“Ahora tenemos más desahucios de viviendas sociales que de bancos”, explica Feli Velázquez,
de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. En Madrid, el Instituto
de la Vivienda de Madrid (IVIMA), responsable de la vivienda social en
la región, y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), su
equivalente en el municipio, sumaban hasta hace unos meses 28.000
viviendas en régimen de alquiler social destinadas a familias con
escasos recursos económicos.
Sin embargo, estas instituciones públicas se han convertido ya en una de las principales responsables de los desahucios que tienen lugar en la Comunidad. (...)
El IVIMA y la EMV lanzaron alrededor de 40 desahucios diarios durante los últimos meses de 2012, según cifras de la PAH. “Son
casos en los que las deudas rondan los 4.000 u 8.000 euros.
Son deudas
pequeñas por las que dejan a gente en la calle”, explica Feli, quien
añade que la negociación para evitar desahucios con estas dos entidades es mucho más dura que en los casos de bancos y que los desahuciados se quedan sin ninguna alternativa habitacional ya que pierden el derecho a optar a otra vivienda social. (...)
Desde el IVIMA excusan esta rigidez en que estos “fraudes” impiden que
los ciudadanos con derecho a viviendas públicas accedan a ellas, pero
estas “buenas intenciones” contrastan con que decenas de familias
afectadas han acudido en las últimas semanas a las sedes de ambas
instituciones para pagar sus deudas, con el dinero en mano, y han sido rechazadas,
por lo que aún tienen abiertos sus procesos de desahucio.
A esto se
suman las denuncias lanzadas desde la PAH por los cientos de pisos
vacíos: “Hay bloques en los que hay hasta cuatro viviendas vacías”, dice Feli.
Según la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), en el barrio de Tetuán hay todo un bloque de viviendas del IVIMA completamente vacío desde hace dos años y medio,
y edificios como el de la calle Visitación, en Usera, sólo han tenido
vida durante los seis meses que fue convertido en centro social por los
vecinos del barrio hasta que fue desalojado en julio.
En otros barrios, el largo tiempo que pasa hasta que un piso del IVIMA es desalojado y vuelto a adjudicar provoca
que las ocupaciones se multipliquen, muchas veces con el beneplácito de
los vecinos, ya que, al menos, los nuevos inquilinos pagan la comunidad.
Y es que el IVIMA, según explican desde la FRAVM, acumula deudas con
las comunidades de vecinos por los pisos y garajes vacíos de los
edificios que gestiona de hasta 50.000 euros y algunas de las
comunidades están ya sufriendo el corte de suministros básicos, como
agua y luz, al no poder hacer frente por esta razón a los pagos.
Las deudas se unen a otro problema común: el completo abandono en cuanto a reparaciones en sus edificios, en su mayoría grandes bloques alejados del centro de la ciudad y mal comunicados.
“En
toda la comunidad sólo hay dos o tres personas para gestionar las
reparaciones en las comunidades del IVIMA”, explica Cristina M., ex
trabajadora del ya extinto Servicio de Asistencia Vecinal (Asivecam).
Vecinos que, desde 1992, viven con un muro lateral apuntalado en el
Pozo del Tío Raimundo, otra comunidad que vive con un techo desprendido
en Vallecas o fallas en la propia estructura de un edificio en Tetuán
son algunos casos de los que el IVIMA no se ha hecho cargo.
En el barrio de Las Aves, en Aranjuez, aún no se ha ejecutado una
sentencia del Tribunal Supremo de 2003 en la que se condena al IVIMA y a
la empresa constructora, Dragados y Construcciones, filial del Grupo
ACS, a reparar las fallas en la cimentación y grietas existentes en la
mitad de las 1.504 viviendas construidas en los ‘80 en el barrio. Las
reparaciones nunca se llevaron a cabo y, el pasado noviembre, el Pleno
del Ayuntamiento decidió derribar y reconstruirlo entero.
A pesar de los precedentes, el grupo presidido por Florentino Pérez
siguió recibiendo adjudicaciones del IVIMA para la construcción de
nuevas promociones de vivienda social, (...)
“Lo más sintomático es que se produzcan ahora,
porque según ellos muchos de los casos son de gente que lleva 15 o 20
años sin pagar –explica el responsable de Vivienda de la FRAVM, Vicente
Pérez, sobre la ola de desahucios de IVIMA y EMVS–. Parece que las
intenciones que hay detrás son otras”.
Durante este año, el Gobierno de Madrid señaló como objetivo a derribar al organismo de vivienda pública municipal. Ya en octubre, la alcaldesa madrileña Ana Botella anunció que la EMVS “alquilará y venderá todo lo que tiene construido”
.
Dos meses después, el Ayuntamiento intentaba vender por 21 millones de
euros un paquete de 120 viviendas, desalojando a sus inquilinos, a Renta
Corporación, inmobiliaria en la que ejerce como consejero Ignacio López
de Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de
Cospedal." (Diagonal Global, 05/02/2013)
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