"La semana pasada, los acreedores privados extranjeros de Ucrania aceptaron la petición del país de congelar durante dos años los pagos de unos 20.000 millones de dólares de deuda externa. Esto permitiría a Ucrania evitar el impago de sus préstamos en el extranjero. A diferencia de otras "economías emergentes" con problemas de endeudamiento, parece que los tenedores de bonos extranjeros están dispuestos a ayudar a Ucrania, aunque sólo sea durante dos años.
(...) lo que contribuirá a reducir la presión sobre las reservas del banco central, que cayeron un 28% en lo que va de año, a pesar de la importante ayuda extranjera.
No es de extrañar que la economía ucraniana se encuentre en una situación desesperada. Se prevé que el PIB real disminuya más del 30% en 2022 y la tasa de desempleo se sitúe en el 35% (Constantinescu et al. 2022, Blinov y Djankov 2022, Banco Nacional de Ucrania 2022). (...)
Butsa revela el precio que hay que pagar por esta limitada generosidad de los acreedores extranjeros: la acelerada demanda de las multinacionales y los gobiernos extranjeros de tomar el control de los recursos de Ucrania y ponerlos bajo el control del capital extranjero sin ninguna restricción ni limitación.
En un post anterior, había esbozado el plan para privatizar y entregar los vastos recursos agrícolas de Ucrania a las multinacionales extranjeras. Y desde hace varios años, una serie de informes del observatorio económico del Instituto Oakland ha documentado la toma de posesión del capital extranjero. Gran parte de lo que sigue proviene de Oakland.
La Ucrania postsoviética, con sus 32 millones de hectáreas cultivables de rico y fértil suelo negro (conocido como "cernozëm"), tiene el equivalente a un tercio de toda la tierra agrícola existente en la Unión Europea. El "granero de Europa", como se le llama, tiene una producción anual de 64 millones de toneladas de cereales y semillas, y se encuentra entre los mayores productores mundiales de cebada, trigo y aceite de girasol (de este último, Ucrania produce cerca del 30% del total mundial).
Como ya expliqué en mi anterior post, la planeada toma de los recursos de Ucrania provocó en parte el conflicto: la semiguerra civil, la revuelta del Maidán y la anexión de Crimea por parte de Rusia. Como ha señalado el Instituto Oakland, para limitar la privatización desenfrenada, en 2001 se impuso una moratoria a la venta de tierras a extranjeros. Desde entonces, la derogación de esta norma ha sido uno de los principales objetivos de las instituciones occidentales.
A pesar de la moratoria sobre la venta de tierras a extranjeros, en 2016, diez corporaciones agrícolas multinacionales ya habían llegado a controlar 2,8 millones de hectáreas de tierra. Hoy, algunas estimaciones hablan de 3,4 millones de hectáreas en manos de empresas extranjeras y de empresas ucranianas con fondos extranjeros como accionistas. Otras estimaciones llegan a los 6 millones de hectáreas. La moratoria sobre las ventas, que el Departamento de Estado de EE.UU., el FMI y el Banco Mundial habían pedido repetidamente que se eliminara, fue finalmente derogada por el gobierno de Zelensky en 2020, antes de un referéndum final sobre la cuestión previsto para 2024.
Ahora, con la guerra en marcha, los gobiernos y las empresas occidentales están intensificando sus planes para incorporar a Ucrania y sus recursos a las economías capitalistas de Occidente. Los días 4 y 5 de julio de 2022, altos funcionarios de Estados Unidos, la UE, Gran Bretaña, Japón y Corea del Sur se reunieron en Suiza para la llamada "Conferencia de Recuperación de Ucrania".
