"El desalojo de Safira Sánchez se ha ejecutado. Esta joven de 23 años
sufre una discapacidad del 66% debido a una enfermedad cardiovascular
catalogada como rara. Cobra una pensión de 380 euros al mes como único
ingreso.
En 2014 ocupó una vivienda de protección oficial en
Guadalajara, donde ha vivido sola hasta este lunes, cuando ha sido
desalojada. Pese a que carece de una alternativa habitacional; pese a
que el comité supervisor del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC) de la ONU instó a España, mientras
estudia el caso, a tomar medidas para "evitar daños irreparables, incluyendo la suspensión del desahucio o la entrega de una vivienda alternativa"; pese a que varias decenas de personas se han concentrado frente a la casa para intentar frenar el desalojo.
Eran aproximadamente las diez y media de esta mañana cuando Safira
Sánchez se quedó sin un lugar en el que vivir. En ese momento, tuvo que
ser trasladada en ambulancia al hospital. "Estaba muy nerviosa.
Comenzó a
perder movilidad en un brazo y temimos que fuera un infarto. Llamamos a
la ambulancia, la atendieron en su casa, pero al final tuvieron que
llevársela", explica por teléfono su abogado, Diego Herchhoren.
"Tiene
el corazón muy dañado debido a su enfermedad, arteritis de Takayasu", añade. Horas después fue dada de alta y ella, "en estado de shock, fue a descansar. Ahora está en casa de su madre, donde ya son muchos, viven unos ocho", cuenta Gustavo Rioja, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara,
que ha pasado la noche junto a ella para intentar frenar el desalojo.
"Los sanitarios de la ambulancia trataron de que la policía no entrara
por la fuerza, pero fue imposible. Nos fueron apartando uno a uno y
tiraron la puerta abajo. Ha sido intimidatorio y muy desagradable. Ella
está destrozada".
La joven ocupó una vivienda de protección oficial en 2014. Según explica
su abogado, la casa estaba vacía desde 2009, cuando una familia fue
desahuciada. Kutxabank adquirió entonces la vivienda. La entidad ha
informado de que el procedimiento judicial para el desalojo se inició en
noviembre de 2016.
"En febrero de 2017 expiró el periodo de protección
de la vivienda", cuenta el abogado de Sánchez. "Cuando Safira se puso en
contacto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ya había
sentencia", apunta. Han logrado paralizar dos desalojos, uno en junio y
otro el pasado septiembre. Pero ha sido imposible frenar el tercero. "Y
ello, pese a la postura del comité de la ONU, que el pasado septiembre
admitió a trámite la denuncia de la PAH". (...)
"Lo que ofrece la Junta de Castilla-La Mancha no soluciona el problema", asegura el abogado de Safira Sánchez.
El letrado explica que en septiembre le dieron la opción de una ayuda
de emergencia social, acogida en un centro de atención residencial para
personas sin hogar o alojamiento temporal para situaciones de emergencia
social.
"Estas dos últimas opciones son la misma: un albergue. La única
solución que dan es que Safira se vaya a un centro al que se puede
acudir por días, con personas sin hogar, algo que no se acoge a sus
necesidades. No es una alternativa habitacional, es simplemente una
opción temporal. La ayuda de emergencia social es algo puntual,
insuficiente, tampoco aporta una solución al desahucio", critica
Herchhoren. "No quisieron intermediar con Kutxabank", prosigue. (...)" (María Sosa, El País, 23/10/18)
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