"Tomando como base las estimaciones de la comisión es probable que, una vez las medidas estén funcionando plenamente (hacia 2050), la reducción en el coste de las pensiones sea inferior a tres puntos del PIB.
Este ahorro es menos de la mitad del necesario para garantizar la solvencia a largo plazo del sistema (si no se aportan más recursos). Por ello, las medidas básicas de la reforma no garantizan la solvencia a largo plazo del sistema. Entonces entrará en juego el factor de sostenibilidad. (...)
En el recuento final, pierden los trabajadores porque de entrada se dejan hasta un 20% de pensión vitalicia a cambio de nada, y en el futuro pueden dejarse mucho más. Ganan las instituciones financieras que, a pesar de haber demostrado ser más expertas en cobrar comisiones que en dar rentabilidad, venderán más planes privados (parcialmente financiados con dinero público vía IRPF).
Pierden los sindicatos porque han demostrado su falta de fuerza y liderazgo. Solo han logrado retrasar y reducir marginalmente el recorte. (...)
La reforma de las pensiones se ha basado en una premisa ideológica presentada como técnica: las pensiones deben financiarse solo con cotizaciones a los tipos actuales. Esto implica que todo el ajuste debe ser vía reducción de pensiones. Frente a esto, se podría haber hecho una reforma que repartiera el coste adicional de las pensiones de forma justa entre generaciones, individuos y tipos de renta.
Los trabajadores hubieran soportado su parte del coste, pero a cambio se habría dotado al sistema con más recursos (cotizaciones, impuestos, fondo de reserva, deuda)." (Ignacio Zubiri: Una reforma injusta y con trampa, El País, Negocios, 30/01/2011, p. 7)
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