"(...) Desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda
(PACD) creemos que ha de ser la voluntad popular la que defina
-mediante un proceso de auditoría ciudadana que no sea exclusivamente
económica, sino también de género, ecológica y social- qué deudas deben
ser pagadas y cuáles, al contrario, deben considerarse ilegítimas y ser
anuladas.
La auditoría es una herramienta para valorar con criterio cómo
hemos llegado a esta situación y quiénes son los responsables, y
decidir cómo deseamos que funcione nuestra economía. Es un proceso
abierto que decidiremos entre todas, coordinándonos con los colectivos
que ya están trabajando en el mismo sentido.
La primera barrera con la que nos encontramos es la falta de
transparencia. Y esto es así porque permitir el acceso a la información
relativa al origen de la deuda, su proceso o su ejecución, supone dar
armas a la población para probar su ilegitimidad.
Así pues, nuestro
primer paso en este proceso será el de exigir colectivamente que la
información necesaria se haga pública de forma completa y que esté
disponible en un formato trabajable por cualquiera. (...)
El análisis de estos datos y su posterior difusión en un lenguaje
social y comprensible para todas son procesos cruciales a fin de
incrementar la toma de conciencia de las poblaciones. Vemos por ello
cómo la auditoría es una herramienta poderosísima de autoformación.
Llegados a este punto, y con mayor conocimiento, encontraríamos
colectivamente nuevas faltas de información que obligarían a repetir el
proceso en el mismo o en nuevos ámbitos. Solamente cuando lleguemos a un
conocimiento profundo de cómo ha sido el proceso de endeudamiento en
todos sus aspectos podremos llegar al cambio político, económico y
social profundo al que aspiramos; proponer alternativas desde la base.
En la PACD ya tenemos experiencias en recopilación de datos públicos,
análisis y difusión que son replicables a otros ámbitos y ampliables.
Se han elaborado desde diversos grupos de trabajo varios documentos
sobre la deuda pública, de ámbito estatal, autonómico y local.
Donde no existían datos públicos, se ha llevado a cabo la tarea de
reclamarlos. Se consiguió en tres ayuntamientos la publicación de sus
presupuestos completos y en septiembre presentamos una instancia
colectiva en la Generalitat de Catalunya exigiendo información.
También hay ejemplos locales como el del grupo de Badalona, que abrió la veda al lograr que el pleno del ayuntamiento declarara ilegítimos los intereses del Plan de Pago a Proveedores. (...)" (Max Carbonell, Pablo Martínez, Sònia Farré, Público, 11/10/2013)
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