"El ataque deliberado y criminal contra la brigada italiana de Sassari y otros contingentes internacionales de la FPNUL (Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano) marca una nueva etapa sin precedentes en los esfuerzos de Netanyahu por devastar a los pueblos vecinos de Israel, amenazar la paz mundial y llevar a su propio país a la autodestrucción, que ahora parece más cerca que nunca.
La condena del ataque como crimen de guerra por parte del ministro [de Defensa italiano] Crosetto es encomiable, al igual que su compromiso de que la FPNUL no cederá al chantaje ni a las amenazas y seguirá cumpliendo su misión. También es notable su afirmación de que Italia no recibe órdenes de Israel.
Sin embargo, es crucial vigilar de cerca el cumplimiento de este compromiso, especialmente dada la postura contradictoria del gobierno de Meloni, que ha apoyado sistemáticamente los crímenes de Israel. Esta contradicción se hace aún más evidente cuando las armas suministradas por Occidente, incluida una importante contribución del complejo militar-industrial italiano, se utilizan contra las fuerzas italianas. Lamentablemente, parece poco probable que la postura de Crosetto tenga consecuencias significativas, sobre todo teniendo en cuenta el silencio de otros dirigentes italianos, como la primera ministra Giorgia Meloni y el presidente Sergio Mattarella, un silencio que debe ser duramente criticado considerando la gravedad de la afrenta a Italia y los peligros para la paz mundial.
La FPNUL debe permanecer sobre el terreno y, de hecho, debe reforzarse y dotarse de equipos y armas adecuados para responder eficazmente a cualquier posible agresión israelí. Del mismo modo, deben tomarse medidas para establecer una fuerza de protección militar comparable en Gaza y Cisjordania que garantice la seguridad del pueblo palestino, que ha pagado un enorme precio en sangre y sigue pagándolo cada día en términos de civiles asesinados, mutilados y sometidos al hambre, la sed y la falta de suministros médicos, negados por la ocupación genocida.
En el centro del conflicto en expansión, que ahora supone una grave amenaza para la paz mundial, se encuentra la persistente violación del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Esta crisis en curso tiene su origen en más de cincuenta años de impunidad concedida a los gobiernos israelíes que han desafiado continuamente el derecho internacional y a la ONU, y que ahora atacan brutalmente a la organización, declarando persona non grata al Secretario General Guterres y bombardeando a sus fuerzas de mantenimiento de la paz, incluida la flor y nata de las Fuerzas Armadas italianas.
Ante un comportamiento criminal tan sostenido y reiterado, hay motivos para expulsar a Israel de las Naciones Unidas. Según el artículo 6 de la Carta de la ONU, «un Miembro de las Naciones Unidas que haya violado persistentemente los Principios contenidos en esta Carta podrá ser expulsado de la Organización por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad».
Sin embargo, está claro que los Estados occidentales del Consejo de Seguridad, en particular Estados Unidos -cómplice de las acciones criminales de Netanyahu-, utilizarán su poder de veto para bloquear dicha propuesta, obstruyendo una vez más el correcto funcionamiento de la organización internacional y la aplicación del derecho internacional. No obstante, sería igualmente importante que la Asamblea General de la ONU votara dicha resolución, dando libre expresión a la condena de Israel que ahora emana de la gran mayoría de los países del mundo, así como de la opinión pública internacional.
Tal declaración de principios debería ir seguida de la imposición de sanciones en virtud del Artículo 41 y, si estas medidas resultasen insuficientes, podría conducir a una acción militar multilateral en virtud del Artículo 42. De este modo se completarían los pasos del procedimiento previsto en el Capítulo VII de la Carta para poner fin a las amenazas a la paz y la seguridad internacionales. De este modo se completarían los pasos procedimentales descritos en el Capítulo VII de la Carta para poner fin a las amenazas a la paz y la seguridad internacionales.
La adopción de estas medidas por la Asamblea General y por un gran número de Estados representa una respuesta necesaria a la grave amenaza que supone para la paz mundial la política criminal del gobierno de Netanyahu, decidido a provocar un conflicto nuclear para eludir responsabilidades legales, así como la complicidad igualmente criminal de las naciones occidentales, encabezadas por Estados Unidos, hoy dirigido por un presidente que es la sombra de sí mismo y, por tanto, la sombra de una sombra.
Además, existen precedentes significativos en el derecho internacional desde la Segunda Guerra Mundial, como la resolución «Unidos por la paz» adoptada por la Asamblea General cuando el Consejo de Seguridad no actuó. Tales medidas deben considerarse ahora ante el peligro actual para la paz internacional."
(Fabio Marcelli, jurista internacional, director de investigación del Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales del Consejo Nacional de Investigación italiano y miembro de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, en Thomas Fazi , blog, 13/10/24, traducción DEEPL, fuente: Il Fatto Quotidiano)
"Los recientes ataques a la ONU por parte de Israel ni son nuevos ni producto de un error de cálculo.
