"Habrá vigilancia aún más estrecha y periódica. Vendrán los hombres de negro. La Gran Recesión, la crisis más profunda y prolongada del capitalismo en las últimas décadas, dejará profundas secuelas a su paso por España, que se convierte en la última frontera de la crisis existencial del euro. (...)
el Gobierno de Mariano Rajoy, con el presidente desaparecido este sábado, mostró su disposición a pedir el tantas y tantas veces negado rescate de los socios europeos para tapiar el agujero incontenible del sistema financiero.
El Ejecutivo español recibirá hasta 100.000 millones de euros, el 10% de la riqueza que produce España en un año, en una línea de crédito destinada exclusivamente a los bancos.
El Gobierno de Mariano Rajoy capitula así ante las fuertes presiones internacionales, ante el temor a que el sistema financiero español, la política griega o el pánico en los mercados detone una espiral de estampidas bancarias e impagos de países que deriven en una depresión causada por un accidente financiero. Europa trata de poner un dique de contención en España. La respuesta de los mercados llegará tan pronto como el lunes.
No hay comidas gratis: las ayudas europeas son en realidad préstamospara recapitalizar el sistema financiero, que el Tesoro deberá devolver religiosamente, a tocateja. Una vez más, el Estado sale al rescate de la banca. Eso sí: se trata de créditos blandos, en condiciones mucho mejores que las de mercado: en torno al 3%, según fuentes conocedoras de las negociaciones entre España y sus socios europeos (y el Tesoro paga actualmente más del 6% por la deuda a 10 años). A cambio, España perderá soberanía sobre su sistema financiero, pero también cederá soberanía fiscal a la Unión Europea, en contra de lo que explicó este sábado el Gobierno.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró tajantemente que la única condicionalidad será para los bancos que requieran ayudas. “No habrá ningún tipo de condiciones macroeconómicas o fiscales”, dijo en varias ocasiones en una rueda de prensa multitudinaria, informa Amanda Mars. Pero el Eurogrupo le enmendó la plana: junto a las alabanzas hacia los esfuerzos españoles por abordar sus variados y agudos desequilibrios, el comunicado de los ministros de Finanzas de la zona euro deja claro lo contrario.
Europa supervisará con mano de hierro que Madrid continúe por el camino de la consolidación fiscal, las reformas estructurales y del mercado de trabajo. “Revisaremos de cerca y regularmente los progresos en estas áreas”, según el texto.
Se reduce así hasta prácticamente cero el margen del Gobierno para desviarse de las directrices que lleguen de Bruselas. (...)
El crédito a España, como en el caso de Grecia, Portugal e Irlanda, se concede a plazos: si se incumplen las condiciones, Bruselas cierra el grifo. Además, pese a que la ayuda —a través del fondo de reestructuración de ordenación bancaria, el FROB— está pensada para reflotar a los bancos, el Estado es en última estancia el que se hace cargo de la deuda. “El Gobierno español mantiene toda la responsabilidad de la asistencia financiera”, según los socios de España.
El Gobierno quiere evitar a toda costa dos términos: rescate y condicionalidad. En uno y otro caso se trata de un ejercicio completamente inútil: la palabra “condicionalidad” aparece en ese texto que marcará la política económica de los próximos años, y muy probablemente el futuro político del propio Gobierno.
En el caso de la banca, esa condicionalidad será aún más evidente que en el ámbito fiscal: Europa exige que las entidades que necesiten ayudas activen “los planes de reestructuración de acuerdo con las reglas de las ayudas de la UE y los reformas horizontales del sector”.
En plata: venderán oficinas, recortarán personal, se desharán de activos y participaciones empresariales, despedirán a equipos gestores (como ha ocurrido en el caso de la Bankia de Rodrigo Rato), pondrán en marcha nuevas fusiones o incluso podrían verse, en último caso, liquidaciones de alguna entidad.
El último jarro de agua fría llega por laintervención del FMI, a lo que el Gobierno se oponía para ahuyentar el riesgo de quedar estigmatizado. Este organismo no será un prestamista más, como lo fue en los casos de Atenas, Lisboa y Dublín, pero sí apoyará y supervisará a las entidades con informes periódicos." (El País, 09/06/2012)
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