La agenda de la URC se centraba explícitamente en la imposición de cambios políticos en el país - a saber, "el fortalecimiento de la economía de mercado", "la descentralización, la privatización, la reforma de las empresas estatales, la reforma de la tierra, la reforma de la administración del Estado," y "la integración euro-atlántica." La agenda era realmente un seguimiento de la Conferencia de Reforma de Ucrania de 2018, que había hecho hincapié en la importancia de privatizar la mayor parte del sector público restante de Ucrania, afirmando que el "objetivo final de la reforma es vender las empresas estatales a los inversores privados", junto con los llamamientos a más "privatización, desregulación, reforma energética, reforma fiscal y aduanera." Lamentando que el "gobierno es el mayor poseedor de activos de Ucrania", el informe afirmaba que "la reforma de la privatización y de las empresas públicas se ha esperado durante mucho tiempo, ya que este sector de la economía ucraniana ha permanecido prácticamente sin cambios desde 1991."
La ironía es que los planes de la URC de 2018 contaron con la oposición de la mayoría de los ucranianos. Una encuesta de opinión pública reveló que solo el 12,4% apoyaba la privatización de las empresas estatales, mientras que el 49,9% se oponía. (Un 12% adicional se mostró indiferente, mientras que el 25,7% no respondió).
Sin embargo, la guerra puede marcar la diferencia. En junio de 2020, el FMI aprobó un programa de préstamos de 18 meses y 5.000 millones de dólares con Ucrania. A cambio, el gobierno ucraniano levantó la moratoria de 19 años sobre la venta de tierras agrícolas de propiedad estatal, tras la presión sostenida de las instituciones financieras internacionales. Olena Borodina, de la Red de Desarrollo Rural de Ucrania, comentó que "los intereses de la agroindustria y los oligarcas serán los principales beneficiarios de esta reforma... [Esto] sólo marginará aún más a los pequeños agricultores y corre el riesgo de separarlos de su recurso más valioso".
Y ahora la URC de julio ha vuelto a insistir en sus planes de apoderarse de la economía ucraniana para el capital, con el pleno respaldo del gobierno de Zelensky. Al término de la reunión, todos los gobiernos e instituciones presentes aprobaron una declaración conjunta denominada Declaración de Lugano. Esta declaración se complementó con un "Plan de Recuperación Nacional", elaborado a su vez por un "Consejo de Recuperación Nacional" creado por el gobierno ucraniano.
Este plan abogaba por una serie de medidas a favor del capital, como la "privatización de las empresas no críticas" y la "finalización de la corporativización de las empresas públicas", poniendo como ejemplo la venta de la empresa estatal de energía nuclear ucraniana EnergoAtom. Para "atraer el capital privado al sistema bancario", la propuesta también pedía la "privatización de los bancos estatales". Buscando aumentar "la inversión privada e impulsar el espíritu empresarial en todo el país", el Plan de Recuperación Nacional instaba a una importante "desregulación" y proponía la creación de "proyectos catalizadores" para desbloquear la inversión privada en sectores prioritarios".
En un llamamiento explícito a la reducción de las protecciones laborales, el documento atacaba las leyes que aún quedan en Ucrania a favor de los trabajadores, algunas de las cuales son un remanente de la era soviética. El Plan de Recuperación Nacional se quejaba de una "legislación laboral anticuada que da lugar a complicados procesos de contratación y despido, regulación de las horas extraordinarias, etc.". Como ejemplo de esta supuesta "legislación laboral anticuada", el plan respaldado por Occidente lamentaba que los trabajadores de Ucrania con un año de experiencia tengan un "plazo de preaviso para el despido" de nueve semanas, en comparación con sólo cuatro semanas en Polonia y Corea del Sur.
En marzo de 2022, el Parlamento ucraniano aprobó una legislación de emergencia que permitía a los empresarios suspender los convenios colectivos. Luego, en mayo, aprobó un paquete de reformas permanentes que exime de hecho a la gran mayoría de los trabajadores ucranianos (los de las empresas con menos de 200 empleados) de la legislación laboral ucraniana. Los documentos filtrados en 2021 mostraban que el gobierno británico instruía a los funcionarios ucranianos sobre cómo convencer a un público recalcitrante para que renunciara a los derechos de los trabajadores y aplicara políticas antisindicales. Los materiales de formación lamentaban que la opinión popular hacia las reformas propuestas fuera abrumadoramente negativa, pero proporcionaban estrategias de mensajería para engañar a los ucranianos para que las apoyaran.
