"(...) Sin ánimo de ser exhaustivos y desde toda duda
razonable, estos serían los presuntos delitos que figuran en el Código
Penal a los que podría estar expuesto Mariano Rajoy.
Financiación del Partido Popular
Si los tribunales determinaran que existió financiación ilegal, Rajoy podría ser investigado “De los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos” y ser castigado con una pena de multa del triplo al quíntuplo del valor de las donaciones o aportaciones.
También podría ser acusado de “Delito de falso testimonio”,
si hubiera negado previamente que existió el delito en su testimonio
como testigo y el tribunal encontrara evidencias de lo contrario, y, por
lo tanto, de que mintió a conciencia, pudiendo ser castigado con penas
de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses.
Otro posible delito que se le podría imputar es el “De la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución”, si el tribunal encontrara probado que era conocedor de los delitos objeto de la causa judicial y no los impidió o denunció.
Contabilidad B del Partido Popular “caso Bárcenas”
Si
los tribunales concluyeran que existió delito de contabilidad paralela,
existencia de dinero negro destinado a cobros de sobresueldos y
financiaciones opacas al fisco procedente de concesiones y comisiones
ilegales a cambio de favores, Rajoy podría ser procesado por “Delitos de cohecho y tráfico de influencias” en su calidad de autoridad pública, así como de “Delitos contra la Hacienda Pública” pudiendo
sufrir pena de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a
veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público
y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a
nueve años.
Nuevamente, se podrían repetir el “Delito de falso testimonio” el “De la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución”, del mismo modo y forma que en el punto anterior.
Asimismo, Rajoy podría ser acusado de un presunto “Delito de encubrimiento”
si el tribunal concluye que la destrucción de los discos duros dónde
debían de estar las pruebas fue realizada de forma deliberada para
ocultar la verdad, pidiendo ser castigado con la pena de prisión de seis
meses a tres años de cárcel.
Finalmente, si
el tribunal encontrara probado que el partido y algunos de sus
dirigentes (entre los que se podría encontrar Rajoy) formaron parte de
una organización criminal (se entiende por organización criminal la
agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por
tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan
diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos) el presidente
podría ser castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años de
prisión. (...)
Endeudamiento indiscriminado del país
El pasado lunes, un grupo de autores desvelamos cómo el gobierno está endeudando indiscriminadamente a España
, utilizando normativas de rango menor y en contra de lo que determinan
la Constitución Española y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, sin someter las emisiones de deuda a la
aprobación del Congreso de los Diputados.
El
daño que puede provocar esta actitud de Rajoy y su gobierno podría
desembocar en la ruina y el sometimiento de España a la voluntad de
potencias extranjeras por varias generaciones debido a la inmensa deuda,
o incluso desatar hostilidades, militares o económicas, por parte de
los países acreedores.
Si la justicia entendiera que Rajoy obró en contra a la Ley en la emisión de deuda pública, podría ser procesado por delitos “De la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos”
si se probara que realizó actos, a sabiendas de su injusticia, o por
haber dictado resoluciones arbitrarias en asuntos administrativos,
pudiendo ser castigado con la pena de inhabilitación especial para
empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio
pasivo por tiempo de nueve a quince años.
Además, Rajoy y su gobierno podrían estar cometiendo delito “De la malversación”,
ya que la autoridad que, teniendo facultades para administrar un
patrimonio público, emanadas de la ley, las infrinjan excediéndose en el
ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al
patrimonio administrado, puede ser castigada con una pena de prisión de
dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y
para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a
diez años.
Paralelamente, otro posible delito imputable podría ser el “De la usurpación de atribuciones”,
ya que la autoridad que, careciendo de atribuciones para ello, dictare
una disposición general o suspendiere su ejecución, será castigado con
la pena de prisión de uno a tres años, multa de seis a doce meses e
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a
doce años.
Finalmente, en el peor de los
casos, si el endeudamiento tuviera la terrible consecuencia de que la
independencia de España se viera seriamente comprometida, se perdiera, o
si se pusiera en riesgo el estado de paz, Rajoy podría ser acusado de
cometer delitos “Que comprometen la paz o la independencia del Estado”.
La
Ley dice que todo aquél que, con actos ilegales o que no estén
debidamente autorizados, provocare o diere motivo a una declaración de
guerra contra España por parte de otra potencia, o expusiere a los
españoles a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en
sus bienes, será castigado con la pena de prisión de ocho a quince años
si es autoridad. Si la guerra no llegara a declararse ni a tener efecto
las vejaciones o represalias, se impondrá, respectivamente, la pena
inmediata inferior.
Es bastante probable que
muchos lectores, tras esta exposición, puedan quedar alarmados o
estupefactos. Yo, me limito a transcribir lo que dice la Ley. (...)" (
Juan Carlos Bermejo
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