a máximos”. Esto no quiere decir que el precio de la vivienda vaya a bajar, predicen desde Tinsa, sino que crecerá de forma más moderada, entre un 5% y un 10% en 2026.
Esta “desaceleración” también se ha comenzado a observar en el mercado del alquiler, con un alza interanual del 0,7% en noviembre, la más baja de los últimos 46 meses, según Fotocasa. Esta inmobiliaria habla de la “subida más moderada del año”, de un “posible punto de inflexión” y de un mercado del alquiler que “podría estar cerca de alcanzar su punto máximo” después de años de cifras récord.
Fotocasa pronostica que este cambio de tendencia puede ofrecer “un respiro en plena crisis de sobreprecios”, aunque a continuación reconoce que un piso de 80 metros cuadrados en Barcelona cuesta de media unos 1.752 euros mensuales y en Madrid unos 1.652 euros.
La crisis de la vivienda impagable y la parálisis del Gobierno central han marcado el año y complican las expectativas electorales del PSOE y de los partidos de izquierda que participaron en sucesivos gobiernos de coalición. Frente a la inacción de los distintos gobiernos, el movimiento de vivienda ha sabido reaccionar con gigantescas manifestaciones y algunas grandes victorias en las calles, los juzgados y en las instituciones.
La gran manifestación del 5 de abril y lo que vino después
El 5 de abril, cientos de miles de personas salieron a las calles de más de 40 ciudades del Estado español para reclamar por el derecho a la vivienda, la última gran movilización del ciclo de protesta que se inició en abril de 2023 con las grandes marchas contra la turistificación y la especulación inmobiliaria. En Catalunya, cinco días después de la manifestación en Barcelona, que reunió a más de 100.000 personas, el Gobierno del PSC llegó a un acuerdo con ERC, Podem y las CUP para aprobar la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, una normativa impulsada por el Sindicat de Llogateres (sindicato de inquilinos) que pretende tapar uno de los principales agujeros que dejó la ley de vivienda de 2023. El 18 de diciembre, el Parlament catalán aprobó la ley por la que los alquileres de temporada y de habitaciones deben cumplir los topes de precio de las zonas tensionadas y respetar los derechos de los inquilinos recogidos en la ley estatal de alquileres.
Qué pasa con la ley de vivienda
Catalunya es la comunidad donde más lejos ha llegado la aplicación de la ley de vivienda, con 271 localidades reconocidas como tensionadas. En este territorio, los precios del alquiler regulado bajaron el primer año un 4,7%, según el Institut Català del Sòl (Incasol). En la ciudad de Barcelona, la reducción del precio llegó al 8,9%. Sin embargo, estas cifras muestran solo una parte de la realidad: no incluyen los alquileres de temporada y por habitaciones, que no están regulados por la ley de vivienda. Y esto es un problema, porque este tipo de contratos se disparó tras la aplicación de los topes a los precios: en noviembre de este año ya suponían uno de cada cuatro nuevos contratos en Barcelona. En 2026 se verá el resultado de la entrada en vigor de las nuevas leyes que quitan incentivos a los contratos temporales o por habitaciones —por ahora solo en territorio catalán— y obligan a regularizar los alquileres turísticos.
Además de Catalunya, en 2025 decenas de localidades de otras comunidades se sumaron al listado de zonas de alquiler tensionado. En Navarra, el 30 de julio se unían Iruña, Tudela, Eguesibar, Burlata, Barañain, Zizur Mayor, Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Antsoain, Atarrabia, Corella, Elortzibar, Cintruénigo, Baztan, Alsasua, Uharte, Berriobeiti, San Adrián y Azkoien.
También en julio, la ciudad gallega de A Coruña era declarada zona tensionada y se convertía en la única localidad que ha conseguido obtener el visto bueno de una autoridad autonómica en manos del PP para aplicar los topes de precio de la ley de vivienda.
El 31 de octubre de 2025, también se declaraban como zonas tensionadas los municipios de Bilbao, Astigarraga, Usurbil y Vitoria-Gasteiz. Se sumaban así a otros municipios del País Vasco que ya habían concluido los trámites para establecer topes a los precios del alquiler, como es el caso de Donostia, Galdakao, Lasarte-Oria, Zumaia, Irun y Errenteria.
