"La Casa Blanca de Trump ha puesto en marcha una serie de mecanismos para manipular o invalidar las elecciones de mitad de legislatura. El Congreso no nos salvará. Los tribunales no nos salvarán. Nuestra única esperanza —en caso de que las elecciones sean amañadas o robadas— son las huelgas a nivel nacional. Nuestra única esperanza es paralizar la maquinaria del comercio y del Gobierno, aunque esta militancia se enfrentará a una represión estatal salvaje.
De lo contrario, estamos condenados. No habrá salida.
Si se aplican las medidas defendidas por la Administración Trump, se invocarán los poderes de emergencia para ejercer un control federal sin precedentes sobre la votación. Los agentes federales confiscarán el material electoral. Ya han confiscado papeletas de elecciones anteriores.
El Servicio Postal de EE. UU. solo enviará papeletas a quienes figuren en las listas de elegibilidad aprobadas a nivel federal, elaboradas a partir de los censos electorales estatales. Estos censos, sujetos a comprobaciones de ciudadanía, denegarán por completo los servicios de correo electoral en aquellos estados que se nieguen a cumplir las exigencias de la Administración en cuanto a los datos de los votantes.
La manipulación de circunscripciones respaldada por Trump a mediados de la década ya ha desmantelado distritos controlados por los demócratas y ha creado otros nuevos para los republicanos.
Los requisitos de identificación federal y de documentos de ciudadanía privarán del derecho al voto a millones de votantes con derecho a ello, incluidos los estadounidenses con bajos ingresos que carecen de acceso a los documentos requeridos y las mujeres casadas cuyos nombres actuales no coinciden con los que figuran en sus registros de ciudadanía.
Se desplegarán tropas federales y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) —con 113 500 millones de dólares en financiación adicional asignada por el Congreso hasta septiembre de 2029— en los colegios electorales o en sus inmediaciones que cuenten con una mayoría tradicional del Partido Demócrata. Aquellos tildados de «anticapitalistas» y «anticristianos» o acusados de pertenecer a antifa serán intimidados o se les impedirá votar.
La mayoría republicana en la Cámara de Representantes —independientemente del resultado de la votación— utilizará su autoridad para certificar los resultados electorales con el fin de retener el poder, manipulando el Colegio Electoral y negándose a admitir a los miembros de la oposición recién elegidos.
La supervisión del fraude electoral masivo correrá a cargo de leales colocados por la Administración Trump en las oficinas electorales estatales y federales.
Trump —quien intentó anular los resultados de las elecciones de 2020 y afirmó que se negaría a aceptar el resultado de las elecciones de 2024 si perdía— reflexiona sobre la posibilidad de desafiar la Constitución con el fin de ejercer un tercer mandato. También ha planteado la idea de cancelar las próximas elecciones, declarando a Reuters: «Si lo piensa bien, ni siquiera deberíamos celebrar elecciones».
Cuando Volodymyr Zelensky —cuyo mandato presidencial finalizó en mayo de 2024— informó a Trump de que no se celebrarían elecciones en Ucrania debido a la guerra, Trump respondió: «Así que está diciendo que, durante la guerra, no se pueden celebrar elecciones… Permítame decirle algo: dentro de tres años y medio, ¿quiere decir que, si por casualidad estamos en guerra con alguien, no habrá más elecciones? Oh, eso está bien».
Trump declaró a The New York Times en enero que lamentaba no haber ordenado a la Guardia Nacional que confiscara las máquinas de votación tras las elecciones de 2020. Trump no solo quiere abolir el voto por correo —los demócratas votan por correo en mayor número que los republicanos—, sino también las máquinas de votación y los recontadores que permiten a las juntas electorales publicar los resultados la misma noche de las elecciones.
Trump sentó las bases para la injerencia federal en su discurso nacional de julio sobre el fraude electoral, al afirmar que las elecciones están peligrosamente expuestas al «hackeo, la manipulación y la injerencia extranjera».
Este ataque lleva décadas gestándose. No comenzó con Trump.
Ya advertí sobre el movimiento nacionalista cristiano y su fascismo latente en mi libro «American Fascists: The Christian Right and the War on America». Estos fascistas cristianos son enemigos de la sociedad abierta. Pretenden privar del derecho al voto a amplios sectores de la población, exigen la desregulación de la industria y la eliminación de todos los servicios sociales, incluida la educación pública, los programas de salud pública y la protección del consumidor. Consideran que las únicas funciones propias del Gobierno federal son la recaudación de impuestos, la guerra y la seguridad interior.
Estos objetivos se exponen con un detalle técnico abrumador en el Proyecto 2025.
