"Del cúmulo de problemas que aquejan a nuestra democracia, rebajando
su calidad hasta niveles ínfimos, la corrupción es uno de los peores, lo
que justifica la merecida desconfianza de la ciudadanía hacia una clase
política que tan indignamente nos representa.
Y ese cáncer de la
corrupción política, cuya metástasis se ha extendido a todo el cuerpo
del Estado, arranca de su origen basal en las Administraciones locales,
internamente corroídas por el mal de las comisiones ilegales,
fraudulentas y clientelares derivadas del boom de la burbuja
constructora y urbanística que arrasó España desde los años 80, según el
ejemplo del célebre 3% denunciado por Maragall.
La lista resulta
interminable, desde su inicio en Marbella hasta su generalización en los
ayuntamientos de las comunidades de Madrid, Valencia y Baleares, sin
olvidar los casos Palau y Pretoria. Pero tras el estallido de la burbuja
seguimos igual, como revela la reciente imputación a los alcaldes de
Sabadell, Orense, Lugo y los dos de Santiago de Compostela.
¿Cómo se explica esta epidemia? Al decir de Alejandro Nieto
(catedrático de Derecho Administrativo y autor de Corrupción en la
España democrática), la causa de semejante patología proviene de la
supresión del cuerpo estatal de interventores municipales, creado en
1924 para acabar precisamente con el caciquismo territorial.
Pero en
nombre de la autonomía local garantizada por la Constitución, los
interventores municipales fueron colocados desde los años 80 bajo la
dependencia orgánica de los mismos Ayuntamientos a los que debían
controlar. Así fue como se hizo posible la resurrección del caciquismo
clientelar, pues ¿cómo fiscalizas las cuentas de la corporación que te
elige, te nombra, te paga el sueldo y te suspende si quiere?
Recuérdese
la célebre ecuación de Klitgaard: Corrupción política = Monopolio de la
decisión + Discrecionalidad del decisor - Rendición de cuentas ante un
órgano de control independiente. Ésta es la función a desempeñar por el
interventor, que debe fiscalizar las decisiones adoptadas. Pero si
depende orgánicamente de la alcaldía, la alcaldada se hace inevitable.
De modo que la restauración del cuerpo estatal de interventores
municipales podría significar el inicio del saneamiento de la corrupción
política desde la base misma de la pirámide administrativa.
Pero para
completar el proceso de limpieza democrática haría falta que la
intervención estatal se elevara de escala para pasar a controlar también
las cuentas de las comunidades autónomas desde el Estado central. Este
sería el verdadero federalismo que necesitamos, para reformar las
evidentes disfunciones surgidas tras el desarrollo del Título VIIIº de
la Constitución, que ha degenerado en una deriva autonómica en clave
confederal.
No la recentralización política, como reclaman los
nostálgicos del centralismo estatal, sino la fiscalización de los
poderes locales y autonómicos por parte de los interventores federales
del Estado." (
Enrique Gil Calvo , El País, 6 ENE 2013)
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