La empresa tiene órdenes de su central en Pittsburgh de desmantelar las fábricas para deslocalizar la producción hacia sus plantas de Arabia Saudí.
Alcoa no está dispuesta a poner nada de su parte para mantener la actividad ni para facilitar que otros la mantengan, a sabiendas de que una vez que cese la producción retomarla resulta muy costoso debido a las características específicas de la generación de aluminio primario.
Por ello, desde ese día en que quedó clara la voluntad de la empresa, quedó también claro que la pelota rebotaba en el tejado del Gobierno de Pedro Sánchez.
Las plantillas y algunos grupos
políticos llevamos semanas insistiendo en que la única salida posible
pasa por la intervención pública en la empresa a través de la SEPI para
evitar el cierre mientras se realizan las reformas necesarias en el
marco energético de las industrias electrointensivas para asegurar un
suministro competitivo y predecible, rectificando el ineficaz modelo de
pagos no condicionados al mantenimiento de la actividad.
Sin embargo,
este planteamiento tuvo dos reacciones oficiales. Por un lado, la
ministra de Empleo, Magdalena Valerio, cuya respuesta ante la pregunta
de si barajaba el Gobierno la participación pública en Alcoa fue que “no
estamos en un país comunista”.
Por otro, el secretario general de
Industria, Raúl Blanco, que con otras palabras vino a decir lo mismo. Su
única reacción fue un decreto de medidas para la industria que la
ministra de Industria reconoció que no sirve para solucionar el problema
de Alcoa, aunque tampoco la perjudica.
Es posible
que Magdalena Valerio haya jurado la Constitución sin haberla leído,
porque en ella se reconoce que el Estado puede “acordar la intervención
de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.
Menos posible
es que en el Gobierno se ignore que en países como Italia y Francia se
han aplicado soluciones parecidas para evitar cierres de industrias
similares, sin que la Unión Europea haya puesto cortapisas. (...)
Cierto es que el aluminio no pertenece al sector de las ‘startups’
tecnológicas, pero no es menos cierto que el del aluminio es un sector
competitivo y con futuro, y que las plantas de Alcoa en España
proporcionaron beneficios hasta que la multinacional decidió desinvertir
dentro de su estrategia de deslocalización.
Esta intervención temporal
de la empresa para mantener la actividad no se trataría siquiera de
una ‘nacionalización’, sino más bien de una ‘desprivatización’, ya que
las plantas de Alcoa operan sobre las de Inespal, empresa pública que
el Gobierno de Aznar malvendió por unos 200 millones de euros dentro de
la ola de privatizaciones de los años 90 que hipotecó las herramientas
del Estado para desarrollar una política industrial activa y cuyas
consecuencias hoy pagamos. (...)
El caso de Alcoa no es una cuestión solo de dos fábricas en A Coruña y
Avilés, sino la prueba de fuego para determinar si este Gobierno
apuesta por la industria o no, ya que estas plantas son un símbolo del
empleo industrial de calidad en zonas castigadas por las sucesivas
reconversiones industriales y la despoblación, además de un activo que
Asturias y Galicia se niegan a perder.
La peor consecuencia posible de
un final traumático es que si un Gobierno supuestamente progresista no
se de muestra capaz de evitar la deslocalización de una industria, la
salida para algunos trabajadores quizás sea echarse en brazos del
populismo reaccionario, y eso es algo que no nos podemos permitir. En
sus manos está." (Segundo González, Economía crítica y crítica de la economía, 09/01/19)
No hay comentarios:
Publicar un comentario