"Una de las características que España comparte con los otros países
intervenidos en la Eurozona (Grecia, Portugal e Irlanda) es la pobreza
de su Estado. Los ingresos al Estado son de los más bajos de la UE-15,
el grupo de países de la UE más próximos a España por su nivel de
riqueza. Cuando la crisis empezó, representaban sólo el 34% del PIB (en
Grecia el 37%, en Irlanda el 34% y en Portugal el 39%.
Como comparación,
en Suecia representan el 54%). Esta pobreza se basa (como también les
ocurre a los otros países intervenidos) en la escasa capacidad
recaudatoria del Estado, que se explica, en parte, por la gran
regresividad de su política fiscal. Las rentas del capital, por ejemplo,
reciben un tratamiento muy distinto a las rentas del trabajo.
A las
primeras se las trata mucho más favorablemente que a las segundas. Esto
implica que las personas que derivan la mayoría de sus rentas de la
posesión de capital pagan muchos menos impuestos que los que derivan
tales rentas del mundo del trabajo, y que representan la gran mayoría de
la ciudadanía. (...)
En los años de bonanza económica, creada
principalmente mediante la burbuja inmobiliaria, el Estado español (que
incluye el Estado central y las CCAA) redujo los impuestos
significativamente, sobre todo de las rentas del capital y de las rentas
superiores.
Este descenso creó un déficit estructural que pasó
desapercibido porque los ingresos al Estado subieron espectacularmente,
resultado del elevado crecimiento económico y crecimiento de empleo.
Ahora bien, cuando la burbuja
inmobiliaria explotó (resultado de que la banca europea, principalmente
la alemana y la francesa – que había alimentado la burbuja inmobiliaria
española- dejó de prestar a la banca española, porque aquella, la banca
europea, estaba contaminada con productos tóxicos procedentes de la
banca norteamericana) apareció con toda su crudeza tal déficit
estructural del Estado, causado por aquellas reducciones de impuestos
(según el Fondo Monetario Internacional la mitad del déficit estructural
se debía a la rebaja de impuestos).
Pero, cuando el déficit apareció, en
lugar de anular las rebajas fiscales para recuperar los fondos del
Estado, éste (tanto central como autonómico) recortó el gasto público,
incluyendo el gasto público social, asumiendo que el crecimiento del
déficit del Estado se debía al excesivo tamaño de tal gasto público,
atribuyéndole, además, ser una de las causas de la crisis.
Tal argumento fue promovido extensamente a pesar de que la evidencia existente claramente lo cuestiona. En realidad, el Estado español, cuando se inició la crisis, estaba en superávit, y la deuda pública era de las más bajas de la Eurozona.
El crecimiento tan acentuado del déficit no se debió a que se disparara el gasto público, sino a la bajada de impuestos que había creado el déficit estructural, incrementada esta bajada por la enorme disminución de la actividad económica y del empleo, puesto que, al depender de una manera tan acentuada los ingresos al Estado de las rentas del trabajo, el elevadísimo desempleo -que el estallido de la burbuja produjo- se tradujo en una gran disminución de los ingresos al Estado. (...)
Tal argumento fue promovido extensamente a pesar de que la evidencia existente claramente lo cuestiona. En realidad, el Estado español, cuando se inició la crisis, estaba en superávit, y la deuda pública era de las más bajas de la Eurozona.
El crecimiento tan acentuado del déficit no se debió a que se disparara el gasto público, sino a la bajada de impuestos que había creado el déficit estructural, incrementada esta bajada por la enorme disminución de la actividad económica y del empleo, puesto que, al depender de una manera tan acentuada los ingresos al Estado de las rentas del trabajo, el elevadísimo desempleo -que el estallido de la burbuja produjo- se tradujo en una gran disminución de los ingresos al Estado. (...)
Ignorando estos hechos, la respuesta a la crisis fue recortar el gasto
público, sin tocar las causas estructurales del déficit. Ejemplos de
ello hay a miles. Se congelaron las pensiones, intentando ahorrar 1.200
millones de euros, recorte que hubiera sido innecesario si se hubiera
mantenido el impuesto de patrimonio (2.100 millones de euros) o se
hubiera anulado la rebaja del impuesto de sucesiones (2.552 millones) o
se hubiera revertido el descenso de impuestos a las personas que
ingresan más de 120.000 euros al año (2.500 millones)." (Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario ARA, 28 de julio de 2012, en www.vnavarro.org, 30/07/2012)
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