"Conocer a los vecinos de la calle Jacobeo en Carabanchel es ponerle rostro a las personas que viven en las 1.860 viviendas públicas que en 2013 la exalcaldesa Ana Botella vendió a Fidere,
parte del conglomerado del gigantesco fondo de inversión Blackstone.
Las familias de este gran edificio colorido ven ahora como la renovación
de sus contratos de alquiler contempla un aumento de 200 o 300 euros,
es decir, una subida de hasta un 80% o un 100% en algunos casos. Para
muchas de ellas es una cifra inasumible y han comenzado a organizarse
para evitar hacer frente a un pago que consideran desproporcionado.
Algunos
de los inquilinos accedieron a este enorme conjunto de viviendas, que
ocupa los números 62, 64, 66 y 68 de la calle Jacobeo, cuando aun
pertenecía a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid.
Para poder alquilar sus casas, debían cumplir ciertos requisitos
relacionados con el número de hijos o la nómina percibida.
Cuando en 2013 la finca pasó a ser propiedad de Fidere-Blackstone –el mayor casero de España–, la EMVS les informó en una carta de que su casa no perdería su protección como vivienda pública
y no sufriría «alteración alguna en el plazo de su contrato, la renta
abonar o las prohibiciones y limitaciones derivados de la normativa de
vivienda» (ver misiva abajo). Pero más de cinco años después estas
promesas parecen haberse esfumado.
Uno de los inquilinos más veteranos es Gonzalo
(nombre ficticio), quien accedió en 2006 a la casa que ahora, después de
que se hayan marchado sus hijos, comparte con su mujer. Ambos son
pensionistas. “Yo empecé pagando 561 euros y en 2016 me hicieron un
contrato por 100 euros más. Ahora me ofrecen un contrato por 900 y pico”,
explica a Cuartopoder.es.
Otro de afectados es R.C.G. (los vecinos
prefieren permanecer en el anonimato), quien accedió a su vivienda ese
mismo año. “Ahora pago 700. Fidere me propone pagar a partir del mes que
viene y durante dos años 838 euros, el tercer año 875 euros y el cuarto
año 959 euros. A todo esto habrá que sumar el IPC correspondiente a
cada año”, indica.
Precios de mercado para unas viviendas que fueron una ganga para Fidere. El Tribunal de Cuentas condenó en diciembre del año pasado a la exalcaldesa Ana Botella y a siete miembros de su Gobierno a pagar 27,5 millones de euros por vender las viviendas públicas
a fondos buitre a un precio “inferior al mínimo jurídicamente
exigible”, generando un perjuicio al erario público de 25,7 millones de
euros. El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid archivó la causa en
enero, pero el Gobierno de Manuela Carmena, los afectados y el PSOE
recurrieron y la Audiencia Provincial reabrió la causa el mes pasado.
Mientras el asunto se dirime en los tribunales, el tiempo juega en contra de unos 1.000 vecinos de la decena de bloques del Programa de Actuación Urbanística (PAU) de Carabanchel,
popularmente conocido como La Peseta, quienes ya sufren o podrían verse
afectados próximamente por la subida del alquiler que está llevando a
cabo Fidere-Blackstone.
Las organizaciones a favor del derecho a
la vivienda de la PAH y el Sindicato de Inquilinas insisten en que este
“no es un caso aislado”, sino que este fondo de inversión “está
realizando las mismas operaciones en todos los edificios que tienen en
Madrid”, como en el Ensanche de Vallecas. “Imponen subidas abusivas a
los vecinos y/o no renuevan el contrato”, explican. Por eso, llaman a
estas familias humildes a resistir pagando el mismo precio de los
alquileres en una campaña que han denominado «Bloques en lucha».
Además, no hay muchos sueldos de los que sacar tajada ya que la
mayoría de las vecinos, según explican, cobran menos de 1.000 euros al
mes. Con un plazo de cortesía, los burofax de Fidere dan dos meses a los inquilinos para decidir si optan por renovar o cancelar el contrato.
Carmen (nombre ficticio) todavía se encuentra en esta tesitura. Ella
accedió a esta vivienda hace tan solo tres años, cuando ya pertenecía al
fondo buitre. En caso de que acepte, su alquiler pasará de 607 a 905
euros. “Trabajo con un contrato de obra y servicio y mi pareja es
funcionario, pero con un sueldo muy bajo. Por circunstancias personales
nos es imposible enfrentar un pago así”, indica.
Algunas familias
han optado por no renovar el contrato mientras han pedido a Fidere un
alquiler más razonable y otras vecinas se informan antes de que les
llegue el temido burofax. Es el caso de algunas madres como Carla y Maribel (nombre ficticio).
La primera vive con su marido y su hija pequeña. La segunda vive con su
pareja y tres menores. Ambas tienen dificultades para llegar a final de
mes en las condiciones actuales. No creen que puedan acceder a otros
alquileres del barrio, donde sus hijos van al colegio. “Hoy amanecí con
una torticolis, debido a la tensión que tengo en el cuello. Esto me está
generando un estrés enorme”, cuenta Carla.
Al menos Carla y
Maribel tienen un rato para charlar. En el bloque hay otras madres
divorciadas, según cuentan, que se pasan el día trabajando para hacer
frente a su alquiler actual. Serán las principales perjudicadas si les suben el alquiler.
“El otro día conocí a una vecina que es madre soltera de dos niños y a
la que no había visto nunca. Se pasa el día fuera y llega por la noche. A
ella le han subido el alquiler 100 euros. Esa madre trabaja día y noche
para poder pagar el piso. Dime quién cría a esos niños con esa madre
ausente”, manifiesta preocupada.
¿Quiénes son los responsables?
Los vecinos piden a Fidere un alquiler razonable con una subida acorde al IPC, confiando en la buena fe de la socimi, pero sus viviendas son objeto de especulación
desde que pasaron a manos del fondo de inversión. “Fidere tiene parte
de la culpa, pero este abuso se conoce desde el Gobierno municipal, la
Comunidad de Madrid y el Gobierno de España. El problema es que no se
toman medidas contra este fraude y que hay un decreto-ley blando que no
limita los precios de los alquileres”, denuncia R.C.G.
«Esta
situación de sufrimiento que Fidere-Blackstone está generando a miles de
familias es completamente injusta. Este contexto se ha generado porque
ha habido partidos políticos y gobiernos que han modificado leyes para
facilitar que los fondos buitre puedan especular con nuestras viviendas y
nuestras vidas», denuncian desde la PAH y el Sindicato de Inquilinas.
Por ello exigen revertir los contratos de venta de vivienda pública a los fondos buitre
y los privilegios fiscales a las SOCIMI. También piden la regulación de
los precios de los alquileres y la movilización de vivienda vacía de
los grandes propietarios." (María F. Sánchez, Cuarto Poder, 28/06/19)
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