La desdichada rémora que nos paraliza es que hayamos confiado durante demasiado tiempo el poder económico a aquellos pocos que, llamándose a sí mismos empresarios, no saben hacer absolutamente nada

"De entre las mayores estafas de la transición española que siguió a la muerte de Franco, parece que nadie quisiera abordar la que probablemente reviste más gravedad: 

la pervivencia sin alteración alguna al frente de nuestra economía del mismo empresariado franquista, arcaico, burocratizado, esclerótico y esclavista que dominó el país por regalía del Estado durante décadas y que solamente había visto amenazados sus privilegios en los turbulentos pero esperanzadores años de la Segunda República.

 Un empresariado parasitario, rentista en el peor sentido de la palabra, compuesto por familias de ineptos y débiles mentales, al que nadie, y menos que nadie los grandes sindicatos, ha pedido cuentas nunca.(...)

 Por el contrario, los grandes empresarios españoles se limitan a contrataciones masivas de trabajadores sin derechos y con bajos salarios en los días de prosperidad, para luego despedirlos también masivamente cuando se precipita la crisis. 

De modo que jamás invierten en mejoras tecnológicas ni en empleo cualificado; pueden competir con los talleres multitudinarios de esclavos del Tercer Mundo, pero jamás podrán hacerlo con la moderna industria europea.

 Su participación en sectores tecnológicos más avanzados ha de basarse, significativamente, en la subcontratación, sobre todo para cazar las correspondientes subvenciones y desgravaciones fiscales. 

Las empresas alemanas representan a la moderna burguesía industrial centroeuropea en un mundo capitalista en crisis, por supuesto. Pero es que nuestra tragedia estriba en no haber alcanzado ni tal punto del desarrollo histórico; nosotros llamamos empresarios a un estamento que concibe su función de liderazgo social como la de señores feudales, o aún peor, porque ni siquiera asumen la obligación de proteger a sus vasallos de enemigos exteriores. 

Poco puedo decir yo de los empresarios alemanes; imagino que el profesor Höhler sabrá de lo que habla. Pero sí podría ofrecer, quizá, testimonio de cierto valor acerca de los empresarios españoles, con los que he tenido que tratar a lo largo de más de veinte años de ejercicio como funcionario de Hacienda (soy, efectivamente, un gastador de folios y bolígrafos, según la representación del universo de Joan Rosell). 

Mi experiencia, si es que posee algún valor, desmiente por completo la imagen habitual de los gestores de las grandes empresas privadas como águilas de las finanzas, incluso en la versión de ejecutivos despiadados y manipuladores geniales. La ética, desde luego, no es una virtud que uno vea florecer en demasía, pero tampoco el talento abunda. 

Gordon Gekko, el personaje de Michael Douglas en la película Wall Street , es una figura diabólica y épica que despierta en nosotros en idéntica proporción temor y reverencia, pero en nuestro país no se corresponde con ningún tipo real. En nuestra realidad, su lugar lo ocupan vulgares mamarrachos que basan su enriquecimiento en el tráfico de influencias facilitado por políticos y funcionarios convenientemente sobornados. 

Por supuesto, en este alto nivel, lo que llamo mi experiencia se limita a los efectos de las decisiones empresariales. Los ejecutivos no acostumbran a tratar personalmente con simples funcionarios gastadores de folios y bolígrafos. Pero la cosa no mejora mucho si se desciende al escalón de los abogados, los contables y los departamentos financieros, salvo honrosas excepciones.

 Desde el principio me pareció insólito el escaso esmero que nuestras empresas privadas ponen en la organización de sus cuentas. No es raro que, si uno desea conocer cómo se ha elaborado el balance de una sociedad mercantil, tenga que acabar hablando por teléfono con un administrativo o un auxiliar de la empresa porque el director financiero o el jefe de contabilidad no saben responder a preguntas concretas y elementales.

 No es raro tampoco que las empresas rehagan sus cuentas anuales varias veces, y tengan que depositar media docena de modificaciones en el Registro Mercantil en apenas unos meses e instar otras tantas rectificaciones completas de la declaración de Impuesto sobre Sociedades.

 Porque se ajustaron mal los desfases del Plan General Contable de 2007, porque no se saben calcular las provisiones, porque se ignora lo más básico del funcionamiento del IVA, porque se les colaron dos milloncitos en una amortización, o contabilizan invariablemente mal las primas que cobran los directivos, o porque, simplemente, alguien de la empresa olvidó formalizar la solicitud de devolución de medio millón de euros. 

