"Henri Lefevbre reivindicó en La revolución urbana
el desorden propio de las ciudades porque cumple funciones
informativas, simbólicas y de esparcimiento y, en suma, porque revela la
existencia de vida social.
Ese desorden resulta estigmatizado por la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, para la protección de la seguridad ciudadana
(LOPSC), que aspira a lograr una suerte de “tranquilidad”, de la que se
considera son enemigos los que llevan sus reivindicaciones y protestas a
las vías e infraestructuras públicas, quienes emiten imágenes “sin
autorización policial” en los espacios virtuales; incluso, los que
simplemente tratan de encontrar en las calles una forma de sobrevivir,
pues se considera infracción de la seguridad ciudadana la venta
ambulante no autorizada.
Una manera
de combatir ese desorden es generando entre los que lo practican una
suerte de “efecto desaliento” mediante la imposición de frecuentes y,
relativamente, cuantiosas sanciones económicas, a veces de mayor importe
que el que supondría un castigo penal, y a través de un procedimiento
en el que las “denuncias, atestados o actas formulados por los agentes
de la autoridad en ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado
los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los
denunciados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución
que proceda, salvo prueba en contrario” (art. 52 LOPSC).
Y los datos oficiales sobre actuaciones en materia de protección de la seguridad ciudadana publicados por el Ministerio del Interior son ilustrativos de la potencia desalentadora que tiene la LOPSC sobre el ejercicio de derechos fundamentales en las calles; veamos algunos ejemplos:
Primero. Según el artículo 37 LOPSC
“son infracciones leves: 1. La celebración de reuniones en lugares de
tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en
los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983…” Este
precepto permite sancionar incumplimientos formales de la ley que regula
el derecho de reunión aunque los mismos no generen inseguridad
ciudadana y se ha aplicado 13 veces durante el segundo semestre de 2015
[los primeros meses de vigencia de la Ley] por un importe de 8.000
euros; a lo largo del año 2016 se impusieron 131 sanciones que, en
conjunto, ascendieron a 19.940 euros. (...)
Segundo.- El artículo 36.23 LOPSC considera infracción grave “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad…”
De acuerdo con los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior,
en el segundo semestre de 2015 se impusieron 12 sanciones al amparo de
este precepto por un importe total de 7.311 euros; a lo largo de 2016 se
impusieron 32 sanciones por valor de 19.377 euros. (...)
Tercero.
Según el artículo 36.4 LOPSC constituyen infracción grave “los actos de
obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado
público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el
cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o
judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos
legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito”. Parece obvio
que si se producen dentro de los procedimientos legalmente establecidos
no podría haber infracción.
Aquí se estarían sancionando, entre otras,
las actuaciones que han tratado de frenar o demorar los desahucios pero
no queda claro, lo que es especialmente importante al configurarse como
infracción grave, qué tipo de actos deben ser ni si tienen que ser
claros y adecuados para impedir el mencionado cumplimiento de
resoluciones administrativas o judiciales.
Las estadísticas del
Ministerio del Interior nos indican que en el segundo semestre de 2015
se impusieron 109 sanciones con fundamento en este apartado y por un
importe total de 66.905 euros; en todo 2016 se impusieron 355 sanciones
por valor de 220.636 euros.
Cuarto. El
artículo 37.4 de la LOPSC tipifica como infracción leve “las faltas de
respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de
la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción
penal”.
Y es llamativo el elevado número de sanciones que se han
justificado en este precepto -el segundo más aplicado de toda la LOPSC-:
3.130 sanciones en el segundo semestre de 2015 por valor de 469.203
euros y 19.497 en 2016 que ascendieron a 3.006.761 euros.
Si resulta
que convocar una manifestación pacífica incumpliendo algún requisito
formal, tomar y divulgar fotos de los agentes de la autoridad sin su
consentimiento, oponerse de forma pacífica a un desahucio o faltar al
respeto a un miembro de las fuerzas de seguridad -a juicio del propio
agente- tiene como consecuencia una multa, en unos casos (primero y
cuarto) de entre 100 y 600 euros y, en otros (segundo y tercero), de
entre 601 y 30.000, no parece exagerado pensar que se está generando “un
efecto … disuasor o desalentador del ejercicio de los derechos
fundamentales implicados en la conducta sancionada” (STC 136/1999, de 20 de julio; STEDH de 22 de febrero de 1989, Barfod c. Noruega).
Dado que la LOPSC
fue recurrida en 2015 ante el Tribunal Constitucional parece obvia la
necesidad de un pronunciamiento urgente que determine si este efecto desaliento es compatible con nuestra Constitución. (...)"
(Miguel Ángel Presno Linera . Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Agenda Pública, 11/01/18)
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