Son, por el contrario, el resultado de un esfuerzo consciente por librarse de la vigilancia del (teórico) guardián de las reglas de juego establecidas tras el final de la II Guerra Mundial para regular las relaciones entre Estados, tratando de evitar un nuevo desastre planetario que nos devolviera a la ley de la jungla. Y de ahí que, olvidando que se trata de un país creado precisamente por una decisión onusiana, la historia de la relación de Israel con la ONU esté salpicada de múltiples desprecios y ataques.
Desprecios sin fin que incluyen el reiterado incumplimiento de decenas de resoluciones de la Asamblea General, aprovechando que ninguna de ellas es vinculante, e incluso del Consejo de Seguridad (en las muy escasas ocasiones en las que Estados Unidos ha renunciado a emplear su derecho de veto para proteger a su principal aliado en Oriente Medio). Israel considera que queda liberado tanto para poder incumplir sus obligaciones como potencia ocupante en Gaza y en Cisjordania, como para hacer de Jerusalén su capital “única, eterna e indivisible”, en contra del Plan de Partición, de 1947, que determinaba que sería una ciudad internacional con un “corpus separatum” diseñado para garantizar el acceso a los creyentes de las tres religiones del Libro.
Ese desprecio incluye gestos tan deleznables como el realizado en mayo pasado por el embajador de Tel Aviv ante la ONU, cuando trituró la Carta fundacional de la organización en plena Asamblea; u otros en los que el tono se eleva hasta calificar a la propia organización como una entidad antisemita, al igual que a la Corte Internacional de Justicia y a la Corte Penal Internacional, siguiendo un guion ya tan clásico como inadmisible que pretende acallar las criticas y denuncias no contra un pueblo o una religión, sino contra quien viola sistemáticamente el derecho internacional. En esta línea, el Gobierno de Netanyahu declaró la semana pasada al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, como persona non grata.
Por si eso no bastara, Israel no ha tenido reparo en poner a la organización (sus instituciones, sus trabajadores y representantes) en la diana de sus fusiles. Así, siguiendo una pauta que se remonta décadas atrás, ha vuelto a apuntar contra los cascos azules de UNIFIL, operación internacional de paz desplegada en Líbano desde 1978, y contra la UNRWA, Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. En el primer caso, se ha atrevido no solo a exigir la retirada de los 10.500 efectivos desplegados a lo largo de la Línea Azul, sino que, ante la negativa de la misión a plegarse a sus deseos, ha pasado directamente al ataque contra su cuartel general y contra algunos de sus puestos de observación. Son, sin duda alguna, ataques deliberados que buscan, una vez más, librarse de testigos incómodos que, además, tienen la misión de informar de las violaciones de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad.
En el segundo, la panoplia de acciones violentas es mucho más amplia. Por un lado, el Gobierno israelí lleva mucho tiempo tratando de eliminar la existencia de UNRWA, añadiendo obstáculos burocráticos a su actividad en el Territorio Ocupado Palestino, con el objetivo de que no pueda asistir a la población y no pueda conocer directamente lo que tanto los colonos como las fuerzas israelíes hacen a diario. Por otro, ya son más de doscientos los trabajadores de la agencia asesinados por las fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) en este último año; un macabro balance que supera con creces lo ocurrido hasta ahora a la ONU en cualquier otro escenario de conflicto donde haya estado presente.
Impunidad y ningún castigo
A eso se suman repetidos ataques a su sede central en Jerusalén, la misma que ahora el Gobierno israelí acaba de confiscar con el objetivo (aún más sarcástico) de construir 1.440 viviendas para colonos. Y en el horizonte —mientras Tel Aviv aspira a redefinir el concepto de persona palestina refugiada para dejarlo reducido a los alrededor de 400.000 aun vivos de la Nakba (en lugar de a los más de 5,7 millones registrados en la UNRWA)—, ya está en marcha en el Parlmento israelí (Knéset) el proceso para declarar a la agencia como organización terrorista.
Un comportamiento, en definitiva, que a cualquier otro Estado del planeta le habría costado un aluvión de sanciones diplomáticas, económicas e incluso militares; pero que en el caso de Israel, con la muy directa complicidad de Washington, queda sin ningún tipo de castigo. Por cierto, conviene recordar que tanto UNIFIL como la UNRWA informan puntualmente a las autoridades militares israelíes de la ubicación de sus instalaciones y de sus movimientos, por lo que no cabe aducir desconocimiento por parte de las FDI cada vez que cometen un asesinato de militares o trabajadores de las dos instancias o destruyen sus instalaciones."
(Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), eldiario.es, 13/10/24)
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