"(...) Empecemos por cuatro hechos no discutibles:
Primero, el paro
masivo, consecuencia de cinco años de recesión, ha llevado a la
Seguridad Social a tener déficits que han sido cubiertos, sin problemas,
por el Fondo de Reserva creado a tal fin.
Segundo, a partir de 2046, la
rápida incorporación de la generación del baby boom significará pasar
de 9 a 15 millones de pensionistas, deteriorando la relación entre
pensionistas y cotizantes.
Tercero, gastamos en pensiones un 10% del
PIB, menos que la media de la zona euro, siendo nuestra pensión media
inferior también a la eurozona y ese desequilibrio poblacional
significará elevar el gasto al 13,5% del PIB, lo que seguirá siendo,
entonces, inferior a la media europea.
Cuarto, a medio plazo, la tasa de
ahorro de las familias, aquella que debe financiar planes privados
complementarios de pensiones, estará limitada tanto por el proceso de
deflación de rentas a que estamos sometidos, como por la devolución del
sobreendeudamiento anterior.
Si a la conjunción de estas cuatro realidades, unimos
el mantenimiento invariable del actual modelo de pensiones públicas
basado en repartir solo las cotizaciones sociales que pagan los
trabajadores activos, entonces el déficit del sistema está asegurado y
será creciente sin que tengamos más remedio que avanzar en mecanismos de
corrección del mismo (retrasar la edad de jubilación, elevar la
contributividad, introducir un factor de sostenibilidad etc) que tienen
una única finalidad explícita: reducir la cantidad de pensión recibida
por cada unidad de euro cotizada.
Es decir, rebajar las pensiones
futuras. Así, excluyendo todas las demás alternativas, no queda más
remedio ni tenemos otra escapatoria que recortar derechos, aunque
podamos discutir intensidades y plazos.
Sin embargo, si ante esas mismas realidades, estamos
dispuestos en este siglo XXI a modificar algunos parámetros de un
sistema construido en plena revolución industrial y no solo a retocar
sus variables, entonces el espectro de alternativas se amplía y rebajar
las pensiones ya no es la única opción.
Con carácter ilustrativo, mencionaré cinco cosas que se puede hacer para
responder a la recesión y al cambio poblacional, sin rebajar pensiones:
primera, utilizar el Fondo de Reserva para la finalidad que fue creado,
es decir, atender déficits transitorios del sistema, lo que nos
permitirá llegar hasta 2019, confiando en que esa recuperación de la
economía que anuncia el Gobierno, día sí, día también, se consiga para
esa fecha.
Segundo, de persistir los déficits, o incrementarse ante un
empeoramiento de la recesión, se puede recurrir a préstamos del Tesoro
(ya se hizo en el pasado) dado que las pensiones se consideran derechos
sociales básicos que ningún Estado dejaría de pagar, como se hace con
todo aquello que ya financia nuestra creciente deuda pública.
Tercero,
se puede incrementar los ingresos, bien subiendo las cotizaciones, bien
enchufando a la Seguridad Social ingresos finalistas procedentes de
otras fuentes públicas, como ya preveía el Pacto de Toledo y recoge, por
cierto, el reciente Informe de los expertos.
Cuarto, podemos plantear a
medio plazo y con períodos transitorios, un cambio radical del modelo
que lleve a un nuevo sistema que tenga tres fuentes de financiación:
cotizaciones sociales (más reducidas que ahora), una Contribución Social
Generalizada que en forma de impuesto sintético (recargos sobre IVA,
patrimonio, IRPF y Sociedades) se vincule a la riqueza y no solo al
trabajo de la sociedad y aportaciones salariales obligatorias
incorporadas en la negociación colectiva (convirtiendo salarios líquidos
en salarios diferidos) para atender a tres tipos de pensiones
solapadas: la básica, generalizada para todos (incluyendo las actuales
mínimas y no contributivas), aunque modulando su reparto individual en
función de parámetros de contributividad; los planes de pensiones de
empleo, negociados en convenio colectivo y las aportaciones a planes
individuales privados.
Ese nuevo modelo, pondría fin a la anómala
existencia de un ente, la Seguridad Social, captador de impuestos y
pagador de prestaciones sociales, al margen de la Hacienda general del
país, insertando con ello todas las pensiones en el esquema general de
redistribución de la renta, desde el actual seguro cerrado entre
trabajadores.
Atender a una reforma estructural así (un esquema normal en otros
países) cambiaría los términos del debate actual, de forma que las
pensiones dejasen de repartir cotizaciones menguantes para pasar a
repartir riqueza creciente en una sociedad que estará más envejecida,
pero será más productiva.
Con ello, eliminaría la hipótesis de reducción
ineluctable de las pensiones e inyectaría competitividad a nuestras
empresas globalizadas al reducir las elevadas cotizaciones sociales.
Eso, y no los impuestos, es lo que tendríamos que bajar hoy.(...)"
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