Mientras que los derechos de los trabajadores van a ser eliminados en la "nueva Ucrania", en cambio, el Plan de Recuperación Nacional pretende ayudar a las empresas y a los ricos mediante la reducción de impuestos. El plan se quejaba de que el 40% del PIB ucraniano procedía de los ingresos fiscales, lo que calificaba de "carga fiscal bastante elevada" en comparación con su ejemplo modélico de Corea del Sur. Por ello, pedía "transformar el servicio fiscal" y "revisar las posibilidades de reducir la proporción de los ingresos fiscales en el PIB". En nombre de "la integración en la UE y el acceso a los mercados", propuso asimismo "eliminar los aranceles y las barreras no arancelarias para todos los productos ucranianos", al tiempo que pedía "facilitar la atracción de IED [inversión extranjera directa] para traer a Ucrania a las mayores empresas internacionales", con "incentivos especiales a la inversión" para las empresas extranjeras. (...)
El Ukraine Reform Tracker de Ucrania presionó para "aumentar las inversiones extranjeras directas" de las empresas internacionales, y no para invertir recursos en programas sociales para el pueblo ucraniano. El informe del Rastreador hizo hincapié en la importancia de desarrollar el sector financiero y pidió "eliminar las regulaciones excesivas" y los aranceles. Pedía una mayor "liberalización de la agricultura" para "atraer la inversión extranjera y fomentar el espíritu empresarial nacional", así como "simplificaciones de los procedimientos" para "facilitar a las pequeñas y medianas empresas" su "expansión mediante la compra e inversión en activos estatales", lo que "facilitaría la entrada de los inversores extranjeros en el mercado tras el conflicto".
El Ukraine Reform Tracker presentó la guerra como una oportunidad para imponer la toma de posesión por parte del capital extranjero. "El momento de la posguerra puede presentar una oportunidad para completar la difícil reforma agraria ampliando el derecho de compra de tierras agrícolas a las personas jurídicas, incluidas las extranjeras", afirmaba el informe. "Abrir el camino para que el capital internacional fluya hacia la agricultura ucraniana probablemente impulsará la productividad de todo el sector, aumentando su competitividad en el mercado de la UE", añadía. "Una vez terminada la guerra, el gobierno también deberá considerar la posibilidad de reducir sustancialmente la participación de los bancos estatales, con la privatización del Privatbank, el mayor prestamista del país, y del Oshchadbank, un gran procesador de pensiones y pagos sociales", insistió.
En otros lugares hay políticas menos explícitas a favor del capital ofrecidas por economistas occidentales semi keynesianos. En una reciente recopilación del Center for Economic Policy Research (CEPR), varios economistas han propuesto políticas macroeconómicas para la Ucrania de la guerra. En ella, los autores "subrayan al principio que la crisis de Ucrania no es un escenario para un típico programa de ajuste macroeconómico, es decir, no para las habituales exigencias de austeridad fiscal y privatización del FMI. Pero después de muchas páginas, queda claro que hay poca diferencia entre sus propuestas y las de la URC. Como dicen, "el objetivo debería ser llevar a cabo una amplia desregulación radical de la actividad económica, evitar los controles de precios, facilitar el emparejamiento de la mano de obra y el capital, y mejorar la gestión de los activos rusos incautados y otros sancionados".
De este modo se completará la toma de posesión de Ucrania por el capital (principalmente extranjero) y Ucrania podrá empezar a pagar sus deudas y a proporcionar nuevos beneficios al imperialismo occidental." (Michael Roberts, Brave New Europe, 13/08/22)
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