En febrero de 2025, el Gobierno de Asturias (PSOE-IU) anunció que se tramitaría “inmediatamente” la declaración de 16 zonas tensionadas en los concejos de Gijón, Avilés, Llangréu, Llanes, Gozón y Cabrales. A finales de año, esta declaración, que dejaría fuera Oviedo y la mayoría de Gijón —solo dos barrios de esta ciudad serían declarados tensionados—, todavía no tiene fecha aunque se espera para mediados de 2026.
El boicot autonómico, sí, pero no solo
La declaración de A Coruña como zona tensionada es una excepción incluso dentro de Galicia, donde la Xunta ha impedido la misma tramitación para Santiago de Compostela. Las solicitudes de Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, Parla y Ciempozuelos en la Comunidad de Madrid o Las Palmas de Gran Canaria han sido desestimadas por los Gobiernos autonómicos del Partido Popular. Tanto la Comunidad de Madrid como Andalucía, el País Valencià, Baleares, La Rioja, Extremadura y la Región de Murcia han rechazado de raíz la aplicación de los topes a los precios del alquiler. Grandes manifestaciones, como la del 9 de febrero en Madrid, mostraron el rechazo ciudadano al boicot del PP a la ley de vivienda. Pero el boicot también ha venido del Gobierno socialista de Castilla La Mancha, liderado por Emiliano García-Page, quien ha criticado en numerosas ocasiones el “intervencionismo” de la ley de vivienda.
Las competencias transferidas a las autonomías han dificultado o impedido la aplicación de la ley de vivienda, pero las principales organizaciones sociales —la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), los sindicatos de inquilinos y las asambleas barriales— también han acusado al PSOE central y al Ministerio de Vivienda de lentitud, medidas insuficientes, inacción o, incluso, de operar en favor de los intereses de los fondos de inversión y el lobby inmobiliario.
De la Sareb a Casa 47
La ley de vivienda suspendía los desahucios de familias vulnerables entre dos y cuatro meses hasta que se encontrara una alternativa habitacional. La falta de parque público —actualmente el 3,4% del total de viviendas— es el principal obstáculo para que los artículos que hablan de desahucios en ley de vivienda se puedan aplicar.
El 9 de diciembre iniciaba su andadura la empresa pública estatal de vivienda, bautizada Casa 47, con un patrimonio de 40.000 pisos, la mayoría de ellos traspasados de los restos de la Sareb y también de los Ministerios de Defensa e Interior. También contará con 2.400 suelos con capacidad para construir otras 50.000 viviendas.
La creación de una entidad pública con el patrimonio de la Sareb se había convertido en una de las principales reivindicaciones del movimiento de vivienda y de los partidos de la izquierda parlamentaria que sostienen al PSOE en La Moncloa. Sin embargo, el hecho de que el traspaso se haya realizado cuando ya se había vendido la mayoría de las viviendas del banco malo y que no haya un plan ambicioso y realista para levantar un parque público equiparable al de países vecinos ha generado una ola de críticas.
Esta falta de ambición se evidenció en el Plan de Vivienda 2026-2030, que apenas cuenta con un presupuesto de 7.000 millones de euros, una cifra equivalente al gasto militar comprometido en el Consejo de Ministros del 18 de noviembre de 2025. Con los precios actuales de construcción, ese presupuesto serviría para construir entre 30.000 y 50.000 pisos. Un volumen insignificante en comparación con el millón de viviendas públicas que se necesitan para acercarse a la media europea. Aunque la inversión llegue a los 16.000 millones de euros, tal como afirman fuentes del Gobierno, el objetivo de llegar al 9% de parque público seguiría igual de lejos.
El Ministerio de Vivienda, en cuestión
La medida estrella del Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez frente a la explosión de los pisos turísticos, los alquileres de temporada y por habitaciones ha sido el Registro Único de Contratos de Corta Duración, una iniciativa exigida por la UE que entró en vigor el 1 de julio y no ha demostrado por ahora efectos en la contención de estos tipos de contratos. Otras iniciativas del Ministerio, como una línea telefónica de atención a la ciudadanía con problemas de vivienda o campañas de comunicación de dudoso tacto, han terminado en escándalo y peticiones de dimisión por parte de Podemos, algunos cargos de Sumar y las organizaciones de vivienda.
