"Mariano y su Plan Renove para Registradores y Notarios. ¿Está el presidente del Gobierno incurriendo en un delito de
conflicto de intereses al beneficiar al gremio del que sigue formando
parte?
A río revuelto, ganancia… para registradores y notarios”. Del dicho al hecho. Esto es lo que han debido pensar el inquilino de la Moncloa y su pedante ministro de Justicia que sin complejos ni vergüenza, han decidido poner en marcha un Plan Renove para los registradores y notarios de modo que sus cuentas corrientes se mantengan ajenas a la crisis económica, social, financiera y laboral que afecta a la inmensa mayoría del personal. Pelillos a la mar. (...)
Para los más despistados, y a modo de resumen, este es el modus operandi que pretenden hacer bajo el pretexto de que hay que ejecutar una supuesta reforma integral de los Registros Civiles.
De entrada, su objetivo no es otro que los contribuyentes paguen aranceles por obtener certificados a los Registradores de la Propiedad y a los Registradores Mercantiles. Aranceles que ahora son gratuitos. En cuanto al instrumento legal han optado por llamarle de manera rimbombante:
“Anteproyecto de ley de Reforma Integral de los Registros”. En este texto se consolida la privatización de los Registros Civiles, que dejarán de ser un servicio público y pasarán a depender de los Registradores de la Propiedad, de los Registradores Mercantiles y de los Notarios.
El menú de pagos es amplio y generoso. Se pagará por todo un poco: Certificado de nacimiento, de defunción y también sobre otros actos de estado civil. Y como no tiene rubor ni vergüenza, para rematar el negocio, se les regala 128 millones de euros que la Administración, con los impuestos de los ciudadanos, ha invertido en la modernización, informatización y digitalización de los citados Registros.
Hasta aquí un breve relato de los hechos. Ahora vamos a repasar quienes son sus responsables directos y quienes son sus cómplices necesarios de este nuevo escándalo genovés que plantea un caso claro de conflictos de intereses entre los que toman la decisión y los beneficiarios directos: familiares, amigos y compañeros de cuerpo.
En primer lugar, encabeza este ranking de responsables, sin duda, Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno, Registrador de la Propiedad en servicios especiales con reserva de plaza en Santa Pola (Alicante), diputado y presidente del PP. Es, además, el padrino de una saga familiar compuesta, al menos, por todos sus hermanos (dos Registradores y un notario), más uno de sus primos hermanos que resulta que es notario.
Su relación resulta obvia con estos lobbies corporativos, por lo que, una vez más, vuelven a plantearse múltiples dudas, nunca resueltas, sobre las supuestas compatibilidades que durante años ha podido mantener Rajoy en su doble condición de cargo público y Registrador de Santa Pola en servicios especiales y con reserva de plaza.
En cualquier caso, no es menos evidente que sus hermanos, primos, compañeros de cuerpo, se van a beneficiar directamente de esta medida y de otras que están tramitándose en el Ministerio de Justicia y en sus alrededores.
Y es aquí donde todo apunta a si se está o no vulnerando, entre otros, el artículo 7 de la Ley/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado que establece sus deberes de inhibición y de abstención. En este articulo de manera expresa se establece que “Quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público”. Verde y con asas. (...)
En fin, además de con la Iglesia, los criadores de toros de lidia, banqueros, constructores, hemos topado querido Sancho con los Registradores y Notarios. La suerte está echada." (El Plural, 07/12/2012)
"El Registro Civil, que desde el siglo XIX está adscrito a la administración de justicia —con un juez al frente de cada registro— y que gestiona la inscripción de nacimientos y defunciones, matrimonios y divorcios, entre otros trámites, va a pasar a manos de los 1.000 registradores de la propiedad que hay en España, según confirmó ayer el Ministerio de Justicia. A los registradores se les encomendó ya el pasado junio la gestión de las solicitudes de nacionalidad.
A río revuelto, ganancia… para registradores y notarios”. Del dicho al hecho. Esto es lo que han debido pensar el inquilino de la Moncloa y su pedante ministro de Justicia que sin complejos ni vergüenza, han decidido poner en marcha un Plan Renove para los registradores y notarios de modo que sus cuentas corrientes se mantengan ajenas a la crisis económica, social, financiera y laboral que afecta a la inmensa mayoría del personal. Pelillos a la mar. (...)