En la medida en que, salvo los jóvenes becarios, uno va viendo desfilar por la oficina a los mismos abogados y contables, es de esperar que, cuando la empresa pierda dinero por las pifias de contabilidad, a quien se despida sea al auxiliar o al administrativo. 

Por semejantes meteduras de pata podría abrirse expediente de responsabilidad patrimonial a cualquier funcionario público y exigirle que pagara de su bolsillo el quebranto económico que fuese consecuencia directa de sus errores. Claro que, en la Administración Pública, igual que en la empresa privada, los directivos suelen quedar a salvo de responsabilidad.

 Y no es de extrañar, por ello, el fenómeno de la llamada «puerta giratoria» entre el sector público y el privado: para moverse con soltura a un lado y otro de la puerta, si se dispone de la adecuada agenda de relaciones con el poder, el grado de incompetencia es perfectamente homologable. 

Ahora bien, en la Administración Pública aún pervive un nivel mínimo de solvencia técnica que desaparecerá tan pronto como, según los anhelos de Joan Rosell, se consiga que los funcionarios no afectos al régimen sean enviados a su casa, con o sin subsidio. 

La ineptitud en la contabilidad y la gestión fiscal de las empresas no es más que un caso particular de la ineptitud generalizada. Los grandes empresarios españoles constituyen una casta carente de responsabilidad; las catastróficas consecuencias de su inutilidad las pagan con pérdidas de derechos millones de trabajadores y trabajadoras que sí cumplen en su abrumadora mayoría y de manera diligente la tarea que les compete, así como casi todos los contribuyentes con su ruina. (...)

Son los empresarios los que no entienden la importancia del talento y los culpables del subdesarrollo industrial español. Acerca de este extremo, ha escrito con mayor conocimiento de causa que yo mi buen amigo Manuel Martínez Llaneza («¿Empresarios o diazferranes? », Rebelión, 24 de febrero de 2011). 

Como él, creo que Díaz-Ferrán, a quien los patronos tuvieron al frente de su organización más representativa hasta el final, es ni más ni menos que la expresión más fiel de lo que es, o lo que se entiende que es, un empresario español. Cabe temer que lo que le diferencie con muchos de sus colegas sea solamente que a él ya lo han desenmascarado. 

¿Recuerdan ustedes alguna propuesta de la CEOE, una sola, de mejora en la organización de la producción industrial, alguna idea para aprovechar mejor la capacidad de los equipos técnicos, alguna reforma que no vaya de incrementar directamente su beneficio por empobrecimiento de los trabajadores? De manera más general, ¿en qué consiste en España la actividad empresarial exactamente?, ¿en conseguir del Estado la posibilidad de pagar salarios más bajos, despedir más barato, pagos de subvenciones y rebajas de impuestos y cotizaciones sociales, amén del regalo de trozos del sector público a medida que arruinan los sectores económicos que se les habían regalado antes? 

 Finalizado el franquismo, y aún en los últimos lustros de la dictadura, las Administraciones públicas les cedieron miles de millones de plusvalías en el sector inmobiliario, a costa del derecho a la vivienda de millones de ciudadanos, a costa de la quema del territorio y la destrucción del entorno natural y a despecho del artículo 47 de la Constitución.

 Hicieron reventar el sector inmobiliario y, con él, dinamitaron la totalidad de la economía. Ahora exigen cobrarse la suculenta pieza de la educación y la sanidad, sobre la que harán barbecho si se les consiente.(...)

 Entonces, ¿cuál es, en suma, la aportación del empresario: sólo engordar su cuenta corriente y disfrutar de la compañía del rey en las cacerías y de los ministros en los banquetes? Y si no hay ninguna aportación del empresario, ¿por qué no prescindir de él?

Nosotros, la gente de a pie, sabemos que, aunque nuestros gobernantes no lo crean cuando lo dicen en sus actos de propaganda, éste es un gran país. 

La inmensa mayoría de nuestros carpinteros hacen muy bien su trabajo, igual que los fontaneros, los transportistas y los conductores de autobús; tenemos a magníficos profesores y a los mejores médicos del mundo, a investigadores de enorme prestigio y a entregados policías municipales y bomberos. Somos millones de ciudadanos y ciudadanas honrados y laboriosos dispuestos a poner nuestro saber y nuestro esfuerzo al servicio de la prosperidad común. 

La desdichada rémora que nos paraliza es que hayamos confiado durante demasiado tiempo el poder económico a aquellos pocos que, llamándose a sí mismos empresarios, no saben hacer absolutamente nada. La esperanza estriba en que cada día más gente se está percatando de la trampa."             (Ricardo Rodríguez, Rebelión,  22/02/2013)