"La Administración General del Estado (AGE) mantiene 250.592 contratos de seguridad privada
con medio centenar de empresas del sector, según las cifras facilitadas
al Congreso de los Diputados a petición del diputado socialista Juan Carlos Corcuera Plaza.
Desde cuarteles y bases militares a juzgados, pasando por cárceles,
oficinas de la Seguridad Social y establecimientos ministeriales, puede
decirse que muy pocas dependencias oficiales se hallan fuera del
control, la videovigilancia, la alarma y la custodia de las empresas
privadas de seguridad.
El Gobierno –la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro,
en este caso– no han aportado el volumen económico que representa tan
ingente contratación de seguridad para las dependencias administrativas.
El cómputo llevará tiempo, pero una estimación global a partir de los
presupuestos de 2015 permite hablar de una cifra superior a 1.100 millones de euros,
casi el doble de lo que el Ministerio del Interior destina al
funcionamiento y las nóminas de los 68.901 agentes en la plantilla del
Cuerpo Nacional de Policía.
Las cinco primeras empresas en número de contratos,
según el ejercicio de 2013, son Securitas Direct España (130.282),
Prosegur España (22.725), Tyco Integrated Security (9.026), Detector de
Seguimiento y Transmisión (8.076) y Segur Control (5.091). Si se añaden
las cinco siguientes en volumen de contratación, la cifra de contratos
se eleva a 193.953. Entre las veinte primeras figura Seguriber, con
1.452 contratos.
Como es sabido, esta empresa, presidida por la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, especialista en insultar a los jóvenes en paro y a las mujeres en edad de procrear, era la encargada de vigilar el recinto del Madrid-Arena en el que murieron asfixiadas cinco jóvenes hace dos años. También fue elegida durante muchos años por el PP para dar escolta
a sus cargos públicos y responsables del partido en el País Vasco, con
cargo al presupuesto del Ministerio del Interior.
Con el fin del terror
de ETA, el departamento de Jorge Fernández Díaz le encargó un “plan piloto” para privatizar el control de los accesos y la vigilancia exterior de las prisiones y finalmente le ha adjudicado, como cabeza de una unión temporal de empresas, ese servicio en todas las cárceles, menos las catalanas, en las que no tiene competencias.
La firma de esos 250.592 contratos con 50 empresas
–la que menos contratos tiene asignados es Serramar Vigilancia y
Seguridad, con 620–, desmiente la unidad y centralización de las compras
y la contratación para ahorrar gasto público, largamente anunciada por
la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, y refleja una dispersión y
autonomía de cada departamento y negociado de la AGE objetivamente
incompatible con la buena administración de los recursos públicos y el
combate de la corrupción.
Entre esas cincuenta empresas con más
contratos figura Seguridad Integral Canaria, con 762, cuyo presidente, Miguel Ángel Ramirez -indultado por el Gobierno de un delito ecológico y amigo del ministro de Industria, José Manuel Soria,- aparece en los listados de donantes al PP.
El extraordinario desarrollo de la seguridad privada, fomentado con especial empuje por los gobiernos del PP en la época de Aznar y de nuevo con Mariano Rajoy
de jefe del Ejecutivo, tiene una incidencia directa en la nueva Ley de
Seguridad Ciudadana que presenta este jueves en el pleno del Congreso el
ministro Fernández Díaz. (...)" (Luis díez, Cuarto Poder, 16/10/2014)
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