"El BCE está obligado a comprar bonos de deuda
soberana de los diferentes estados miembros partícipes en el capital del
BCE en una proporción equivalente a su participación en el capital de
la entidad, lo que se llama capital key o clave de capital.
La compra de bonos de Italia y España en tal programa debería ser por tanto correspondiente a su capital key,
de 17,5% y 12,6% respectivamente. Sin embargo, en el mes de mayo, estas
proporciones se situaron en 14,9% para Italia y en 11,7% para España.
En el caso de Italia este es el porcentaje más bajo desde que se inició
el programa de compras de bonos del BCE.
Este mismo mes se produjeron subidas en la prima de riesgo de la deuda soberana de Italia y España respecto a la deuda de Alemania, pero principalmente en Italia, al subir ésta hasta casi 300 puntos básicos (3%) a finales de mayo, niveles solo alcanzados durante la crisis del euro entre 2011-13 (ver gráfico abajo).
Esto coincidió con las
negociaciones para la formación de un nuevo gobierno en Italia,
negociaciones en las que el presidente de la República Sergio Mattarella
vetó la propuesta de la coalición Movimiento 5 Estrellas – Lega de
nombrar a Paolo Savona, economista crítico con la moneda única europea
como ministro de Economía y Finanzas.
Tal coincidencia ha llevado a la opinión pública a preguntarse si han
existido motivaciones políticas en el hecho de que el BCE haya comprado
la menor proporción de bonos italianos en mayo desde que se inició el
programa a principios de 2015. (...)
La respuesta del BCE a tal sospecha y debate público fue que no ha
habido ninguna motivación política en la reducción de las compras a
Italia y otros países. (...)
El BCE, que según los tratados
(artículo 127 apartado 5 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, y artículo 282 apartado 4), debe contribuir a la estabilidad
del sistema financiero europeo, tenía suficiente margen de acción para
facilitar que la refinanciación de los bonos alemanes se llevara a cabo
sin afectar a los tipos de interés de la deuda en el mercado secundario,
y por tanto sin influir en la formación del gobierno de Italia. (...)
Es por tanto necesario saber si el BCE puede justificar sus acciones
dado que los argumentos técnicos esgrimidos hasta el momento se han
demostrado inválidos. ¿Hay una explicación para cambiar el criterio y
comprar menos bonos durante una situación de presión en los mercados
mientras que anteriormente se había realizado lo opuesto?
Actuaciones
como esta adulteran el curso de la democracia, influyendo en la opinión
pública y en la actuación de los políticos elegidos por la ciudadanía.
¿Fue esta su voluntad? Si este fuera el caso estaríamos hablando de un
intento grave de alterar un proceso de formación de gobierno surgido de
una elección democrática. Si no lo fue y simplemente fue una negligencia
casual, ¿no deberían las instituciones de la UE cesar a la dirección
del BCE por su grave incompetencia? (...)
No es la primera vez que el BCE desprotege a los bonos soberanos de la
periferia permitiendo que se disparen las primas de riesgo, usándolo
como mecanismo de extorsión. Durante la primera fase de la crisis del
euro, los tres periodos en los que la tensión sobre el euro llegó a
niveles insoportables fueron entre noviembre 2009 y mayo 2010, marzo y
agosto 2011, y mayo y agosto 2012, y fueron periodos en los que el BCE
rechazó intervenir en los mercados de deuda pública, presionando así
para imponer los diferentes programas de ajuste en la periferia
(...) la extorsión del BCE a través de la desprotección (no-intervención
comprando bonos) de la deuda pública periférica en los mercados
secundarios si sus gobiernos no implementaban medidas de austeridad y
otras reformas neoliberales.
Fue este mecanismo de coerción el usado por
Trichet, expresidente del BCE, para presionar a los primeros ministros
de Italia y España en agosto del 2011 para que adoptarán reformas
neoliberales. Esta presión llevó a la caída del gobierno de Berlusconi y
la imposición del gobierno pro-austeridad de Mario Monti en Italia, y a
la modificación del artículo 135 de la Constitución española y el
inicio del fin del gobierno de Zapatero al que siguió un gobierno de
Rajoy completamente comprometido con los reformas neoliberales de la UE.
