"La reciente sentencia
del tribunal supremo que afirmaba claramente la obligación de la banca
de pagar los impuestos de inscripción y registro de las viviendas,
gestorías y actos jurídicos por parte de los bancos, que son los
interesados en dichas inscripciones y el parón dado a dicha ejecución
por parte del propio tribunal supremo ha provocado afortunadamente ríos
de tinta e indignación, pues la presidencia del Tribunal Supremo ha
vuelto a dejar clara ante la ciudadanía la sumisión de los poderes
judiciales a los poderes económicos y los intereses de los poderosos,
así como la total desprotección de las clases populares y las fuerzas de
cambio en el Reino de España. (...)
La banca ha demostrado una vez más el inmenso poder
político del que goza en España, no de ahora, sino desde hace siglos, un
poder del que no goza en muchos estados del mundo.
Se incrementa este
poder, gracias a los créditos electorales y su capacidad de amenaza
sobre partidos y otras instancias de decisión y conformación de opinión y
poder, pues por ejemplo su control sobre los medios de comunicación es
inmenso. La banca ha frenado al Tribunal Supremos cuando tras la
sentencia los bancos bajaron su cotización en bolsa.
Pero es que la propia sentencia tiene una
interpretación que tampoco es tan favorable a los propios hipotecados e
hipotecadas, pues permite que el desembolso de lo fraudulentamente
cobrado, lo restituyan las haciendas autonómicas, que dicho sea de paso
es dinero público y por tanto de la ciudadanía también.
Si las haciendas
autonómicas deben pagar lo que los bancos han hecho mal, ¿cuántas
escuelas o maestros menos habrá? ¿Cuánto personal sanitario menos será
contratado para urgencias médicas? Porqué la inversión social sale de
las cajas públicas y los que han obrado mal son los bancos. Luego la
banca debe pagar. La banca es culpable.
El Poder Judicial no nos protege. La legislación de
fondo española está toda ella articulada con un único objetivo, proteger
la propiedad privada que está en manos fundamentalmente de los
poderosos, los ricos, los bancos, la oligarquía.
El poder judicial es en
su mayoría profundamente conservador y el origen de ello es su carácter
endogámico y sagas familiares muy antiguas que conectan profundamente
con el franquismo e incluso en la monarquía caciquil borbónica anterior y
actual.
Jueces y juezas no pueden pertenecer a partidos políticos, pero
si a sectas religiosas que condicionan más todavía a sus miembros por
medio de control de conciencias y principios así como con sus amplias
redes de contactos y poder. Es decir la supuesta independencia hace
aguas por todas partes.
La desconfianza popular hacia la justicia, se hace cada vez más profunda. (...)" (Carlos Martínez García , Nueva tribuna.es, 21/10/18)
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