"El presidente de Iberdrola,
Ignacio Sánchez Galán, ha decidido lanzar un órdago fiscal en sus
cuentas del primer semestre. La eléctrica ha adelantado el pago de 316
millones de euros en impuestos a cambio de actualizar activo de su
balance por un importe de 6.323 millones de euros.
Con ello, genera
activos fiscales diferidos que le permitirán ahorrarse en el futuro
1.854 millones, con lo que el efecto neto es de 1.538 millones de rebaja
de la factura fiscal.
Iberdrola ha podido realizar esa operación porque el Gobierno del
Partido Popular promovió a finales del año pasado una ley de
actualización de balances (que tuvo su réplica en las haciendas forales
vascas) que permitía actualizar los balances pagando un 5% de la
revalorización.
A partir de 2015 la amortización de ese mayor valor es
fiscalmente deducible al tipo impositivo general (actualmente el 30%).
El propósito del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, era adelantar
ingresos en vista de los problemas para reducir el déficit público, aun a
costa de penalizar fuertemente la recaudación de ejercicios venideros.
La actualización de balances acometida por Iberdrola es tan ambiciosa
que la eléctrica cubre por sí sola los objetivos de recaudación que se
fijó el Gobierno para todas las empresas españolas, que cifró en 300
millones de euros. "El grupo Iberdrola ha acogido a esta normativa un
parte significativa de sus activos situados en España", señala la
empresa en sus cuentas anuales resumidas del primer semestre.
La matriz del grupo no utilizó la norma, pero sí lo han hecho varias
de sus filiales, que han aprobado esas revalorizaciones en sus juntas de
accionistas de finales de junio y han liquidado a Hacienda a principios
de julio. Las arcas públicas se encuentran así con unos fuertes
ingresos este mes, superiores a los previstos en la norma.
La actualización de balances se adapta como un guante a las empresas
que tienen inversiones en inmovilizado con una vida útil muy larga, como
es el caso de las eléctricas, que amortizan sus activos en periodos muy
largos (como ocurre con algunas instalaciones hidroeléctricas,
nucleares o de distribución), de hasta 65 años." (El País, 24/07/2013)
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