"La Generalitat y los ayuntamientos tendrán derecho de compra
preferente de las viviendas en manos de entidades financieras sobre las
que pese un procedimiento de ejecución presupuestaria para evitar más
desahucios.
Con esta medida, las Administraciones pretenden impedir que
los pisos en los que residen familias “en situación de vulnerabilidad”
puedan pasar a manos de fondos internacionales.
El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila,
ha explicado que la Agencia Catalana de Vivienda ha reservado ocho
millones de euros para estas adquisiciones, a las que se añadirán las
cantidades que se recauden con el impuesto que grava los pisos vacíos en
manos de la banca y los fondos de los que dispongan los consistorios.
La medida, según fuentes de la consejería, también afectara a la Sareb,
el banco malo.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2014 se produjeron 14.230 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas,
de las cuales 12.878 correspondían a pisos de segunda mano. La
Generalitat considera que “buena parte” de este parque de viviendas
podría pasar a manos de fondos internacionales a “precios reducidos”.
La
medida, que se incluye dentro del decreto-ley de medidas
extraordinarias y urgentes para proteger las familias en situación de
vulnerabilidad residencial, consiste en dar derecho de tanteo y retracto
–es decir, compra preferente— sobre cualquier operación de estas
características que se en las 72 localidades en las que hay más
dificultades de vivienda, que incluyen Barcelona y su área
metropolitana.
Ese derecho de las Administraciones, que se podrá ejercer hasta 2021,
supondrá que las entidades financieras deban comunicar a la Generalitat
cualquier operación de venta de viviendas. Esta tendrá preferencia para
comprar la casa por el mismo precio por el que iba a ser adquirida por
un tercero.
En la operación podrán participar los ayuntamientos. Vila ha
considerado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu que
muchas entidades "preferirán" por una "cuestión de reputación" vender
los pisos a la Generalitat que a un fondo de inversión, que adoptará
otros criterios para gestionar esas viviendas." (
Lluís Pellicer
, El País, Barcelona
10 MAR 2015)
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