"Existe un gran riesgo de que las pérdidas privadas de Bankia se
transformen (o sigan transformándose) en deuda pública". El Movimiento
15MpaRato, que ejerce la acusación particular en la investigación de la
Audiencia Nacional contra Rodrigo Rato y otros 32 ex consejeros del
banco por apropiación indebida y otros delitos, discrepa de la decisión
del juez Fernando Andreu de no intervenir judicialmente la entidad, una
medida que creen que evitaría una recapitalización que compromete la
salud financiera del país y se ha traducido en los recortes del
Gobierno.
Según explicó a Público un miembro del equipo jurídico
del Movimiento, "la razón principal por la que pedíamos la intervención
era para evitar que la incomprensible urgencia por recapitalizar Bankia
siguiese comprometiendo la salud financiera del país que, a la postre,
se traduce en los recortes de derechos y servicios públicos que el
gobierno está llevando a cabo.
Para nuestra desgracia, el juez no ha
estimado como prueba el Memorandum aprobado en el seno de la UE y que
fija la hoja de ruta a seguir para las entidades que están accediendo a
los fondos de rescate bancario".
La misma fuente, que indicó que decidirán en los próximos días si
recurren la decisión del juez, consideró "una sorpresa saber que dicho Memorandum no se consideraba un documento oficial en España,
habiéndose votado, incluso, en varios parlamentos de países
comunitarios.
A pesar de que el juez aceptó en un primer momento que lo
presentásemos como prueba en la segunda vista (sobre la intervención),
finalmente no ha considerado esta prueba como suficiente para concluir
que existe un riesgo real de progresivo deterioro de la economía
nacional y, por lo tanto, no ha visto necesaria la intervención".
Para
ellos, el Memorándum es una prueba irrefutable de que el fondo de
rescate bancario no es más que una nueva treta de las élites
financieras y políticas para transferir dinero público a los acreedores
bancarios, principalmente extranjeros, y no un instrumento que
garantice la devolución de sus ahorros a los depositantes, accionistas o preferentistas
afectados por los posibles delitos cometidos en la gestación y salida a
bolsa de Bankia.
"Asímismo --concluyen--, nos extraña que el FROB sea
designado garante de las buenas prácticas en Bankia, incluso dudamos de
su calificación como organismo público, ya que depende económicamente
de fondos comunitarios para poder mantener la gestión de la entidad.
Quizás a nivel formal pueda aparentar lo contrario pero, de facto, no
deja de ser una institución al servicio de intereses bien diferentes de
los que defendemos". (Público, 31/07/2012)
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