"Pues bien, a la vista del “Acuerdo de Presupuestos Generales del
Estado-2019” suscrito por el Gobierno de España y Unidos Podemos
(“Acuerdo”, en adelante), parece que en nuestro país se está produciendo
un importante giro social con respecto a las políticas que se han
venido aplicando desde que empezó la crisis económica.
El Acuerdo
constituye un auténtico programa de gobierno que afecta a aspectos muy
sensibles para el bienestar de la ciudadanía, tales como sanidad,
vivienda, dependencia, empleo y protección social… Pero, si hemos de
destacar dos cuestiones a fin de calibrar su importancia, éstas son, sin
duda, las medidas y compromisos adoptados en materia de pensiones y
salario mínimo interprofesional (SMI). (...)
Por lo que respecta a las pensiones públicas, el Acuerdo prevé su
revalorización con arreglo al IPC en 2018 y 2019, garantizando así el
poder adquisitivo de los pensionistas. Pero no sólo eso. El texto recoge
expresamente el compromiso de los firmantes de impulsar una reforma
legislativa orientada a la recuperación del IPC como valor de referencia
para la revalorización de las pensiones con carácter permanente, lo que
afectaría al núcleo duro de la reforma perpetrada en 2013 por el
Gobierno del Partido Popular.
(...) la medida de mayor impacto ha sido la subida del SMI a 900 euros
mensuales, lo que supone un incremento superior al 22 por ciento en
términos reales con respecto a la situación anterior. (...)
En general, el SMI tiene menos importancia en los
países que poseen un sistema de negociación colectiva fuerte y bien
consolidado, en el que los agentes sociales establecen de manera
autónoma los límites salariales; en cambio, adquiere protagonismo en
aquellos otros en los que la negociación colectiva, o bien no se ha
desarrollado, o ha sido devaluada en favor de la negociación individual
entre empresarios y trabajadores.
Pues bien, éste es precisamente el
caso de España, cuyo mercado de trabajo, tras la reforma laboral de
2012, se parece cada vez más al de los países subdesarrollados.
En efecto, siempre se había entendido que los
perceptores del SMI eran exclusivamente los trabajadores que no están
cubiertos por ningún convenio colectivo, lo que representa una exigua
proporción de la población asalariada (alrededor del 1 por ciento). En
la actualidad, sin embargo, esta cifra se ha multiplicado debido a los
efectos de la reforma laboral sobre la negociación colectiva.
La
proliferación de los acuerdos de empresa, la aplicación generalizada de
descuelgues salariales y la eliminación de la ultraactividad del
convenio han provocado una violenta devaluación salarial que ha situado a
muchos trabajadores en el umbral del SMI o en cifras muy próximas,
ampliando de forma exorbitante los efectos de cualquier incremento en su
cuantía.
Según datos del Banco de España, los trabajadores directamente
afectados por una medida como ésta podrían alcanzar el 12,2 por ciento
del total, o sea, más de millón y medio de personas, lo que nos permite
valorar en su justo término la magnitud del Acuerdo de referencia.
Y eso
no es todo. El incremento del SMI influirá en las estrategias de los
agentes sociales en la negociación colectiva, alejando el horizonte de
moderación salarial que ha caracterizado estos años.
El principal riesgo que presenta esta medida, que ya ha sido criticada por la CEOE, es precisamente la resistencia patronal a su aplicación en las empresas. (...)
La revalorización de las pensiones y el incremento del SMI son los
aspectos más llamativos del Acuerdo alcanzado por el Gobierno y Unidos
Podemos, pero no queremos dejar de mencionar otras medidas de gran
relevancia sociolaboral: la equiparación de los permisos de paternidad y
maternidad, la igualdad salarial entre mujeres y hombres o la
protección de los trabajadores de las empresas subcontratistas, entre
otras, son propuestas positivas para promover un mercado laboral más
equitativo e inclusivo.
En este sentido, merecen especial mención el
anuncio de la derogación inmediata de los aspectos más lesivos de la
última reforma laboral, particularmente en materia de negociación
colectiva, y el compromiso de desvincular el contrato para obra o
servicio de las contratas empresariales, una de las prácticas que más ha
contribuido a la precarización del mercado de trabajo.
Ambas medidas
dan cumplimiento a la reciente Resolución del Parlamento Europeo en la
que se pide a los Estados miembros que luchen contra la precariedad
laboral y contra la utilización abusiva de los contratos temporales. (...)
En nuestra opinión, el texto expresa un compromiso razonable entre las
principales fuerzas políticas que impulsaron la moción de censura. Y lo
que es más importante, apela a una amplia coalición social entre los
estratos medios y las clases populares golpeadas por las políticas de
austeridad europeas.
Subsisten, claro está, algunos interrogantes que
muy pronto se resolverán: los apoyos parlamentarios, la respuesta de la
Unión Europea y, sobre todo, la capacidad y voluntad del PSOE de llevar
hasta el final un programa político que supone un giro social en las
políticas que tanto daño han hecho a nuestra patria: las del PP y las
del PSOE. (...)"
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