El Ministerio de Vivienda no solo ha sido acusado por estos actores de inacción y de apostar por leyes ineficaces, sino también por apoyar medidas que criminalizan a los sectores más perjudicados por la crisis de vivienda. En marzo de 2025, el PSOE dio sus votos para la tramitación de una ley propuesta por Junts que agilizaba los desahucios exprés en determinados casos de ocupaciones. A principios de diciembre, tras la ruptura de Junts con el Gobierno, el PSOE posicionó el apoyo parlamentario a esta medida como una de las posibles concesiones para destrabar el apoyo de los nacionalistas catalanes. Otras medidas defendidas por el Gobierno y el Ministerio de Vivienda, como la línea de crédito ICO para financiar el 20% de las hipotecas a jóvenes, han sido criticados por la izquierda parlamentaria y el movimiento de vivienda como contraproducentes por su efecto inflacionario —ya que inciden en el aumento de los precios— y discriminatorio, ya que solo beneficia a las rentas más altas que pueden permitirse acceder a una hipoteca.
Consumo, la demostración
La inacción o complicidad del Gobierno con los intereses de los fondos de inversión, grandes propietarios e inmobiliarias ha tenido una excepción: el trabajo del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de Pablo Bustinduy (Sumar). El trabajo de denuncia de los sindicatos de inquilinos y organizaciones de consumidores contra inmobiliarias que cobran honorarios a los inquilinos sirvió de impulso para que el 30 de octubre el Ministerio de Derechos Sociales multara con 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro. Una multa histórica que pretende terminar con una larga historia de impunidad de caseros e inmobiliarias que se saltan la ley de vivienda y que sienta un precedente para actuar contra otras empresas intermediarias que cometen estos y otros abusos contra los arrendatarios.
La apuesta del Ministerio de Bustinduy por buscar resquicios para actuar contra los abusos inmobiliarios volvió a dar resultado pocas semanas después, cuando anunció el 15 de diciembre una multa de 64 millones de euros contra Airbnb por ofertar viviendas turísticas ilegales.
Las victorias que vienen de abajo
2025 ha sido un año recorrido por decenas de luchas por la vivienda en diferentes rincones del Estado. Muchas de ellas han finalizado con importantes conquistas. La primera de ellas fue el desenlace de la larga lucha de la Casa Orsola en Barcelona, convertida en símbolo de lucha de los inquilinos contra los fondos buitre que expulsan a los vecinos para convertir sus pisos en lucrativos alquileres temporales. El 7 de febrero, el Sindicat de Llogaters conseguía que el Ayuntamiento de Jaume Collboni anunciase la compra del edificio, una operación que fue calificada por el Sindicat como una “victoria”, la demostración de que “cuando los vecinos hacen ruido y se plantan, se puede ganar”.
En julio, el Sindicato de Inquilinos, esta vez de Madrid, conseguía otra “victoria histórica y pionera” al ganar el juicio contra el fondo de inversión Nestar/Azora. Tras un año de lucha, una huelga de alquileres que juntó a más de mil familias y meses de juicio, los vecinos del bloque de Martín Muñoz de las Posadas, en Vallecas (Madrid), conseguían que la Justicia reconociera como abusivas seis de siete cláusulas incluidas en los contratos de alquiler de las vivienda gestionadas por este fondo de inversión.
La otra gran huelga de alquileres en el Estado español también ha tenido un final feliz. Se trata de la lucha de miles de inquilinos de la Fundación La Caixa en Catalunya, a quienes el banco pretendía echar de sus casas, construidas con dinero público, para ser privatizadas a medida que finalizaba la protección. El 27 de octubre, conseguían una primera victoria: el Govern anunciaba la compra de tres promociones de La Caixa, una decisión que permitiría que 170 familias se quedaran en sus pisos. Y un mes después, se ampliaba la compra de bloques hasta beneficiar a 1.700 hogares. “Esta victoria demuestra que la huelga de alquileres funciona y que la organización de las inquilinas es la única garantía para defender el derecho a la vivienda”, señalaron desde el Sindicat de Llogaters.
