"Agricultores que venden su cosecha a precios "de ruina", grandes
distribuidores que "especulan" para inflar sus beneficios y la sensación
de que la agricultura es "moneda de cambio" en los tratados internacionales. Son algunos de los elementos que han hecho que los productores del campo español hayan salido a protestar en hasta once comunidades autónomas esta semana (...)
Especulación en la distribución
"La situación actual es muy grave
y por una cosa muy sencilla: tenemos unos precios de los productos que
vendemos de hace 30 años y, por otro lado, los costes de producción
tienen precios europeos y cada vez suben más. En muchos sectores, el precio al que vendemos el producto no nos paga lo que cuesta producirlo.
Vender a pérdidas siempre no se puede hacer.
Se está produciendo una
reconversión callada y encubierta del sector agrario, echando a las
explotaciones familiares, que se tienen que ir en muchos casos,
arruinadas", explica Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE.
Ejemplifica con el precio de la ciruela en Extremadura: "Ponen el
precio a 20 céntimos. El coste de producción tiene que estar en torno a
los 40 céntimos en una situación normal, pero el consumidor luego va al
supermercado y la ciruela se la encuentra por encima de los dos euros".
Huertas no duda en calificar este aumento de "especulación" y "abuso" por parte de la industria y la distribución.
La primera queja es, por tanto, los precios a los que los agricultores venden sus productos. En el camino entre el agricultor y el cliente que va a un supermercado está el grueso de las ganancias, que se las queda el distribuidor:
"Si tenemos en consideración el precio de origen y el de destino de
diciembre de 2019, en general, los precios que se pagan al productor y
que luego paga el consumidor se incrementan en un 450%
de media. Llegamos al extremo de que en la patata el diferencial es del
700% o en la naranja o a mandarina del 600% . Los márgenes comerciales
se los queda la industria y gran distribución".
Además, desde UPA-UCE Extremadura también se quejan de las malas prácticas que "bajan los precios artificialmente",
ejemplificando con dos: la "venta a pérdidas" de los supermercados como
estrategia comercial y las "subastas a ciegas". Para ejemplificar la
primera, recurre al ejemplo de un supermercado que pone el aceite a dos
euros como producto gancho y el resto de supermercados, para
equipararse, lo que hacen es "presionar al agricultor": "Les dicen que o
lo ponen a este precio o no se lo compran", explica Huertas.
También
denuncia la opacidad de las subastas a ciegas: "Se saca una licitación y
se les dice a las empresas que quieren comprar 100.000 toneladas de
aceite y que quien haga la oferta más baja se que queda con ella".
La respuesta del ministro de Agricultura, Luis Planas,
ha sido clara: "Las administraciones no pueden fijar precios". Se
ofrece, sin embargo, a trabajar para paliar la volatilidad. Los
representantes consultados de los agricultores replican al Gobierno que
haga política y que empiece, por ejemplo, implementando la Ley de la
Cadena Alimentaria.
El representante de UPA-UCE Extremadura también alude a la necesidad de hacer una legislación "que nos permita hablar de precios"
para hacer frente a los grandes distribuidores que son capaces de
incidir en el mercado: Francia tiene una ley que dice que ningún eslabón
de la cadena se puede llevar más beneficio del 30% del coste de lo que
paga el consumidor por un producto".
Los agricultores, además, creen que sus reivindicaciones benefician también al consumidor. Huertas pone como ejemplo la miel: "La distribuidora les dice a los agricultores que trae miel de Argentina, Corea u otro sitio. No hay una ley de etiquetado que obligue a poner el origen y si hay mezcla de producto.
Aprovechan el resquicio que deja la ley y mezclan un 95% de miel de
Argentina, le aplican un 5% de España y dicen que está producida en "la
UE y otros países, confunden al consumidor". (...)
La agricultura, "moneda de cambio" en los tratados internacionales
Blanco señala que sus quejas tienen una vida de décadas: "Se han ido perdiendo políticas de preferencia comunitaria,
de intervención pública, de regulación de mercados, que en este momento
están globalizados, sin sistemas de integración de la UE... Se hacen tratados comerciales con países terceros y se utiliza la agricultura como moneda de cambio
a costa de nuestros productores. Somos pequeñas y medianas
explotaciones con poca capacidad de capitalización". Estos profesionales
miran hoy a los tratados que negocia la Unión Europea con Australia y Nueva Zelanda.
Los
agricultores ven incoherente que a los productores españoles se les
exija cumplir con los estándares de calidad europeos y que después se importen productos de países donde no se cumplen ni con las condiciones sanitarias ni con las sociolaborales:
"Está entrando tomate de Marruecos producido con productos no
autorizados. En Marruecos, los salarios por desgracia son 14 veces
menores en el campo que en España", ejemplifica Blanco. (...)
El problema del campo tiene largo recorrido, pero las protestas coinciden con la negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC)
en el seno de la Unión Europea. "Pedimos dos cosas. Por un lado, que se
mantengan los fondos y que la redistribución de ayudas sean más justas.
La PAC que tenemos en este momento perjudica a las explotaciones
familiares. También pedimos que se recupere los mecanismos de regulación
del mercado y que frene la especulación", explica Huertas. (...)" (Sara Montero, Cuarto Poder, 31/01/20)
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