"Ana Vargas espera bajo las escaleras del edificio de la
Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid. La empresa
pública le concedió un piso en Vallecas de alquiler social hace más de
siete años. Su casa, hasta ahora. Porque el Ayuntamiento vendió más
tarde esa vivienda al fondo de inversión Magic Real Estate Blackstone (a
través de la empresa Fidere).
En total, 1.860 pisos que pasaron a manos
privadas sin que sus inquilinos conocieran la transacción. Y este
jueves Ana ha acudido a la EMVS con una orden de desahucio para el 12 de
enero, firmada por los nuevos propietarios. En la escalinata, José
Antonio también espera: él tiene la orden para este viernes.
Ana y José Antonio no están solos. A las puertas de la empresa pública
se agolpan un grupo de personas que gritan a las puertas, con rabia.
"¡No tenéis vergüenza. Nos teníais que haber avisado!", repiten en la
entrada, aislada por un cordón policial. Una mujer se lamenta con su
compañera: "Terminamos 2014 con desahucios y empezamos el año igual".
A finales de 2013 saltó la noticia de que el
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid habían vendido primero 1.860 y
después otras 3.000 viviendas protegidas a fondos de inversión.
La operación, gestada a espaldas de las personas que habitaban los
inmuebles, fue vendida como una transacción necesaria para aliviar las
arcas públicas. Los gobiernos aseguraron entonces que los usuarios ni
notarían el cambio: la única diferencia sería el destinatario de sus
cuotas mensuales. Los inquilinos pronto se dieron cuenta de que no era
cierto.
Los alquileres sociales tenían fecha de
caducidad –las de sus contratos con las entidades públicas– y, ante un
cambio en sus circunstancias o la imposibilidad de afrontar las cuotas,
la respuesta de los nuevos propietarios es clara:
"Ellos no ofrecen
vivienda protegida". Es lo que respondieron en Fidere a Ana Vargas,
según cuenta, cuando supo que la protección de su casa tenía los días
contados.
Tras la
separación de su pareja, Ana tenía que ocuparse de sus tres hijos y
hacer frente al alquiler (de unos 600 euros) con los 900 que gana como
limpiadora. "No me llega", resume.
Acudió a la EMVS para renegociar el
alquiler, para intentar ajustarlo a sus nuevas circunstancias, y cuando
llevó los papeles que la trabajadora social le había pedido ésta le
anunció que "ya no había nada que hacer, que habían vendido mi casa a
una empresa privada", cuenta.
José Antonio, con un hijo de 12 años a su cargo, también recibió una
respuesta similar. "No tengo ningún sitio al que ir", afirma. Trabajó 26
años como jardinero, pero desde que en 2011 perdiese un empleo como
repartidor de publicidad no ha vuelto a trabajar. Este viernes intentará
frenar su desahucio con el apoyo de los activistas de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH) y otras asociaciones vecinales. "No
tengo muchas esperanzas", admite. (...)" (Laura Olías
, eldiario.es, 08/01/2015)
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