La acción de la Plataforma de Afectado por la Hipoteca (PAH), los sindicatos de inquilinos y las asambleas y sindicatos de vivienda barriales han conseguido detener, además, cientos de desahucios, entre ellos los de Mari Carmen, mujer de 87 años que un fondo buitre pretendía expulsar de su casa en Madrid, o el de seis familias en María Guerrero 1 (Carabanchel, Madrid) tras cuatro horas de cerco policial.
Además, el año ha dejado dos propuestas de confluencia y trabajo conjunto dentro del movimiento de vivienda. La primera fue la creación, en febrero de 2025, de una confederación catalana de organizaciones que luchan por el derecho a la vivienda. La Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya agrupa a buena parte de las asambleas de vivienda de barrios, pueblos y ciudades catalanes, al Sindicato de Llogateres, diversas asambleas de la PAH y otras redes y colectivos de vivienda de todo el territorio catalán.
La segunda iniciativa es la celebración del I Congreso Estatal de Sindicatos de Inquilinas, que reunió a organizaciones de arrendatarios de Madrid, Catalunya, Málaga, Asturias, Burgos, Zaragoza, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Segovia, Almería o Logroño.
Qué se puede esperar de 2026
La crisis de la vivienda no es exclusiva de España, sino que atraviesa buena parte de las sociedades de los países de la OCDE. Diversos estudios académicos han señalado el vínculo entre esta crisis con el auge de la extrema derecha en todos estos países. De hecho, se ha convertido en uno de los temas estrella de los partidos ultra. En España, el cambio de discurso de Vox, representado por el ascenso de Carlos Quero como portavoz del partido, ha puesto la crisis de vivienda en el centro del debate pero culpando de los problemas del precio y de la pérdida de identidad de los barrios a la migración y a los sectores más pobres expulsados de la vivienda por unos precios imposibles. El desalojo de 400 migrantes en Badalona, el pasado 16 de diciembre, o los procesos de desalojo del Convento de Agustinas en el Parque de Aranzadi y la Ikastola Jaso —ambos en Iruña/Pamplona—, del asentamiento en Zorrotzaure en Bilbao y el antiguo colegio de Agustinos en el barrio donostiarra de Martutene evidencian la instalación de los discursos racistas y de criminalización de la población más precaria.
2026 será el año clave en esta crisis de vivienda 2.0. La ley que impulsan los sindicatos de inquilinos para regular los alquileres de temporada y por habitaciones ha sido rescatada después de un año de olvido en los cajones del Congreso y se votará a principios de año. Aunque se consiga superar la oposición frontal de Junts, la ley no serviría por sí sola para bajar los precios ni para solucionar los problemas de oferta en lo que queda de legislatura.
Desde las organizaciones del movimiento de vivienda y los partidos a la izquierda del PSOE apuestan por una intervención generalizada del mercado de vivienda, que comience por la congelación de los 600.000 contratos que vencen este año para evitar subidas abusivas y que continúe con la prohibición de los alquileres turísticos y de la compra con fines especulativos, así como una apuesta real por un parque público de vivienda. Queda por ver si la espiral de precios ha llegado a un máximo, si espera una corrección o un nuevo pinchazo. Lo que sí parece claro es que si el centro y la izquierda parlamentaria quieren tener alguna posibilidad en las siguientes elecciones generales, tienen que dar respuesta a la principal preocupación de la población que vive en España."
2025 ha sido un año recorrido por decenas de luchas por la vivienda en diferentes rincones del Estado. Muchas de ellas han finalizado con importantes conquistas. La primera de ellas fue el desenlace de la larga lucha de la Casa Orsola en Barcelona, convertida en símbolo de lucha de los inquilinos contra los fondos buitre que expulsan a los vecinos para convertir sus pisos en lucrativos alquileres temporales. El 7 de febrero, el Sindicat de Llogaters conseguía que el Ayuntamiento de Jaume Collboni anunciase la compra del edificio, una operación que fue calificada por el Sindicat como una “victoria”, la demostración de que “cuando los vecinos hacen ruido y se plantan, se puede ganar”.
En julio, el Sindicato de Inquilinos, esta vez de Madrid, conseguía otra “victoria histórica y pionera” al ganar el juicio contra el fondo de inversión Nestar/Azora. Tras un año de lucha, una huelga de alquileres que juntó a más de mil familias y meses de juicio, los vecinos del bloque de Martín Muñoz de las Posadas, en Vallecas (Madrid), conseguían que la Justicia reconociera como abusivas seis de siete cláusulas incluidas en los contratos de alquiler de las vivienda gestionadas por este fondo de inversión.
