10.2.17

Trump se va cargar la regulación bancaria Dood Frank y debería importarnos

"Si el algún momento alguien pensó que Trump iba a transferir el poder de Washington al pueblo, como aseguró en su investidura, me temo que estaba muy equivocado. 

Si algo parece fuera de dudas, tras la intensa actividad desplegada desde su aterrizaje en la Casa Blanca, es que los tradicionales lobbys de Washington están siendo las niñas de sus ojos. Desde las empresas petroleras a las constructoras, pasando por el sector sanitario

Las últimas en sumarse a la fiesta de favores públicos han sido las grandes firmas financieras, y eso a pesar de que a lo largo de su campaña, Trump prometió a los votantes no gobernar en favor de Wall Street. (...)

Estamos hablando de recortar la amplísima legislación desplegada por la administración de Barack Obama para controlar los excesos de la actividad bancaria que habían originado la crisis financiera. Más de 24.000 páginas que desarrollan alrededor de 400 medidas diferentes, de las cuales todavía el 30% está sin implementar. Desde su aprobación en 2010, esta medida tiene en contra a las viejas guardias de Wall Street y a los economistas y políticos más liberales del país.

Por ello, esta noticia no debería pillar por sorpresa a nadie. Donald Trump ha criticado en diversas ocasiones esas medidas.Tengo amigos que no pueden lanzar empresas debido a que los bancos no quieren prestarles dinero a causa de las reglas y controles de la ley Dood Frank”, ha dicho el nuevo inquilino de la Casa Blanca para justificar este regalo a Wall Street.

Por otro lado, Trump ha configurado un equipo de económico con amplia representación de ex empleados de Goldman Sachs, el poderoso banco de inversión estadounidense de cuyos tentáculos hemos hablado en otras ocasiones en El Blog Salmón.

Tras casi ocho años alejados del poder, era cuestión de tiempo que tras su nuevo desembarco en los puestos clave de la política económica abordaran una reforma de un sistema regulatorio con el que nunca han estado de acuerdo. La Ley Dood Frank responde a la necesidad de evitar que vuelvan a ocurrir episodios como la caída de Lehman Brothers. Además, muchas de sus medidas están encaminadas a proteger a los pequeños inversores de los abusos de la banca.

Los grandes banqueros, en cambio, siempre la han visto como un corsé para desarrollar su negocio y recortar sus beneficios. Eso, a pesar de que por ejemplo, Goldman Sachs cerró sus cuentas de 2016 con incremento de beneficios netos del 22%.
 
Aunque el pasado viernes Trump no dio detalles sobre cómo iba abordar el desmantelamiento de Dood Frank existe una previsible la hoja de ruta, escrita incluso desde antes de su conquista de la Casa Blanca. La lideró el actual presidente de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara,el republicano Jeb Hensarling, donde acusaba a la reglamentación de 2010 de farragosa, compleja y excesivamente burocrática y apuntaba las reformas más urgentes que deben acometerse.
 
En base a ellas, podemos esperar:

Adiós a las entidades too big to fail, (demasiado grandes para caer)

Uno de los puntos más conflictivos de la Ley Dood Frank para las grandes entidades financieras ha sido la creación de un Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera ( Financial Oversight Stability Board, FSB). Como su nombre indica es el organismo encargado de supervisar el sistema financiero. Entre sus atribuciones está la de identificar a los famosos “Too big to fail”.

 Es decir, aquellas entidades financieras que por su volumen podrían poner en peligro al sistema financiero estadounidense, en caso de que se volviera a repetir una crisis financiera como la de 2008.

Desde 2010, el FSB ha identificado a este tipo entidades, como entidades de riesgo sistémico ( Systemically importan financial institutions o Sifis, según sus siglas anglosajonas). Normalmente, bancos o financieras con un volumen de negocio superior a los 50.000 millones de dólares. Estas han sido obligadas a incrementar las exigencias de capital, como colchón ante futuras crisis y se les ha sometido a pruebas anuales de estrés (...)

Recortes de cobertura para los consumidores


La Oficina Financiera del Consumidor (CFPB), creada por la Ley Dood Frank, ha resultado muy incómoda para la banca en los últimos años. Encargada de supervisar la relación entre bancos y clientes no le ha temblado el pulso en denunciar y multar aquellas prácticas poco éticas con los clientes. Han sido objetivo de su escarnio público, por ejemplo, el Banco Santander, multado con 10 millones de dólares por engañar a clientes y suscribirlos a un servicio de cobertura de descubiertos que no habían solicitado (...

El fin de la Regla Volcker
Tampoco parece quedarle mucho recorrido a una de las medidas estrella implantadas por Obama: La Regla Volcker. Esta prohíbe que una misma entidad pueda hacer trading con activos de clientes y al mismo tiempo con los suyos.

Obama apostó por esta medida, copiada de las implantadas tras la crisis de 1929, para obligar a que los gestores de carteras invirtieran pensando en el beneficio de sus clientes y no en el suyo propio.(...)
Flexibilizar el control sobre los mercados de derivados OTC 
Como consecuencia de la Ley Dock Frank, a partir de 2013 también se incrementó la regulación sobre los borkers intermediarios de operaciones fuera de mercado, lo que en jerga financiera se conoce como OTC, de cuya supervisión se ha encargado la Commodity Futures Trading Comission (CTFC).

 Entre los nuevos requisitos que impuso Dood Frank a este sector están la obligación de liquidar las operaciones a través de una cámara de compensación. Exigencias de colaterales como garantía en las operaciones o la necesidad de designa un director de cumplimiento para supervisar el cumplimiento de la legislación en cada entidad.  (...)

Solo reglas rentables

Finalmente, el documento de Jeb Hersaling mostraba su disconformidad con los rescates realizados por el Estado americano y el coste para los contribuyentes. Curiosamente, esta es una de las pocas cosas en la que coinciden las demandas del sector financiero con las expresadas por los anticapitalistas de Ocuppy Wall Street.

Para evitar que los contribuyentes tengan que asumir los excesos de los bancos privados o de decisiones políticas determinadas, Hersaling propone implantar la obligación de que cada nuevo reglamento financiero que se presente deba ser sometido a una prueba de costes y beneficios antes de su implantación.(...)"               (Pilar Blázquez, El blog salmón, 09/02/17)