"Era el negocio más seguro que podían soñar, máxime en tiempos de crisis: financiación y clientela públicas y beneficio privado.
Las empresas constructoras, tras el estallido de la burbuja
inmobiliaria, han entrado con fuerza en la gestión de los hospitales de
gestión privada: una parte ellas implicadas en la trama Gürtel como
BEGAR, Ploder, Hispanica, otras “donantes” del PP como OHL, o el Grupo
Cantoblanco de Arturo Fernández.
Estas empresas aparecen formando parte
de UTEs junto a Cajas de Ahorros “nacionalizadas” tras el
correspondiente saqueo como la CAM o receptoras de ingentes fondos
públicos como BANKIA, y al lado de aseguradoras privadas como Sanitas o
Adeslas. CAPIO, propiedad de CVC Capital Partners, grupo de capital
riesgo y dedicado a la especulación, tiene todos los visos de llegar a
ser en el gran monopolio de la gestión privada de la sanidad pública
La vinculación entre decisiones políticas e intereses empresariales
es evidente. Ex Consejeros de Sanidad como Manuel Lamela, con intereses
en Capio, o Güemes, que tuvo que dimitir como consejero de Unilabs,
propiedad de Capio, empresa a la que él adjudicó la gestión de análisis
clínicos de seis hospitales, lo ilustran.
Otro caso es el Antonio
Burgueño, actual Director General de Hospitales de la Comunidad de
Madrid, quien fue director médico de Adeslas, empresa integrada en
Ribera Salud y principal impulsor del primer hospital de gestión
privada, el de Alzira, y cuyo hijo, Antonio Burgueño Jerez, trabaja como
jefe de la Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad en Ribera Salud,
empresa adjudicataria del Hospital de Torrejón. (...)
El robo de la sanidad por las empresas privadas, con la connivencia
necesaria de los gobiernos, no es solo un expolio de recursos públicos,
es además un crimen. El negocio en la sanidad, imposible si se presta
una atención universal y de calidad, se consigue atentando contra la
vida y la seguridad de las y los pacientes, además de incrementando el
coste.
La explicación de los mecanismos para conseguirlo sobrepasan los límites de este artículo. Enumero algunos de ellos:
- Disminución de la cantidad de personal (en torno al 30%) y de la cualificación del mismo.
- Selección de pacientes, dejando los no rentables para la sanidad pública.
- Sobreindicación de intervenciones quirúrgicas rentables.
- Priorización de pacientes en función de los ingresos que su atención reporta a la empresa.
- Presión sobre las administraciones sanitarias, a través de la connivencia de políticos, para elevar las cuantías que les paga la sanidad pública.
La ejecución de los mecanismos de ahorro (altas precoces, baja
utilización de recursos caros de diagnóstico y tratamiento), vitales
para conseguir el negocio, requieren de la “colaboración” sobre todo del
personal médico, que es quien indica el gasto. Para lograrlo son
determinantes los contratos temporales, la inseguridad en el trabajo y
que una parte importante del salario esté vinculada al cumplimiento de
objetivos de disminución del gasto.
La realidad es que todo este engranaje tiene una cobertura legal
incuestionable, refrendada por sentencias de los tribunales ante los que
se ha denunciado: la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión.
Dejo para la
reflexión de quienes lean estas líneas la valoración de lo que para sus
propias vidas supone la privatización de la sanidad y la consecuente
decisión acerca de la actuación necesaria para impedir que tamaña
salvajada culmine." (Attac Madrid, 04/03/2013)
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