"Mientras los partidos
políticos y sus empresas de comunicación de masas se afanan por difundir
entre la población el bulo de la paralización de los desahucios, el
pasado 14 de noviembre, durante la jornada de huelga, se intentaron
ejecutar dos desalojos en el barrio.
En el intento de paralización de
uno de ellos hubo una brutal carga policial que se saldó con varios
vecinos heridos y un compañero de la Asamblea de Lavapiés apaleado y
detenido. Por solidarizarse con sus vecinos desahuciados, ahora se
enfrenta a un juicio en el que le acusan de atentado a la autoridad y
daños. (...)
El primer intento de desahucio estaba previsto para las 10:30 en una
vivienda del número 15 de la Calle Cabestreros. Desde las 10:15 de la
mañana, una pareja de funcionarias del juzgado, acompañadas por una
representante de Bankia, acudieron a la puerta del inmueble con la
intención de desahuciar a seis vecinos.
Estos eran arrendatarios de un
piso propiedad de un desaprensivo, Abdul Khalek, quien había seguido
cobrándoles en mano el alquiler de 500 euros mensuales a pesar de que la
vivienda había sido subastada a favor de Bankia hacía más de un año.
De
nada habían servido los diferentes documentos que, una vez notificado
el lanzamiento, los inquilinos habían presentado en el juzgado en prueba
de su condición de arrendatarios y solicitando la asunción de su
contrato de alquiler por la entidad financiera.
Tampoco habían sido
atendidos los escritos presentados por los trabajadores sociales del
Centro San Lorenzo de Lavapiés, demostrando la vinculación de los
inquilinos con la comunidad, su situación de vulnerabilidad (cinco de
ellos están en trámites de regularización de sus permisos de residencia)
y su absoluta carencia de una alternativa habitacional.
Varios
miembros del Grupo de Trabajo de Vivienda de la Asamblea Popular de
Lavapiés intentaron establecer un diálogo con las desahuciadoras,
apelando de nuevo a la precariedad en que dejarían a los habitantes de
la vivienda en caso de practicar el desalojo e incluso hablándoles de la
importancia de secundar la huelga.
Ante el nulo interés demostrado por
las ejecutoras del desahucio, el piquete móvil de las asambleas del sur
que recorría en esos momentos las calles del barrio fue alertado de la
situación. En pocos minutos, hasta doscientas personas acudieron a la
puerta del inmueble y expulsaron de forma pacífica a la comisión
judicial y a la usurera de Bankia, que emprendieron la huida por la
calle de Embajadores arriba, con gritos de “¡asesinas, asesinas!” como
música de fondo.
No debían estar acostumbradas estas personas a una
respuesta de este tipo por parte de vecinas hartas de los desahucios, de
modo que, para evitar el escarnio público, decidieron esconderse en la
iglesia de San Cayetano.
Allí, el cura párroco, en consonancia con la
política de la institución a la que representa, una de las principales
inmobiliarias de la ciudad, decidió cerrar las verjas de entrada a su
iglesia, para proteger, según palabras textuales suyas, a aquellas
“pobres trabajadoras”.
Unos pocos minutos después, y en medio de
infructuosos diálogos entre los vecinos solidarios con los desahuciados y
el párroco protector de los desahuciadores, la representante de Bankia
compareció de nuevo a las puertas de la iglesia. Desde detrás de las
rejas informó a los vecinos de que había hecho las pertinentes gestiones
y el desahucio había quedado paralizado con carácter indefinido.
La
noticia fue recibida con alegría por los vecinos del barrio,
especialmente por los inquilinos de la vivienda, que pudieron llevar de
nuevo al interior de su casa las maletas que tenían arrumbadas en el
pasillo de entrada al inmueble en previsión del inminente desahucio.
Poco
duró, sin embargo, la alegría para los vecinos del barrio. De forma
espontánea, una familia del barrio acababa de comunicarles su desahucio
del piso en el que vivían en la Calle Mesón de Paredes. Cuando el
piquete llegó corriendo al lugar, dos policías municipales, la comisión
judicial y un representante de la entidad bancaria habían entrado ya en
la vivienda y habían practicado el desahucio.
Otra docena de agentes de
Policía Municipal custodiaban la puerta del inmueble, impidiendo a los
vecinos acercarse. Después de una media hora larga en que los vecinos
estuvieron en la puerta visibilizando el drama de los desahucios y
coreando consignas contra políticos, banqueros y fuerzas de seguridad
del Estado, el piquete decidió marcharse para continuar sus tareas de
información sobre la jornada de huelga por los comercios del barrio.
En
el momento en que se desplazaban por la plaza de Agustín Lara hacia la
calle de Embajadores, hacia la una de la tarde, un comando de las UIP de
la Policía Nacional arremetió contra ellos por la espalda. Hasta seis
vecinos fueron heridos, uno de ellos de gravedad por un porrazo en la
mandíbula.
Todos ellos presentaron sus correspondientes partes de
lesiones en el centro de salud de la plaza de Agustín Lara e
interpondrán denuncias en los juzgados de Plaza de Castilla por las
agresiones recibidas.
Jorge, compañero de la Asamblea de
Lavapiés, se llevó la peor parte. Después de ser apaleado en el suelo
por varios agentes, fue esposado y detenido. Pasó 24 horas de vejaciones
en los inmundos calabozos de la comisaría de Leganitos, hasta que
finalmente pasó a disposición judicial a mediodía del jueves. Finalmente
fue liberado a las 13:30 p.m., con cargos de atentado, resistencia a la
autoridad y daños." (Grupo de Vivienda de la Asamblea de Lavapiés, Rebelión, 21/11/2012)
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