"La privatización de los análisis clínicos en la Comunidad de Madrid
“ha puesto en riesgo la vida de los pacientes”, en algunos casos
enfermos de gravedad, según denuncian los propios médicos y se desprende
de partes de incidencias a los que ha tenido acceso la Cadena SER.
Según el pliego de condiciones de la adjudicación de ese servicio, la
Comunidad de Madrid tendría que haber sancionado a las empresas
implicadas, pero no lo hizo. En un comunicado, publicado tras la
información de la SER, la Consejería de Sanidad alega que desconocía
esas incidencias.
Desde que en 2009 el entonces consejero de Sanidad, Juan José Güemes dejó en manos privadas los análisis clínicos de los seis nuevos hospitales inaugurados por Esperanza Aguirre, se han sucedido graves incidencias, como retrasos en los resultados, pruebas que no se correspondían con las que habían solicitado los especialistas, análisis que tuvieron que repetirse porque después de meses de espera las pruebas ya no eran útiles.
Las denuncias han sido realizadas por los propios médicos, que han enviado a los máximos responsables cartas, mails, y partes de incidencias en las que advierten de la gravedad de los problemas, de los “retrasos injustificados con consecuencias muy graves”, según los citados documentos.
Los problemas se iniciaron desde que en 2009 empezó su gestión el Laboratorio Central del Hospital Infanta Sofía, un laboratorio público, pero gestionado por una UTE (Unión Temporal de Empresas), formada por el Laboratorio Balagué y BR Salud.
Antes de que el Laboratorio Balagué vendiera su parte a Unilabs, enviaba a Barcelona todas las pruebas que no se pueden realizar en el Laboratorio Central del Hospital Infanta Sofía. Aquí entraban análisis genéticos muy delicados para descartar enfermedades muy graves.
Esta
circunstancia causaba grandes retrasos en los resultados, según han
denunciado los médicos. “Había todo tipo de retrasos, incluso en pruebas
rutinarias de bioquímica, por ejemplo, en pruebas de citratos, pruebas
que tenían que tardar una semana, no llegaron en meses”, afirma una de
las fuentes consultadas por la SER.
Casos de incidencias graves
En mayo del año pasado, los médicos se enteraron de que el Laboratorio Balagué se había quedado sin reactivos, que son un elemento indispensable para realizar los análisis. Esto provocó que varias pruebas, algunas incluso muy dolorosas como las punciones lumbares tuvieron que repetirse porque las muestras para extraer ‘líquido encefaloraquideo’ ya no eran útiles después de tantos meses de espera.
Un parte de incidencia con fecha de junio de 2012 da cuenta de una
paciente con leucemia, que no tenía los resultados después de seis
semanas, pese a que debería tenerlos. Su médico advirtió a la dirección
del Laboratorio Central que ese retraso “pudo conllevar la muerte de la
paciente porque la demora pudo llevarles a fallar en su diagnóstico y
tratamiento”.
La Comunidad de Madrid tendría que haber sancionado a las dos empresas adjudicatarias del servicio, según el pliego de condiciones del contrato, como una “falta grave”, sancionada con hasta 90.000 euros de multa. Pero el Gobierno madrileño no ha tomado cartas en el asunto." (El Plural, 14/02/2013)
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