La otra gran huelga de alquileres en el Estado español también ha tenido un final feliz. Se trata de la lucha de miles de inquilinos de la Fundación La Caixa en Catalunya, a quienes el banco pretendía echar de sus casas, construidas con dinero público, para ser privatizadas a medida que finalizaba la protección. El 27 de octubre, conseguían una primera victoria: el Govern anunciaba la compra de tres promociones de La Caixa, una decisión que permitiría que 170 familias se quedaran en sus pisos. Y un mes después, se ampliaba la compra de bloques hasta beneficiar a 1.700 hogares. “Esta victoria demuestra que la huelga de alquileres funciona y que la organización de las inquilinas es la única garantía para defender el derecho a la vivienda”, señalaron desde el Sindicat de Llogaters.
La acción de la Plataforma de Afectado por la Hipoteca (PAH), los sindicatos de inquilinos y las asambleas y sindicatos de vivienda barriales han conseguido detener, además, cientos de desahucios, entre ellos los de Mari Carmen, mujer de 87 años que un fondo buitre pretendía expulsar de su casa en Madrid, o el de seis familias en María Guerrero 1 (Carabanchel, Madrid) tras cuatro horas de cerco policial.
Además, el año ha dejado dos propuestas de confluencia y trabajo conjunto dentro del movimiento de vivienda. La primera fue la creación, en febrero de 2025, de una confederación catalana de organizaciones que luchan por el derecho a la vivienda. La Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya agrupa a buena parte de las asambleas de vivienda de barrios, pueblos y ciudades catalanes, al Sindicato de Llogateres, diversas asambleas de la PAH y otras redes y colectivos de vivienda de todo el territorio catalán.
La segunda iniciativa es la celebración del I Congreso Estatal de Sindicatos de Inquilinas, que reunió a organizaciones de arrendatarios de Madrid, Catalunya, Málaga, Asturias, Burgos, Zaragoza, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Segovia, Almería o Logroño.
Qué se puede esperar de 2026
La crisis de la vivienda no es exclusiva de España, sino que atraviesa buena parte de las sociedades de los países de la OCDE. Diversos estudios académicos han señalado el vínculo entre esta crisis con el auge de la extrema derecha en todos estos países. De hecho, se ha convertido en uno de los temas estrella de los partidos ultra. En España, el cambio de discurso de Vox, representado por el ascenso de Carlos Quero como portavoz del partido, ha puesto la crisis de vivienda en el centro del debate pero culpando de los problemas del precio y de la pérdida de identidad de los barrios a la migración y a los sectores más pobres expulsados de la vivienda por unos precios imposibles. El desalojo de 400 migrantes en Badalona, el pasado 16 de diciembre, o los procesos de desalojo del Convento de Agustinas en el Parque de Aranzadi y la Ikastola Jaso —ambos en Iruña/Pamplona—, del asentamiento en Zorrotzaure en Bilbao y el antiguo colegio de Agustinos en el barrio donostiarra de Martutene evidencian la instalación de los discursos racistas y de criminalización de la población más precaria.
2026 será el año clave en esta crisis de vivienda 2.0. La ley que impulsan los sindicatos de inquilinos para regular los alquileres de temporada y por habitaciones ha sido rescatada después de un año de olvido en los cajones del Congreso y se votará a principios de año. Aunque se consiga superar la oposición frontal de Junts, la ley no serviría por sí sola para bajar los precios ni para solucionar los problemas de oferta en lo que queda de legislatura.
Desde las organizaciones del movimiento de vivienda y los partidos a la izquierda del PSOE apuestan por una intervención generalizada del mercado de vivienda, que comience por la congelación de los 600.000 contratos que vencen este año para evitar subidas abusivas y que continúe con la prohibición de los alquileres turísticos y de la compra con fines especulativos, así como una apuesta real por un parque público de vivienda. Queda por ver si la espiral de precios ha llegado a un máximo, si espera una corrección o un nuevo pinchazo. Lo que sí parece claro es que si el centro y la izquierda parlamentaria quieren tener alguna posibilidad en las siguientes elecciones generales, tienen que dar respuesta a la principal preocupación de la población que vive en España."
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