"La deuda pública española cerró el año
2011 con un 68,5% sobre PIB. Se estima que cerrará el año 2012 por
debajo del 81%. La media de la zona euro, según Eurostat, se situó en
2011 en el 87,2%, mientras que la de Alemania en el 81,2%, la de Francia
85,8% y la de Italia 120%.
El volumen de deuda pública no es, por
tanto, uno de los principales problemas a los que se enfrenta la
economía española.
No obstante, las tensiones en los
mercados internacionales de deuda han llevado a que el coste de
financiación del Tesoro español no sea sostenible. Y no lo es porque la
senda de crecimiento de la deuda sea insostenible sino porque el acceso a
los mercados está prácticamente cerrado, exigiendo rentabilidades
excesivas, no sólo en el tramo soberano, sino también para las
Comunidades Autónomas y, de manera significativa, para la deuda
corporativa, que hace imposible que el sistema financiero y las empresas
se financien en el mercado.
El rescate es inevitable, pero lo es porque las políticas de austeridad
excesiva han minado las posibilidades de crecimiento, han reducido los
ingresos del Estado, aumentado los gastos financieros y en prestaciones
por desempleo y han reducido el valor de los activos financieros de los
bancos, dificultando que éstos cumplan con su tarea de transmisores de
la política monetaria a través de la concesión de créditos.
Con unas necesidades de financiación
hasta final de año cercanas a los 70.000 millones de euros y la
condición impuesta por Draghi para comprar deuda pública previa
solicitud de ayuda al fondo de rescate, el Gobierno está abocado a
solicitar el rescate. Los recientes movimientos en los mercados
financieros así lo reafirman.
Frente a esta situación, el Gobierno está
ya lanzando la idea de que se tratará de un rescate blando (incluso en
semanas pasadas ha lanzado la idea de que no se trataría de un rescate,
pues preveía la posibilidad de utilizar los remanentes del rescate
financiero, hasta 100.000 millones. Esta opción fue descartada por el
Ministro de Finanzas alemán, Schäuble). (...)
Pero hay una condicionalidad no explícita, que limitará de sobremanera
la autonomía en el diseño de la política económica de España. Bajo este
tipo de programas precautorios, se pondrá en marcha la supervisión
reforzada, bajo la cual el Estado Miembro deberá proporcionar toda la
información requerida para el análisis del riesgo de los préstamos
desembolsados y para el seguimiento del desempeño macroeconómico y
financiero del país.
Ello implica que, a diferencia del rescate a la
banca, la Troika iniciaría la vigilancia, con visitas trimestrales, tras
las cuales podría considerar que a) el país se ha desviado de los
objetivos marcados y por tanto podría cortar la línea de crédito o b)
podría considerar que este tipo de asistencia financiera no es la
adecuada y recomendar un programa macroeconómico completo.
Asimismo, cada vez que se realice un desembolso, el ESM podrá reevaluar
la idoneidad de la asistencia, pudiendo decidir la finalización de la
línea de crédito si considera que el Estado Miembro se ha desviado de
los compromisos adquiridos. En ese caso, el Estado Miembro deberá
solicitar un programa macroeconómico completo.
La realidad es que, si bien la condicionalidad es menos visible, ésta es total. (...)
La condicionalidad asociada al rescate será intensa. No hay “rescate
blando”. El Gobierno, que ya ha perdido con el rescate a la banca su
autonomía en política y legislación financiera, también perdería la
autonomía en política macroeconómica.
Hay que recordar, no obstante, que
Bruselas no dicta dónde hay que recortar. Las decisiones de recortar en
educación, sanidad, I+D+i, tecnologías medioambientalmente sostenibles,
etc las toma el Gobierno de Mariano Rajoy." (Economistas frente a la crisis, 02/10/2012)
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