Para los más despistados, y a modo de resumen, este es el modus operandi que pretenden hacer bajo el pretexto de que hay que ejecutar una supuesta reforma integral de los Registros Civiles.
De entrada, su objetivo no es otro que los contribuyentes paguen aranceles por obtener certificados a los Registradores de la Propiedad y a los Registradores Mercantiles. Aranceles que ahora son gratuitos. En cuanto al instrumento legal han optado por llamarle de manera rimbombante:
“Anteproyecto de ley de Reforma Integral de los Registros”. En este texto se consolida la privatización de los Registros Civiles, que dejarán de ser un servicio público y pasarán a depender de los Registradores de la Propiedad, de los Registradores Mercantiles y de los Notarios.
El menú de pagos es amplio y generoso. Se pagará por todo un poco: Certificado de nacimiento, de defunción y también sobre otros actos de estado civil. Y como no tiene rubor ni vergüenza, para rematar el negocio, se les regala 128 millones de euros que la Administración, con los impuestos de los ciudadanos, ha invertido en la modernización, informatización y digitalización de los citados Registros.
Hasta aquí un breve relato de los hechos. Ahora vamos a repasar quienes son sus responsables directos y quienes son sus cómplices necesarios de este nuevo escándalo genovés que plantea un caso claro de conflictos de intereses entre los que toman la decisión y los beneficiarios directos: familiares, amigos y compañeros de cuerpo.
En primer lugar, encabeza este ranking de responsables, sin duda, Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno, Registrador de la Propiedad en servicios especiales con reserva de plaza en Santa Pola (Alicante), diputado y presidente del PP. Es, además, el padrino de una saga familiar compuesta, al menos, por todos sus hermanos (dos Registradores y un notario), más uno de sus primos hermanos que resulta que es notario.
Su relación resulta obvia con estos lobbies corporativos, por lo que, una vez más, vuelven a plantearse múltiples dudas, nunca resueltas, sobre las supuestas compatibilidades que durante años ha podido mantener Rajoy en su doble condición de cargo público y Registrador de Santa Pola en servicios especiales y con reserva de plaza.
En cualquier caso, no es menos evidente que sus hermanos, primos, compañeros de cuerpo, se van a beneficiar directamente de esta medida y de otras que están tramitándose en el Ministerio de Justicia y en sus alrededores.
Y es aquí donde todo apunta a si se está o no vulnerando, entre otros, el artículo 7 de la Ley/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado que establece sus deberes de inhibición y de abstención. En este articulo de manera expresa se establece que “Quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público”. Verde y con asas. (...)
En fin, además de con la Iglesia, los criadores de toros de lidia, banqueros, constructores, hemos topado querido Sancho con los Registradores y Notarios. La suerte está echada." (El Plural, 07/12/2012)
"El Registro Civil, que desde el siglo XIX está adscrito a la administración de justicia —con un juez al frente de cada registro— y que gestiona la inscripción de nacimientos y defunciones, matrimonios y divorcios, entre otros trámites, va a pasar a manos de los 1.000 registradores de la propiedad que hay en España, según confirmó ayer el Ministerio de Justicia. A los registradores se les encomendó ya el pasado junio la gestión de las solicitudes de nacionalidad.
Un portavoz del departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón
garantizó que “la gestión del Registro Civil seguirá siendo pública” y
que los trámites “obligatorios” para todos los ciudadanos —básicamente
la inscripción del nacimiento y de la defunción— seguirán siendo
gratuitos.
Pero queda en el aire si por otras gestiones como la
inscripción de matrimonios, divorcios, petición de nacionalidad o cambio
de apellidos el Gobierno fijará el pago de una tarifa.
La asociación Jueces por la Democracia denunció que ese cambio de
gestores, recogido en un borrador de la futura Ley de Reforma Integral
de los Registros, supone la “privatización” del Registro Civil, que
“dejará de ser un servicio público y pasará a depender de los
registradores de la propiedad y de los registradores mercantiles”.
“Con
esta reforma los ciudadanos van a tener que pagar aranceles por obtener
un certificado de nacimiento, de defunción o sobre otros actos de estado
civil”, auguró el portavoz de la asociación, Joaquim Bosch." (El País, 05/12/2012)
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