Y ello pese a que las agencias de calificación y entre ellas, particularmente las tres grandes (Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch, contra las que se dirige la querella criminal) otorgaron la máxima calificación a productos financieros basura.
Posteriormente, por el contrario, degradaron las notas de la deuda pública, entre ellas la española, lo que ha contribuido a agravar los problemas financieros de muchos países y de sus empresas. (...)
La investigación del Congreso de EEUU, que acaba de publicar sus conclusiones tras casi dos años de trabajo, ha puesto de manifiesto, a través de emails entre empleados de las agencias, que algunas calificaciones se cocinaban de acuerdo con el cliente y en contra, por tanto, de los pequeños inversores que compraban los productos confiados por las excelentes notas asignadas. (...)
Los querellantes sostienen que la crisis permite objetivar el conflicto de intereses gracias a las investigaciones emprendidas incluyendo la citada del Congreso de Estados Unidos y los test de estrés a los bancos.
Ello ha facilitado conocer, por ejemplo, que los principales compradores de deuda pública son a su vez los principales clientes de las agencias y, por tanto, beneficiarios de que los estados tengan que pagar un interés mayor para colocar su deuda en los mercados. (...)
El grueso de ingresos procede de los mismos a quienes califican. El coste anual de una empresa por ser calificada puede llegar a 600.000 euros.
En la práctica, se trata de un oligopolio: Moody’s, S&P y Fitch (todas anglosajonas) copan el 80% del mercado." (Attac Madrid, 28/02/2011, 'Una querella amenaza a las agencias de rating en España')
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