"El Caso Popular es de tal calibre, el volumen de la presunta estafa a
más de 1,2 millones de personas, en su gran mayoría pensionistas,
empleados del banco, trabajadores, pequeños y medianos empresarios,
autónomos y profesionales liberales, que no sólo se decidirá en los
tribunales españoles, sino que también tendrán que decidir los europeos y
los estadounidenses. (...)
El Caso Popular se está determinando en todas las ramas procesales
—penal, civil, mercantil, contencioso-administrativa y el arbitraje del
accionista mexicano Antonio del Valle en los tribunales
estadounidenses—. Eso es algo absolutamente inusitado y, por esta razón,
los presuntos responsables están pertrechándose de los mejores
despachos de abogados del mundo para intentar salir inmunes. Lo triste
de este hecho es que los afectados, las víctimas de verdad —no los
especuladores— se enfrentan a organismos públicos y a grandes
corporaciones prácticamente «a pulmón».
Un ejemplo de ello nos lo encontramos en el arbitraje contra el
Estado español interpuesto por el accionista mexicano Antonio del Valle,
uno de los que iniciaron la operación junto a Reyes Calderón y que,
paradójicamente, puede ser uno de los actores que logre que los
afectados recuperen su dinero.
Sin embargo, ante el gran equipo legal contratado por Del Valle, el
Estado se va a defender con un amplio equipo legal, en el que se
encuentran prácticamente todos los abogados del Estado asignados a la
Subdirección General de Servicios Contenciosos. Además, van a tener el
asesoramiento de jefes de la asesoría tributaria de la Secretaría de
Estado de Hacienda o de directores de la Intervención General. Esto
supone un coste para el contribuyente, pero es lógico.
Lo que no lo es tanto es cómo los organismos que tuvieron una
incidencia directa en la operación, la resolución y la venta por un euro
al Santander (CNMV – FROB – Banco de España) hayan licitado contratos
con grandes bufetes de abogados por un valor total superior a los 6
millones de euros.
¿Por qué es necesaria esa contratación para un
arbitraje? ¿Acaso no tiene el Estado suficientes profesionales de
prestigio como para suplir esas contrataciones millonarias? ¿O es que lo
que se está contratando es, no tanto el asesoramiento, sino más bien a
grandes empresas de lobistas para intentar influir en el tribunal de
Nueva York? ¿Por qué el Estado español se gasta ese dinero para ir en
contra de 1,2 millones de personas que fueron arruinadas por la presunta
complicidad de sus organismos con una operación diabólica?
Todos los presidentes o gobernadores de esos organismos públicos que
se van a gastar millones de euros para ir contra los intereses de los
afectados del Banco Popular fueron nombrados por el Partido Popular.
Sebastián Albella (CNMV) y Jaime Ponce (FROB) tienen sus cargos gracias a
Luis de Guindos y Pablo Hernández de Cos (BdE) por Román Escolano.
La
actual ministra de Economía ha tenido tiempo suficiente desde que tomó
posesión de su cargo como para haber cesado a todos estos señores cuyos
organismos tanto daño hicieron a 1,2 millones de personas. Sin embargo,
no ha hecho nada y ha mantenido las mismas políticas que Luis de
Guindos. (...)
Esa presencia del Estado en contra de su propio pueblo es una derrota de
la democracia española. El gobierno fue elegido por el pueblo para
defender sus intereses, no los de los bancos. Aún se está a tiempo de
rectificar y, un Ejecutivo progresista, sabrá desterrar las políticas
neoliberales para que la democracia sea, de nuevo, el régimen de la
ciudadanía." (Esteban P. Cano, Diario16, 31/01/20)
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