R. Quiero hacer algunas aclaraciones. En España tendremos 1,3 millones de empresas, de las que sólo 4.500 tienen más de 250 trabajadores, y algo más de un millón con menos de cinco. Por un lado, hemos perdido 1,6 millones de empleos reales, de los que el 55% ha sido por finalización de contratos temporales y el 35% por despidos individuales. Y, por otro, la temporalidad roza el 30%. Pero desgraciadamente, la segmentación de la temporalidad no es la única, también está la segmentación por género, la de jóvenes y no jóvenes, la de nacionales y extranjeros, y la de los que saben y no saben, que debería ser la que centralizara el debate.
P. Pero contésteme si está de acuerdo con el nuevo contrato.
R. Todas esas segmentaciones se entrecruzan, se autoalimentan. El problema es de tal magnitud que no se arregla con un nuevo tipo de contrato. Me parece que no es lo más importante, banaliza el debate. Lo de los nuevos contratos frivoliza la discusión y la desplaza del núcleo principal.
P. ¿Qué es lo importante?
R. Los servicios de empleo, la formación, la flexibilidad interna, que son vitales, y al hilo de ellos las bonificaciones a la contratación y la implicación de la Administración de Justicia. Estoy de acuerdo, con quien localiza como obstáculos a la actividad empresarial, el sistema de concesión de licencias y permisos, el funcionamiento de la Administración de Justicia y la coordinación entre los poderes públicos. Eso es en lo que hay que batallar de verdad y no sobre un nuevo contrato.
P. Ha citado a la Administración de Justicia.
R. El 35% de las extinciones de contrato ha sido por despidos individuales con 45 días de indemnización, con lo que habría que suponer que son ilegales. Y esto ha pasado al imaginario popular como un derecho: todo despido, sea procedente o no, tiene indemnización. Pero es razonable pensar que el 35% de los despidos ni son ilegales ni realizados por la mala fe empresarial. No es posible que todos los despidos sean improcedentes. Algo tendría que hacer la Administración de Justicia para arreglarlo. No sé si vamos a ponernos estupendos, pero la credibilidad la da sólo un Estado sometido a derecho con una Administración de Justicia que funcione.
P. ¿Cree que se arreglará?
R. Nadie ha dicho cuál es nuestro gasto en pensiones sobre el PIB en relación con otros países. En España es el 8,7%, y la media en Europa-15 es del 12,3%. Francia tiene más del 13%; Italia, más del 14%; y Alemania y Dinamarca, el 12%... No estamos tan mal, pero el mensaje es contrario: "Tú con 40 años no vas a cobrar la pensión". Hay que hacer cosas, sin duda; pero sin perder la razón.
P. ¿Qué?
R. En 2009 acabamos con un fondo de reserva que ronda el 6% del PIB. En 2025 estaríamos en 9,8% del PIB en gasto y con dificultades de financiación. En 2050, rondaríamos el 16%. Para pagar eso, España necesitaría una población activa de 60 millones de personas con los parámetros actuales y una población de 85 millones. Inalcanzable. Las respuestas son amplísimas: hay que actuar con las cotizaciones, el cálculo, el tiempo y políticas de guarderías. Ése es el debate que interesa. Hemos pasado de una tasa de vida en la pensión de año y medio a 18 años, estamos en el envejecimiento del envejecimiento y eso no se soluciona con una pensión, exige una sociedad distinta. Ésa es la reforma.
P. ¿En que temas hay que llegar a pactos de Estado?
R. Tenemos que tener cuidado, no hablar de pactos de Estado para todo. Yo prefiero más entendimiento político que pacto. Que se discuta sobre asuntos vitales, y el asunto vital por antonomasia es la educación." (El País, ed. Galicia, economía, 14/03/2010, p. 22)
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