"De cada euro que los españoles pagamos por el recibo de la luz,
apenas veinticinco céntimos corresponden al coste de generar la
electricidad necesaria para el suministro. El resto es imputable a conceptos como el transporte, la distribución, la gestión comercial y los gravámenes que el Estado impone, cuyo peso sobre el total ronda el 50%.
Uno de los elementos más perturbadores en los últimos años ha sido el llamado déficit de tarifa, que permite moderar la subida de los precios con criterios políticos, a cambio de encarecer la factura en el futuro. El déficit de tarifa, creado cuando Rodrigo Rato era vicepresidente económico, acumula ya 26.000 millones de euros y representa casi una décima parte del importe del recibo de la luz.
Para
evitar que continuara creciendo, el Gobierno de Rajoy adoptó el año
pasado una serie decisiones presupuestarias y fiscales, completadas en el último Consejo de Ministros con una reforma eléctrica que no ha contentado a nadie. En virtud de ella, el déficit de tarifa previsto para 2013 se va a reducir en 4.500 millones, que se suman a los 6.000 derivados de las medidas puestas en marcha en 2012.
De esos 4.500 millones, 1.800 los vamos a pagar entre todos,
ya sea en calidad de consumidores (900) como de contribuyentes (otros
900), y los 2.700 restantes correrán por cuenta de las compañías
productoras, que verán reducida la retribución por sus redes de
transporte y distribución y las primas a las renovables.
La modificación del régimen regulador de esas primas
es uno de los elementos más controvertidos de la reforma, porque va a
frenar la implantación de algunas energías alternativas y supone un
quebranto para quienes invirtieron en ellas al calor de las fuertes
subvenciones establecidas.
Pero, según fuentes del sector, la situación
actual es insostenible por el espectacular crecimiento que las
renovables han tenido en nuestro país, pues no en vano hoy aportan 4.000
megavatios de potencia al sistema, cuando la previsión inicial eran
400.
Las mismas fuentes atribuyen ese sobredimensionamiento a una
legislación demasiado flexible y a la falta de controles suficientes
para evitar el fraude, muy concentrado en las fotovoltáicas. (...)
Desde que gobierna el PP, el recibo de
la luz ha subido un 8%, lo que sitúa a España entre los países más caros
de la Unión Europea, sólo precedido por Irlanda y Chipre, lo que
no sólo supone un agravio para los ciudadanos, sino también un
importante obstáculo para la competitividad, porque la energía es uno de
los principales costes a los que deben hacer frente la inmensa mayoría
de las empresas." (Público, 16/07/2013)
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