"Este recorte hará que decenas de miles mueran sin llegar a recibir la ayuda"

"La ayuda que reciben los dependientes para que sean cuidados por un familiar en casa se reducirá en un 15% como mínimo. El tiempo de espera para ser reconocidos por el Estado se amplía en dos años a los seis meses ya establecidos. 

Los dependientes moderados no entrarán en el sistema hasta 2015 y la Administración tampoco pagará la Seguridad Social a los personas que tengan que dejar de trabajar por cuidar a un familiar dependiente. Estas son, grosso modo, los cambios que el Congreso de los Diputados ratificará en el día de hoy en la Ley de Dependencia. A ojos de los dependientes: “El asesinato del espíritu de la ley”, señala a Público Jaime Esteban García, coordinador estatal de las plataformas en defensa de la ley de dependencia. (...)

 Los dependientes de Castilla La Mancha, por su parte, acudirán este jueves al pleno del Congreso para dejar patente su rechazo a las medidas. “Dice el Gobierno que con estas medidas quieren que los dependientes recurramos a los centros, pero los públicos no tienen plazas disponibles y los privados tienen un coste aproximado de 1.900 euros al mes. ¿Quién puede soportar esos costes?”, se pregunta Enrique Rivas, responsable de la plataforma de Castilla La Mancha. (...)

La reducción de un mínimo del 15% en la ayuda a los dependientes con cuidados familiares afectará a 435.180 personas que verán reducidas las prestaciones que reciben. Esta medida supondrá para el Gobierno dejar de gastar 285 millones de euros durante el primer año.

 Desde las plataformas no se entiende cómo puede haber "tanto dinero para unos" y "tan poco para otros" complicando aún más las economías familiares de los dependientes. "Con una persión de 400 o 500 euros quieren que te pagues una residencia. Es un empujón más a las familias”, apunta José Ausín, abogado y asesor jurídico de la plataforma de Alcorcón.

Aunque para Ausín, la “perversión moral” que representa esta reforma se refleja en la segunda reforma: la Administración tendrá dos años de plazo, más allá de los seis actuales, para tramitar un expediente. Hasta ahora, cuando el Estado se demoraba más de seis meses en la tramitación se creaba una deuda con la persona dependiente.

Ahora, el Estado tendrá dos años extra y dispondrá de hasta ocho para pagar las deudas contraídas con las familias. Esta nueva norma provocará que “decenas de miles de personas mueran en su casa bajo el cuidado de un familiar esperando recibir las prestaciones por dependencia que reconoce la ley”, señala Ausín.

Actualmente hay aproximadamente 250.000 personas dependientes con derecho a prestación esperando los trámites administrativos de los que, según el Instituto Nacional de Estadística, el 54% son mayores de 80 años, es decir, 140.400 personas. La esperanza de vida en esta franja de edad se sitúa entre los dos y los tres años.

 Por lo que, como insiste Ausín, “muchas personas morirán sin ver reconocidas su derecho o simplemente dejarán de reclamar lo que les pertenece”. “Es igual a derogar la ley”, añade el letrado, que advierte de la importancia de salir a la calle en el día de hoy: “Una vez que un derecho se pierde, ya no se recupera”, añade.

La reforma también afecta a los dependientes moderados. No podrán entrar en el sistema hasta 2015, mientras tanto sus necesidades podrán ser cubiertas por los "servicios sociales de los ayuntamientos", según argumenta el Ejecutivo.

Sin embargo, las arcas públicas municipales no andan en su mejor momento, sobre todo tras el recorte de 400 millones de euros en la partida de servicios sociales que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy, y las plataformas se temen que "no entrarán nunca".    (Público, 19/07/2012)