"Desde el comienzo de la crisis, y bajo la alegación del déficit
económico, la Administración ha venido reduciendo reiterada y
sistemáticamente el presupuesto de los centros sanitarios públicos y la
contraprestación económica del concierto que mantiene con los
concertados, públicos o privados, pero sin ánimo de lucro.
Según datos
del CatSalut, el presupuesto del Hospital de Bellvitge pasó de 322,6
millones de euros en 2010 a 288,9 millones en 2012 (-10.5%) y ha pasado a
ser un 20% inferior en el 2.013. (...)
Las consecuencias son bien conocidas: incremento descontrolado de las
listas de espera y empeoramiento de la calidad y seguridad asistencial,
tanto la real como la percibida por parte de los usuarios.
La contraposición con lo acontecido respecto a los centros privados
es contundente e irrefutable. En el mismo periodo en que la Generalidad
ha reducido la asignación presupuestaria a los centros públicos, la
cantidad percibida por uno de los grupos privados, concretamente el
grupo IDC (anteriormente Capio Sanidad) que engloba el Hospital General
de Cataluña y los antiguos centros de la Alianza (Hospital del Sagrado
Corazón y Clínica del Vallés bajo el epígrafe Clínica de Sabadell), ha
pasado de 71,1 millones de euros en 2010 a 126,9 millones en 2012; un
incremento del 78%.
Con una Sanidad pública con presupuestos y recursos recortados, con
camas y quirófanos cerrados, con limitación de personal... el incremento
de las listas de espera, consecuencia directa de todo lo anterior, se
ha convertido en un excelente nicho de negocio para la sanidad privada y
en una coartada perfecta para poder derivar miles de pacientes de la
lista de espera de los centros públicos hacia centros del grupo IDC y
otros centros estrictamente privados.
Sólo con la reapertura de las
camas y los quirófanos hospitalarios cerrados en estos mismos centros
públicos, con igual o menor coste y siempre con mayor calidad, se podría
eliminar la lista de espera de pacientes que, según dice el CatSalut,
los dispositivos públicos no son capaces de asumir. (...)
La argumentación que sostiene la Consejeria de que el coste en esos
centros privados es menor, no sólo es incierta sino que es rotundamente
falsa, entre otras muchas y obvias razones, porque la dotación de los
centros públicos está siendo infrautilizada y los costes de
mantenimiento y amortización son los mismos, a pesar de haber impuesto
una menor rentabilidad asistencial y, además, porque los centros
públicos carecen del ánimo de lucro que es el que mueve a los centros
privados que están obligados a obtener beneficios de la actividad que
realizan.
El objetivo final es evidente: ahogar progresiva e intencionadamente a
los centros públicos para que, obligatoriamente, sean ineficientes y
poder justificar así las derivaciones a los centros privados. Con esa
política restrictiva de asistencia pública, se conseguirá estimular a
los ciudadanos, aunque sea sólo a aquellos que tengan recursos
suficientes, a suscribir pólizas de seguros privados, tal como el
Consejero Ruiz recomendó públicamente al poco tiempo de acceder al
cargo.
Cuando ya sea real y patente la ineficiencia del sistema público,
quedará claramente justificada la necesidad de ceder su gestión,
mediante concesión o concierto, a los grupos privados con ánimo de
lucro, tras los que se encuentran notorios personajes y potentes fondos
de inversión que, agotado el filón de la obra pública, han puesto los
ojos y los bolsillos en la mayor partida presupuestaria pública, que es
la destinada a Sanidad. Mira por donde: hemos pasado del ladrillo al
quirófano. (...)" (Crónica Global, 28/07/2014)
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