"El estallido de la burbuja inmobiliaria fue el detonante de la crisis
financiera y económica en España. La banca, cuya liquidez provenía en
gran medida de la banca extranjera y, muy en particular, la banca
alemana y francesa, se encontró en una situación muy vulnerable: además
de convertirse en la propietaria de la mayoría de viviendas vacías (tres
millones), ahora tenía problemas derivados de su dependencia del
capital financiero europeo, muy contaminado con los productos tóxicos
que les llegaron de Estados Unidos.
Como consecuencia, se colapsó el
crédito, afectando primordialmente a la población hipotecada y al
pequeño y mediano empresario. Todo ello causó un gran descenso de la
demanda, a lo cual ha contribuido el enorme crecimiento del desempleo.
España pasó de crear 2.4 millones de puestos de trabajo en el periodo
2004-2006 a la destrucción de dos millones en el mismo periodo de tiempo
en los años posteriores. La mitad de estos empleos corresponden a la
industria de la construcción.
En este estallido no puede ignorarse el papel que han jugado las
autoridades públicas, comenzando por el Banco de España, que cerró los
ojos ante las prácticas especulativas de la banca, algo similar a lo que
ocurrió en Estados Unidos, donde también se produjo una burbuja
inmobiliaria con consecuencias semejantes.
Los reguladores de la banca,
tanto en España como en Estados Unidos, que tenían que haber previsto
estas actividades especulativas no lo hicieron. Los análisis realizados a
partir de la crisis han mostrado unos comportamientos contables
encaminados a ocultar el verdadero estado patrimonial de la banca, como
se ha dicho, el mayor propietario de viviendas vacías en España, dándose
la situación paradójica y profundamente inhumana de que, mientras hay
millones de españoles con dificultades para acceder a una vivienda, tres
millones se ecuentran vacías.
Es más, la banca se resiste a rebajar el
precio de las viviendas que poseen, dificultando la reactivación del
mercado del sector. En efecto, durante el periodo de la crisis, el
precio de la vivienda ha bajado sólo un 17%, cuando se calcula que el
precio está sobrevalorado en un 30%.
Las medidas adoptadas por el Estado han sido claramente insuficientes.
Se podría haber penalizado el tener viviendas vacías, gravando la
propiedad anualmente en un 5% de su valor, como ha sugerido Dean Baker,
del Center for Economic Policy Research, uno de los economistas
especializados en temas inmobiliarios más conocido y respetado en
Estados Unidos. O prohibiendo que estuvieran vacías, forzando su
alquiler, medidas que se han aplicado en otros países pero que no se han
considerado en España, ni por el gobierno central ni por los
autonómicos.
Otra consecuencia del estallido de la burbuja en España ha sido la
disminución de los ingresos al Estado (los cuales dependen
primordialmente de las rentas del trabajo), pero tales ingresos han
descendido; de hecho son los más bajos de la UE-15, un 32% frente al
44% de promedio. Otros tres factores han contribuido al descenso de
ingresos del Estado.
El primero ha sido la reducción de la carga
impositiva de las rentas superiores que ha venido ocurriendo durante los
últimos quince años. El segundo, el enorme crecimiento del desempleo,
que ha alcanzado el mayor porcentaje conocido hasta ahora, un 22%, con
un 48% entre los jóvenes. El tercero, el decrecimiento económico,
resultado del descenso de la demanda.
Esta reducción de ingresos del Estado ha generado el problema de la
deuda pública, que a pesar de ser menor (68% del PIB) que en el promedio
de la Eurozona, ha estado sujeta a un gran ataque especulativo por
parte de los mercados financieros.
Tales mercados tienen escasa
confianza en la viabilidad y credibilidad de la banca española,
excesivamente mezclada con el sector inmobiliario, y en la habilidad del
Estado para pagar su deuda a causa de sus bajos ingresos." (Vicenç Navarro: La especulación inmobiliaria, 15/02/2012)
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