El poder —como en todas las dictaduras— debe ser permanente. Se configurará para enriquecer al círculo más cercano de Trump y su familia, quienes han ganado al menos 2.3 mil millones de dólares con sus inversiones en criptomonedas durante el primer año de Trump desde su regreso a la presidencia. La clase multimillonaria y las grandes empresas seguirán pagando pocos o ningún impuesto sobre la renta. No tendrán restricciones ni supervisión externas mientras explotan a la ciudadanía y contaminan y envenenan la tierra.
El resto de nosotros, bajo constante vigilancia estatal y privados de cualquier recurso legal, quedaremos reducidos a la condición de siervos.
La disidencia será tipificada como delito. Los medios de comunicación se convertirán en una cámara de eco de la dictadura. La educación —desde la guardería hasta los estudios de posgrado— será adoctrinamiento. La cultura quedará reducida a su mínimo común denominador: el kitsch sentimental. Se emplearán tropos, iconografía y símbolos cristianos para sacralizar la supremacía blanca, el capitalismo, la guerra sin fin y el imperio, al tiempo que se demoniza a quienes se encuentran en los márgenes de la sociedad.
A Trump ya se le ha otorgado el poder absoluto. En 2024, el Tribunal Supremo concedió a Trump inmunidad frente a cualquier proceso judicial por actos realizados en el marco de su autoridad constitucional «concluyente y excluyente». En su opinión disidente, la magistrada Sonia Sotomayor denunció que, como consecuencia de la decisión del tribunal, «en cada ejercicio del poder oficial, el presidente es ahora un rey por encima de la ley».
Trump y sus partidarios en Silicon Valley son plenamente conscientes de que el nivel de su corrupción y su desdén por la democracia —sin precedentes en la historia de EE. UU.— les hace vulnerables en caso de que pierdan el poder. No tienen intención alguna de permitir que esto suceda, por muy graves que sean las violaciones constitucionales. Pretenden extinguir los últimos vestigios de la democracia. Creen, tal y como escribió en 2009 Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, que «la libertad y la democracia» no son «compatibles».
Thiel está recopilando toda nuestra información obtenida de los registros fiscales del Gobierno, médicos y de las fuerzas del orden. Esta información se está enviando a bases de datos que pueden explotarse con fines de control estatal y lucro. Thiel y su círculo de multimillonarios tecnócratas están llevando a cabo la agenda que él previó hace 16 años: convertir la tecnología en una «alternativa a la política».
«Los populistas se quedan con el himnario anti-woke de MAGA», escriben Mark Medish y Joel McCleary en su serie «Dancing in the Dark» de The Spectator sobre las próximas elecciones:
Los señores de la nube se quedan con los contratos y la desregulación; el presidente se queda con la adulación, el dinero, las herramientas para destruir a sus enemigos y el dominio de todos los medios de comunicación. Cada uno de los socios cree que está utilizando hábilmente a los demás. Todos ellos necesitan esta alianza para sobrevivir este noviembre y consolidar aún más su poder.
Agentes del FBI incautaron papeletas originales de 2020, imágenes de papeletas y censos electorales en Georgia. El Departamento de Justicia incautó papeletas de 2024 en Míchigan. Y Chad Bianco, el sheriff del condado de Riverside, en California, tal y como señalan Medish y McCleary, «incautó en marzo unas 650 000 papeletas a raíz de una denuncia presentada por un grupo local de “integridad electoral” que se está organizando para replicar la maniobra en media docena de condados más durante este ciclo electoral».
Esto es, supongo, un anticipo de las incautaciones generalizadas de papeletas que se producirán en noviembre.
Los Documentos de Acción Presidencial de Emergencia (PEAD), que son «órdenes de emergencia redactadas previamente en caso de un ataque al territorio nacional», esperan «solo una decisión y una firma para convertirse en ley operativa por necesidad», señalan Medish y McCleary, lo que otorga a Trump el poder unilateral de suspender las libertades civiles en caso de crisis interna.
Creadas por primera vez bajo el mandato del presidente Dwight Eisenhower, estas directivas secretas han sido desde entonces periódicamente revisadas y ampliadas por sucesivas administraciones.
«Existen al menos cincuenta y seis de estos PEAD, según el último recuento fiable», continúan Medish y McCleary. «Ninguno ha sido jamás publicado, filtrado, invocado, revisado por el Congreso ni sometido a prueba en ningún tribunal. Entre los temas que, según se informa, abordan se incluyen la suspensión del hábeas corpus, la ley marcial, la censura, la detención de ciudadanos “considerados peligrosos” [y] la incautación de bienes».
La debilidad de los poderes legislativo y judicial, unida a la transformación de las agencias federales en apéndices de la Casa Blanca de Trump —incluidos el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional—, hace que estas instituciones carezcan de fiabilidad.
Solo podemos salvarnos a nosotros mismos.
Esto significa paralizar el país.
Millones de nosotros debemos estar preparados para salir a la calle; de lo contrario, las puertas de hierro del fascismo se cerrarán de golpe."
(Chris Hedges , blog, 31/08/26, traducción Salvador L. Arnal)
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