Una campaña de grupos criminales acaba con la labor del fiscal Castresana contra la impunidad

"Si hiciera falta definir en pocas palabras la figura del fiscal español Carlos Castresana se podría decir que es un valiente incorruptible que habla claro, muy claro. Desde hace casi tres años estaba al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dependiente de Naciones Unidas.

Su difícil misión, en castellano antiguo, era tocar a los intocables, perseguir a los jefes del crimen organizado allí donde estuvieran y cualquiera que fuesen sus apellidos. Lo hizo. Incluso llegó a detener al ex presidente Alfonso Portillo, acusado de un desfalco de más de 70 millones de dólares. Pero tal temeridad tenía un precio. (...)

La respuesta, en palabras del propio Castresana: "Grupos criminales muy diversos, enfrentados entre sí, han cerrado filas en contra de la comisión, porque han entendido que el peligro era común y que esta experiencia tenía que ser detenida". La espoleta fue la detención del ex presidente Portillo. Se dieron cuenta de que si Castresana se atrevía con él, se podría atrever con cualquiera. Y se pusieron manos a la obra. "Intentaron", explica el fiscal, "recuperar los espacios perdidos en las instituciones.

Las estructuras criminales habían perdido grandes espacios de poder, pero tenían y siguen teniendo infiltradas a las instituciones del sistema de seguridad y de justicia". Los criminales no solo se conformaron con congelar los proyectos de la Comisión o retirar los fondos para seguridad y justicia, sino que emprendieron una sucia campaña personal contra Castresana.

"La destrucción de las personas que se enfrentan al crimen organizado fue teorizada muchos años atrás -y por desgracia la realidad demostró que no eran teorías- por el juez Giovanni Falcone, asesinado en 1992. Se lleva a cabo en cuatro fases. Se intenta corromper a las personas. Si no, se las amenaza. Si tampoco, se las desacredita. Y, por último, se recurre a la violencia...".

Contra Castresana ni intentaron la primera. Pero ya iban por la tercera: "Me han atribuido conductas impropias en mi vida privada que son falsas y que tengo que desmentir. Han logrado filtrar interesadamente investigaciones sin concluir. Hasta han sacado chistes, pegatinas insultantes... Querían derribarme a mí para derribar a la comisión".

Lograron que se fuera, pero no que bajara los brazos. Su despedida resume, en el fondo y en la forma, su trayectoria directa y sin tapujos: "Hemos pedido al presidente de la República la destitución del recién nombrado fiscal general. Conrado Reyes no es la persona que el ministerio público necesita, no es el fiscal general que Guatemala merece. Es una persona que tiene un récord de corrupción en su historia personal, y en el escasísimo tiempo que ha estado al frente de la institución ha demostrado compromisos con organizaciones ilícitas y no compromiso con el Estado de derecho. Su nombramiento es consecuencia de un pacto entre despachos de abogados que defienden a narcotraficantes...". Ahora es el presidente Álvaro Colom el que tiene que decidir de qué lado situarse." (El País, ed. Galicia, internacional, 09/06/2010, p. 8)