Este evento iniciaría por tanto el periodo de la austeridad en ambos
países. Que tales reformas están prescritas por las instituciones
europeas, con el BCE como brazo armado, queda bien claro en la carta que
Trichet envió a Berlusconi y a Zapatero en agosto de 2011:
"En la coyuntura actual, consideramos que las siguientes medidas son esenciales: [...]
a) Una estrategia integral de reforma creíble de gran alcance, que
incluya la plena liberalización de servicios públicos locales y
servicios profesionales, es necesaria. Esto debería aplicarse
particularmente a la provisión de servicios locales a través de
privatizaciones a gran escala.
b) También hay una necesidad de ir más allá en la reforma del sistema
de negociación salarial colectiva, que permita acuerdos a nivel de
empresa y adaptar los salarios y las condiciones de trabajo a las
necesidades específicas de las empresas y aumentar su relevancia con
respecto a otras capas de negociaciones. [...].
c) Una revisión exhaustiva de las normas que regulan la contratación y
el despido de los empleados deben adoptarse, conjuntamente con el
establecimiento de un sistema de seguro de desempleo y un conjunto de
políticas activas del mercado laboral capaces de facilitar la
reasignación de recursos hacia empresas y sectores competitivos".
Es paradójico que por aquel entonces el mismo Mario Monti, economista
que poco después sucedería a Berlusconi como primer ministro
tecnócrata, y que además fuera miembro de diversos foros elitistas como
la Comisión Trilateral y el Grupo Bilderberg, admitiera que importantes
decisiones de política doméstica estaban siendo tomadas “por un gobierno
supranacional de orientación pro-mercado” y comparó al BCE con un “podestà forestiero”
una figura autoritaria nombrada por el gobierno central durante el
régimen fascista para sustituir a los alcaldes elegidos democráticamente
(ver aquí).
En la misma línea el historiador de Harvard Adam Tooze ha caracterizado
a los inversores de bonos públicos como a paramilitares que se han
dedicado a castigar a base de palizas a sus víctimas estatales ante la
mirada y el consentimiento del BCE y el gobierno alemán (dominante en la
Eurozona) (ver aquí).
En este sentido tampoco hay que olvidar que en 2015 el BCE y este mismo
gobierno alemán usaron las mismas técnicas de tortura en Grecia,
consistentes en disminuir (y finalmente cortar) la liquidez al sistema
bancario para generar una huida de depósitos y así un estrangulamiento
financiero que acabó hundiendo el sistema bancario del país provocando
una nueva recesión, y forzó a su gobierno, el primero de Syriza-Anel, a
abandonar su programa progresista y adoptar el tercer programa de ajuste
neoliberal en 5 años, que actualmente mantiene al país en una profunda
depresión económica con casi un tercio de su población en la pobreza. (...)
En definitiva, y en vista de los acontecimientos descritos, y otros
no comentados aquí por falta de espacio, ¿sería posible para un gobierno
progresista realizar políticas en favor de las clases trabajadoras y
populares en la Eurozona cuando sabe que si lo hace se enfrentará a la
posibilidad de que el BCE contribuya a quebrar sus finanzas? Es más, ¿es
posible llamar democracia al régimen político del euro?
Las respuestas a estas preguntas se vuelven aún más urgentes y
necesarias en vistas a que el próximo diciembre el programa PSPP llegará
a su fin y los mercados podrán aprovechar cualquier desacuerdo político
de los gobiernos estatales con el directorio de la UE para generar
turbulencias financieras."
(Sergi Cutillas es economista y activista por la
justicia financiera. Ha participado en la PACD y en el Comité de la
Verdad de la Deuda de Grecia. CTXT, 27/06/18)
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