"Ese cheque servicio, de generalizarse, rompería la vía de acceso pública a los centros y servicios porque permite a los establecimientos privados seleccionar a su clientela. ¿Quién querría a los dependientes más complicados, a los enfermos mentales graves, a los ancianos con alta discapacidad? Además, los centros privados podrían añadir un plus a la factura para la cual no sería suficiente el cheque.
Y todo ello derivaría en un sistema dual donde los centros públicos atenderían a los más graves y menos pudientes y los privados a la clientela más cómoda y adinerada", asegura el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. "Por otro lado, ese sistema impide el control y seguimiento del servicio que se presta", añade Ramírez. (...)
La valoración de los dependientes (en Valencia) la efectuaba Accenture. Hubo que redactar una enmienda transitoria que otorgaba un plazo de seis meses para que esa función volviera a lo público. También en Murcia se contrataron esos servicios con el Colegio de Fisioterapeutas.
"Y la ineficacia en la gestión de esas dos comunidades ha quedado demostrada a la vista del retraso que ambas acumulan en la aplicación de la ley. En este caso la gestión privada no garantiza agilidad ninguna", dice Ramírez. Murcia ha cambiado la situación y sus estadísticas comienzan a mejorar. (...)
"La ayuda a domicilio es de pago público y gestión privada. La Administración no sabe gestionar, nosotros sí. Podemos atender a un dependiente por 70 euros al día, como media, aunque en la actualidad está en algo más de 50, pero cuando el sistema es público por completo esos costes se triplican", asegura Alberto Echevarría, presidente de la FED.
Y aquí arranca el espinoso asunto que siempre enfrenta a sindicatos y empresarios: la calidad de servicio. "Siempre se parte de la premisa falsa de que lo público es menos eficaz", dice la responsable de Servicios Sociales de CC OO, Rosana Costa.
"Pero no dicen que la reducción de costes es siempre a costa de la presión laboral a los trabajadores y que el ciudadano pierde garantías". En ello abunda su homóloga en UGT, Almudena Fontecha: "Hablan de agilidad y eficacia, pero ¿qué hay de la calidad? Y eso significa personal suficiente y con la cualificación necesaria.
¿O estaríamos dispuestos a que en un hospital en lugar de enfermeras hubiera otras figuras sin la titulación precisa?". "Además, el objetivo es la atención al ciudadano, no el lucro", remata Fontecha.
Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, vuelve también la vista a las empresas con o sin afán de lucro. "El impacto en el Estado del bienestar varía mucho si se trata de unas o de otras.
En sanidad, por ejemplo, existe mucha evidencia publicada en revistas científicas de que las empresas sanitarias privadas con afán de lucro anteponen su objetivo de optimizar los beneficios empresariales a los de mantener la calidad del servicio.
Se caracterizan por pagos muy elevados a sus equipos de dirección y gestión a costa de la reducción de personal sanitario. Estudios sobre hospitales, casas de convalecencia, empresas de diálisis renal, todos privados con afán de lucro, arrojan peor calidad que los públicos y los privados sin afán de lucro", dice.
Navarro, gran conocedor del sistema norteamericano, afirma que "el dominio de estas empresas en el sector sanitario de Estados Unidos es la causa de que el gasto en aquel país sea enorme y la satisfacción del usuario muy baja". (...)Para López Casasnovas, aquellos riesgos poco predecibles, como un cáncer o una discapacidad grave, "deben estar cubiertos para todos mediante impuestos", prácticamente sin coste para el usuario.
Para otros problemas no tan graves y más comunes "de coste no asumible dados los recursos públicos existentes, como por ejemplo, una prestación sanitaria que supere los 30.000 euros por año de vida ganado, convendría orientarlo hacia el aseguramiento complementario, es decir, primas comunitarias para quienes se esfuercen en el ahorro complementario que ello requiere, y solo muy selectivamente, sería gratuito".
Y en un tercer escalón sitúa otros servicios de conveniencia (un fármaco de marca cuando exista genérico). Para ello recomienda el "copago variable" dependiendo de la gravedad de la discapacidad.
Pero los seguros privados no convencen a José Sánchez Maldonado, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga: "A ver qué compañía privada asegura a alguien con según qué enfermedad", desconfía. "Si se trata de forma desigual a los individuos en función de su capacidad de pago, el sistema dejará de ser universal", dice.
Y zanja: "La provisión ha de estar en manos públicas, la gestión puede ser privada, y aún así habrá riesgos de selección de clientela". (El País, 06/11/2010, p. 30/1)
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