"La negativa de la Generalitat a pagar por los nuevos dependientes
deja a sus familias en una situación límite. El recorte deja un millar
de afectados.
Con una ceguera derivada de la diabetes que arrastra desde hace años,
las secuelas de un infarto aún patentes y una parálisis del diafragma
que le obliga a depender permanentemente de una máquina de respiración
artificial, María Teresa Querol, de 81 años y dependiente moderada de
grado II, es, junto a varios centenares de ancianos, uno de los rostros
que se esconden detrás del último tijeretazo de la Generalitat a la ley
de dependencia.
La decisión del gobierno catalán de suspender, durante
agosto y septiembre, las prestaciones económicas para pagar residencias a
nuevos dependientes y los ingresos asociados a estas ayudas ha
trastocado, todavía más, la delicada economía de la familia Querol. Tras
pedir un crédito de 10.000 euros para afrontar el coste de una plaza
privada, su hija, Iolanda Monfort, ya se plantea vender la casa.
La imperiosa necesidad de ingresar a la anciana en una residencia
obligó a la familia a localizar un geriátrico privado mientras aguardaba
la concesión de una plaza pública. Ante una lista de espera de 17.000
personas y 18 meses de demora media para acceder a una residencia de la
Generalitat, la familia de María Teresa solicitó la prestación económica
vinculada (PEV), para sufragar temporalmente una parte del ingreso de
la mujer en el geriátrico privado.
Paralelamente, Iolanda pidió también
un crédito de 10.000 euros para afrontar el coste de la plaza que, en
total, ascendía mensualmente a cerca de 2.000 euros. “Calculaba que con
el crédito y la ayuda económica, que iba a ser de 400 euros, podríamos
hacer frente a los 24 meses que tardarían, según nuestros cálculos, en
concederle una plaza pública”, explica Iolanda.
Sin embargo, las cuentas y los cálculos de la familia se quedaron en
nada tras el escueto comunicado que colgó el Departamento de Bienestar
Social y familia en su web hace unos días para informar de la suspensión
temporal de las PEV. El nuevo hachazo a los servicios sociales se
cebaba esta vez con las prestaciones económicas que ayudan a sufragar
plazas privadas a los dependientes que no encuentran una habitación en
las residencias públicas.
La Generalitat achacó la medida a “la
deficiente financiación por parte de la Administración del Estado”, a la
que acusa de abonar solo el 20% del gasto en dependencia. El Ministerio
de Sanidad, por su parte, negó la versión del Ejecutivo catalán y
aseguró estar al día con los pagos para financiar la ley de dependencia. (...)
Iolanda Monfort reconoce que la noticia del nuevo tijeretazo la pilló
por sorpresa y desestabilizó de nuevo la situación económica de la
familia. “Con el grado de dependencia de mi madre, estaba segura de que
no tardarían en concederle la PEV. Si ahora se congelan estas ayudas, no
sé qué voy a hacer”, confiesa.
La hija de María Teresa desconfía del
carácter temporal del último recorte en dependencia. “No me creo que
sólo sean dos meses. La verdad, como esto siga así, yo no podré pagar la
residencia. Voy a tener que vender la casa y espabilarme porque el
banco ya no me deja más dinero”, lamenta. (....)" (El País, 05/08/2013)
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